La Coalición Cívica presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense para que se suspenda la aplicación de la Ley de Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas en la provincia de Buenos Aires.
El espacio que lidera Elisa Carrió solicitó al máximo tribunal provincial que, como medida cautelar, ordene la suspensión de la aplicación de los artículos 4, 5 y 6 de esa norma, por considerar “excesivos” los avales exigidos para la presentación de candidatos.
El apoderado de esa fuerza en la provincia, Walter Martello, denunció en su presentación ante el máximo tribunal que a esa agrupación le es “imposible” cumplir los requisitos en materia de avales a las postulaciones exigidos por la nueva normativa.
El representante legal de la Coalición Cívica en el primer distrito electoral del país consideró que la obligatoriedad de presentar avales junto con las listas “quintuplica la contemplada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos para la obtención de la personería jurídica”.
Y puntualizó: “Resulta evidente la imposibilidad de juntar en sólo 41 días el aval de más de 21 mil ciudadanos –con copia de documento de identidad– especialmente para agrupaciones que, como la que represento, cuenta con menos de 10 mil afiliados.”
La semana pasada, los partidos Proyecto Sur, Partido Socialista Auténtico, MST, PTP, Nueva Izquierda, Unidad Popular y GEN también presentaron recursos de queja ante la Suprema Corte, para solicitar la inaplicabilidad de tres artículos de la Ley de Internas.
Las quejas de esas fuerzas enmarcaron el debate por la reforma política en el año 2009, pero se agudizaron en los últimas semanas a partir de la reglamentación de la norma, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires.
Esos decretos reglamentarios fueron redactados en un marco de “sintonía” entre la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Daniel Scioli, especialmente por la habilitación del sistema de listas de adhesión y el manejo de los espacios de campaña en medios audiovisuales.
El espacio que lidera Elisa Carrió solicitó al máximo tribunal provincial que, como medida cautelar, ordene la suspensión de la aplicación de los artículos 4, 5 y 6 de esa norma, por considerar “excesivos” los avales exigidos para la presentación de candidatos.
El apoderado de esa fuerza en la provincia, Walter Martello, denunció en su presentación ante el máximo tribunal que a esa agrupación le es “imposible” cumplir los requisitos en materia de avales a las postulaciones exigidos por la nueva normativa.
El representante legal de la Coalición Cívica en el primer distrito electoral del país consideró que la obligatoriedad de presentar avales junto con las listas “quintuplica la contemplada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos para la obtención de la personería jurídica”.
Y puntualizó: “Resulta evidente la imposibilidad de juntar en sólo 41 días el aval de más de 21 mil ciudadanos –con copia de documento de identidad– especialmente para agrupaciones que, como la que represento, cuenta con menos de 10 mil afiliados.”
La semana pasada, los partidos Proyecto Sur, Partido Socialista Auténtico, MST, PTP, Nueva Izquierda, Unidad Popular y GEN también presentaron recursos de queja ante la Suprema Corte, para solicitar la inaplicabilidad de tres artículos de la Ley de Internas.
Las quejas de esas fuerzas enmarcaron el debate por la reforma política en el año 2009, pero se agudizaron en los últimas semanas a partir de la reglamentación de la norma, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires.
Esos decretos reglamentarios fueron redactados en un marco de “sintonía” entre la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Daniel Scioli, especialmente por la habilitación del sistema de listas de adhesión y el manejo de los espacios de campaña en medios audiovisuales.
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