Cómo Clarín y La Nación estafan a los argentinos

Por Daniel Cecchini

Un informe de la Sigen revela las maniobras de los accionistas privados de Papel Prensa para beneficiarse a expensas de las pérdidas que tiene la empresa

Una investigación realizada por la Sindicatura General de la Nación confirmó lo que Miradas al Sur había revelado el año pasado: que los accionistas privados de Papel Prensa – Clarín y La Nación– se venden a sí mismos el papel de diario a un precio que está por debajo de los costos de producción, lo que no sólo constituye una ventaja competitiva desleal sobre el resto de los diarios argentinos –que lo pagan más caro–, sino también, como definió el jueves el ministro de Economía, Amado Boudou, “una clara transferencia de ganancias hacia los accionistas privados en detrimento del Estado”, propietario del 27,5 por ciento de las acciones de la compañía. En ese contexto, al 30 de septiembre de 2010, Papel Prensa había perdido 4.009.657 pesos.

Por estas y otras irregularidades señaladas en el informe de la Sigen – al que tuvo acceso Miradas al Sur–, el Estado promoverá acciones judiciales contra Papel Prensa por los delitos de vaciamiento de la empresa, asociación ilícita y perjuicio fiscal contra el Estado Nacional. “El eje de la cuestión es que, desde que se apropiaron de las acciones de la compañía durante la dictadura, Clarín y La Nación se apropiaron también de los beneficios de Papel Prensa, perjudicando los intereses de la empresa, y en consecuencia del Estado como accionista de ella, para favorecer a los dos diarios”, dijo a Miradas al Sur Beatriz Paglieri, directora del Estado en la compañía. “La responsabilidad les cabe a todos los que cumplieron funciones directivas durante todos estos años, incluidos los directores del Estado”, agregó.

Un modelo de impunidad. El informe de la Sigen es lapidario. La lista de irregularidades detectadas por la investigación es enorme. Entre ellas se destacan el enriquecimiento sin causa de los miembros de comité ejecutivo, el incumplimiento de los estatutos por parte del directorio al no ejercer directamente el control de la sociedad, y el alto riesgo organizacional de la empresa por la falta de transparencia en la gestión de control.
En cuanto al funcionamiento del Comité Ejecutivo, la Sigen denuncia que “pese a integrarse su conformación anualmente, dejó de sesionar desde el año 1992. No obstante ello, los miembros del directorio que fueron designados para tal fin, percibieron sus remuneraciones. Lo expuesto es de suma gravedad, toda vez que el Comité Ejecutivo es el órgano que tiene a su cargo la gestión de los negocios ordinarios de la empresa”. En otras palabras, se dejó el manejo de la empresa en manos de los accionistas privados, quienes hicieron y deshicieron según sus intereses. La fecha en que se suspendieron las reuniones del Comité es llamativa, ya que coincide con el momento en que el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, dejó de integrar el organismo.

Las otras irregularidades descubiertas por los investigadores son:
• Incumplimiento de la Ley de Sociedades Comerciales por incompatibilidades e inhabilidades de los miembros del Comité de Vigilancia y la Comisión Fiscalizadora de parte del sector privado.
• Deliberada obstrucción del acceso a la información requerida por la Comisión Fiscalizadora, para el cumplimiento del control exigido por la ley.
• Obstrucción a la investigación administrativa respecto de retornos a proveedores, proceso el cual inclusive generó violencia y hechos discriminatorios hacia representantes del Estado Nacional, lo que generó denuncias ante la Justicia.
n Incumplimiento de la obligación de concurrencia a las Asambleas por parte del gerente general de la empresa.
• Ausencia de un Plan Estratégico de mediano y largo alcance, que atenta severamente contra las posibilidades de continuación del giro de la empresa a mediano plazo.

• Ausencia de un Plan de Inversiones para persistir en la satisfacción de los intereses de los socios privados mayoritarios, perjudicando el interés general de la sociedad y atentando contra el principio constitucional de la libertad de prensa.
• Una extensa serie de deficiencias administrativas “que posicionan a la sociedad en un estado de virtual anomia e inexistencia de controles internos, generando una grave situación de descontrol, que también promueve desvíos y perjuicios económicos a la empresa y al Estado Nacional”.

