La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que los recién nacidos hijos de madres desaparecidas durante la última dictadura militar eran entregados a "otras familias", porque si se los daban a sus abuelos "iban a salir subversivos".
Carlotto, quien comenzó esta mañana a declarar como testigo en el juicio oral y público sobre si hubo un plan sistemático para la apropiación de menores luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, dijo que así surge de una entrevista que años después el fallecido sindicado represor Ramón Camps concedió a un medio en España.
La testigo, quien también actúa como querellante en la causa, comenzó esta mañana su declaración en el juicio público que el Tribunal Oral Federal Seis (TOF 6) realiza en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro PY 2002, de esta Capital.
"Yo mandé a matar 5.000 subversivos, pero ningún niño", que "eran entregados a otras familias para que los eduquen, porque si se los dábamos a sus abuelos iban salir subversivos", parafraseó Carlotto a Camps antes que, este mediodía, por problemas de energía eléctrica, el TOF 6 ordenara un cuarto intermedio sin precisar cuándo continuará la declaración.
La testigo y su marido ya fallecido, Guido Carlotto -ambos residentes en la ciudad de La Plata- eran padres de Laura, cuyo hijo nació en junio de 1978, cuando la joven se hallaba cautiva en un centro clandestino de detención.
También Guido Carlotto estuvo detenido (desde el 1 al 25 de agosto de 1977), prisionero de Camps, y recuperó su libertad, tal vez por el dinero que entregó su mujer -40.000.000 de pesos de entonces- o las gestiones que ella realizó ante el ex presidente de facto Reinaldo Bignone, a quien conocía a través de una hermana del militar.
El 1 de agosto de 1977 fue la última vez que la señora de Carlotto vió a su hija Laura, luego recibió llamadas telefónicas, pero el 31 de diciembre de ese año recibió una carta anónima según la cual la joven se hallaba bien, "bajo fuerzas de seguridad", y en abril de 1978 una sobreviviente le contó que tenía un embarazo de seis meses.
A mediados de diciembre de 1977 la testigo obtuvo una segunda audiencia con Bignone, para pedir por la vida de su hija, pero por lo que dedujo de esa conversación -el militar habría admitido haber matado terroristas- terminó solicitándole al luego presidente de facto que "si ya está muerta, devuélvanme el cuerpo".
Además de Bignone, también está sometido a juicio el ex dictador Jorge Rafael Videla, quien ayer declaró por el método de "videoconferencia" -ya que se encuentra hospitalizado por fracturas en un brazo- y afirmó que se siente "condenado de antemano" por lo que carecía de sentido ofrecer una defensa.
Según Videla, quien calificó al "plan sistemático" para el robo de bebés como "la falacia más grande contenida en este juicio", afirmó que la persecución en su contra "comenzó con el prejuzgamiento del Decreto 158/83 dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín".
La norma presidencial fue la que posibilitó que la Cámara Federal celebró el juicio oral y público a los comandantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976, y en el que Videla fue condenado a reclusión perpetua y destitución.
Además de Videla y Bignone, también son enjuiciados Jorge "El Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos.
A todos se les imputan los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos, entre los que están los hijos de Laura Estela Carlotto y Horacio Fontán; de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, y de María Hilda Pérez de Donda y José María Laureano Donda.
También los casos de los hijos de Alicia Elena Alfonsín de Cabandié y Damián Cabandié; de Norma Tato y Jorge Casariego; de Silvia Mónica Quintela Dallasta y de Abel Pedro Madariaga; de María Eloísa Castellini y Constantino Petrakos; de Stella Maris Montesano de Ogando y Jorge Oscar Ogando, entre otros.
Otros casos son el hijo de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Orlando Repetur; de Aida Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro; de María Asunción Artigas Nilo de Moyano y Alfredo Moyano; de Susana Beatriz Pegoraro y Rubén Bauer; de Cecilia Marina Viñas y Reynaldo Penino; y de Patricia Julia Roisinblit y Rodolfo Pérez Rojo, entre otros, también integran la nómina por la que deben responder los represores.
La testigo, quien también actúa como querellante en la causa, comenzó esta mañana su declaración en el juicio público que el Tribunal Oral Federal Seis (TOF 6) realiza en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro PY 2002, de esta Capital.
"Yo mandé a matar 5.000 subversivos, pero ningún niño", que "eran entregados a otras familias para que los eduquen, porque si se los dábamos a sus abuelos iban salir subversivos", parafraseó Carlotto a Camps antes que, este mediodía, por problemas de energía eléctrica, el TOF 6 ordenara un cuarto intermedio sin precisar cuándo continuará la declaración.
La testigo y su marido ya fallecido, Guido Carlotto -ambos residentes en la ciudad de La Plata- eran padres de Laura, cuyo hijo nació en junio de 1978, cuando la joven se hallaba cautiva en un centro clandestino de detención.
También Guido Carlotto estuvo detenido (desde el 1 al 25 de agosto de 1977), prisionero de Camps, y recuperó su libertad, tal vez por el dinero que entregó su mujer -40.000.000 de pesos de entonces- o las gestiones que ella realizó ante el ex presidente de facto Reinaldo Bignone, a quien conocía a través de una hermana del militar.
El 1 de agosto de 1977 fue la última vez que la señora de Carlotto vió a su hija Laura, luego recibió llamadas telefónicas, pero el 31 de diciembre de ese año recibió una carta anónima según la cual la joven se hallaba bien, "bajo fuerzas de seguridad", y en abril de 1978 una sobreviviente le contó que tenía un embarazo de seis meses.
A mediados de diciembre de 1977 la testigo obtuvo una segunda audiencia con Bignone, para pedir por la vida de su hija, pero por lo que dedujo de esa conversación -el militar habría admitido haber matado terroristas- terminó solicitándole al luego presidente de facto que "si ya está muerta, devuélvanme el cuerpo".
Además de Bignone, también está sometido a juicio el ex dictador Jorge Rafael Videla, quien ayer declaró por el método de "videoconferencia" -ya que se encuentra hospitalizado por fracturas en un brazo- y afirmó que se siente "condenado de antemano" por lo que carecía de sentido ofrecer una defensa.
Según Videla, quien calificó al "plan sistemático" para el robo de bebés como "la falacia más grande contenida en este juicio", afirmó que la persecución en su contra "comenzó con el prejuzgamiento del Decreto 158/83 dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín".
La norma presidencial fue la que posibilitó que la Cámara Federal celebró el juicio oral y público a los comandantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976, y en el que Videla fue condenado a reclusión perpetua y destitución.
Además de Videla y Bignone, también son enjuiciados Jorge "El Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos.
A todos se les imputan los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos, entre los que están los hijos de Laura Estela Carlotto y Horacio Fontán; de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, y de María Hilda Pérez de Donda y José María Laureano Donda.
También los casos de los hijos de Alicia Elena Alfonsín de Cabandié y Damián Cabandié; de Norma Tato y Jorge Casariego; de Silvia Mónica Quintela Dallasta y de Abel Pedro Madariaga; de María Eloísa Castellini y Constantino Petrakos; de Stella Maris Montesano de Ogando y Jorge Oscar Ogando, entre otros.
Otros casos son el hijo de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Orlando Repetur; de Aida Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro; de María Asunción Artigas Nilo de Moyano y Alfredo Moyano; de Susana Beatriz Pegoraro y Rubén Bauer; de Cecilia Marina Viñas y Reynaldo Penino; y de Patricia Julia Roisinblit y Rodolfo Pérez Rojo, entre otros, también integran la nómina por la que deben responder los represores.
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