• Un evidente proceso de descapitalización de la empresa en virtud de una política de precio de venta por debajo del costo, lo que puede derivar a mediano plazo, en la imposibilidad de la continuación del giro de los negocios de la empresa. Aunque el año pasado la Secretaría de Comercio Interior fijó un precio igualitario para todos los compradores del insumo básico para la producción de diarios, La Nación y Clarín siguen comprándolo más barato (aún por debajo del costo de producción) porque reciben descuentos de la misma empresa de la que son accionistas con la excusa del volumen de sus compras y por el hecho de hacer los pagos en efectivo.
• Una desproporcionada política de remuneraciones de salarios gerenciales como artilugio para sobredimensionar los gastos de estructura. En este sentido, el informe señala: “Se verificó que existe una notable desproporción de los salarios gerenciales, en comparación con los salarios existentes en el mercado laboral, para responsabilidades y actividades afines. Seis empleados con cargos gerenciales de una nómina aproximada de ochocientos catorce (814) trabajadores, insumen anualmente ocho millones de pesos, que representa un porcentual significativo sobre el total erogado para el pago a personal. Asimismo, los salarios gerenciales, oscilan entre los 44.000 pesos hasta los 135.000 pesos.
• Decisiones gerenciales que contribuyen a aumentar costos fijos evitables.

¿Sindicación o asociación ilícita? El manejo discrecional que Clarín y La Nación vienen haciendo de Papel Prensa data del momento mismo de la apropiación de la empresa, luego de que el Grupo Graiver fuera despojado de sus acciones. El 19 de mayo de 1977, los tres accionistas privados de la empresa –los dos diarios ya nombrados más La Razón– firmaron un pacto secreto de sindicación que fue una de las vigas maestras del manejo de Papel Prensa durante más de tres décadas.
Mediante este acuerdo, Clarín, La Nación y La Razón se comprometieron a votar de manera unánime lo que decidiera el comité directivo, que dominaban. De esa manera lograron el control absoluto de la compañía, neutralizaron todo posible control por parte del otro accionista, el Estado argentino, y pudieron diseñar políticas de producción y venta que, aún en perjuicio de la empresa, redundaran en beneficio de los tres diarios. Desde que adquirió las acciones que le pertenecían a La Razón, a mediados de los ’80, el grupo conducido por Héctor Magnetto tiene casi el 50% de las acciones de la empresa.
Este pacto, que salió a la luz y fue abandonado el año pasado, permaneció en las sombras durante 33 años. Ni la Comisión Nacional de Valores ni la Bolsa de comercio recibieron nunca una copia de ese arreglo que convertía en pura ficción el carácter de empresa de oferta pública que, en teoría, debía tener Papel Prensa. También convirtió en letra muerta la participación del Estado Nacional en la empresa, a cuyos representantes se les bloqueó permanentemente toda información sensible sobre el control y el manejo de la compañía.

El otro frente judicial. El jueves pasado, el jefe de la Sigen, Daniel Reposo, le entregó el informe a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, la Presidenta debe decidir si le ordena al Procurador del Tesoro que inicie acciones legales contra los accionistas privados y directivos de Papel Prensa en el Fuero Penal Económico por los presuntos delitos de asociación ilícita, vaciamiento de la empresa y perjuicio fiscal al Estado.

Éstas ensombrecerían aún más el panorama judicial que enfrentan los propietarios de Clarín y La Nación, que también están siendo investigados por la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata, donde se instruye la causa por la apropiación del paquete accionario de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón, en complicidad con la dictadura militar y utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.

La querella del Estado, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió el año pasado la indagatoria, en carácter de imputados, de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; del Ceo del Grupo, Héctor Magnetto; del ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; de Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, ex directivos de La Razón; del dictador Jorge Rafael Videla; del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y del ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Podestá, entre otros. Posteriormente, pidió también la imputación del ex secretario de Redacción de Clarín, Reinaldo Bandini, por las gestiones que éste realizara en el Estado Mayor del Ejército durante la apropiación de Papel Prensa. El mes pasado, también en el marco de esta causa, prestó declaración el dictador Reinaldo Bignone, a quien se lo interrogó sobre el contenido de sus encuentros con Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto durante 1977 –año en que se consumó la apropiación–, cuando era secretario general del Ejército.