Se vienen las elecciones primarias, abiertas y simultáneas. En dos semanas se sabrá la diferencia entre la Presidenta y sus competidores y quién será el segundo candidato que podría polarizar la elección de octubre.
El Gobierno Nacional ratificó las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias convocadas para el 14 de agosto próximo y dio por tierra con las versiones sobre una supuesta suspensión del acto cívico lanzadas con especial fuerza desde los bunkers de los precandidatos presidenciales de la Udeso, Ricardo Alfonsín, y del Frente Popular, Eduardo Duhalde. “Hay una clara intencionalidad de hacer aparecer como que hay dudas, pero ratificamos este proceso electoral conforme lo contempla la ley que sancionó el Congreso Nacional en diciembre de 2009”, aseguró el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El responsable de la cartera política calificó la movida como “intentos irresponsables de una vieja dirigencia que se resiste a los cambios y a la nuevas reglas de juego que garantizan la igualdad”.
En la práctica, el esquema supone dejar atrás el sistema de selección de candidatos por parte de pequeños cenáculos de afiliados o burocracias partidarias. Según la óptica de quienes impulsaron la iniciativa –que sancionó el Senado por 42 votos contra 24 durante la última sesión de 2009–, la elección se constituirá en el punto de partida de una experiencia que trasciende la coyuntura política. Aun cuando muchos consideran que el resultado podrá interpretarse como un indicio de las preferencias de los electores de cara a las nacionales de octubre. Esto último en virtud del caudal de adhesiones que consigan los precandidatos y la distancia que pueda establecer la presidenta Cristina Kirchner de su más inmediato competidor.
En la práctica, el esquema supone dejar atrás el sistema de selección de candidatos por parte de pequeños cenáculos de afiliados o burocracias partidarias. Según la óptica de quienes impulsaron la iniciativa –que sancionó el Senado por 42 votos contra 24 durante la última sesión de 2009–, la elección se constituirá en el punto de partida de una experiencia que trasciende la coyuntura política. Aun cuando muchos consideran que el resultado podrá interpretarse como un indicio de las preferencias de los electores de cara a las nacionales de octubre. Esto último en virtud del caudal de adhesiones que consigan los precandidatos y la distancia que pueda establecer la presidenta Cristina Kirchner de su más inmediato competidor.
Romper con la rosca. El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que finalmente se aprobó –pese a la masiva resistencia del disperso Grupo A– nada tiene que ver con una iniciativa autista, sino que surgió de un proceso convocado por la presidenta Cristina Kirchner en julio de 2009, y que se enriqueció en el ámbito del Diálogo para la Reforma Política. La mención, que parece superflua, cobra relevancia de cara a las críticas surgidas desde buena parte de un arco opositor que sólo coincide en su oposición al Gobierno y en la necesidad de derrotarlo en octubre.
En los hechos, los partidos políticos con representación parlamentaria y muchos especialistas del ámbito académico, así como organizaciones no gubernamentales y funcionarios de la Justicia Nacional Electoral, aportaron al debate que se concretó en la cartera que conduce Randazzo, quien ante las dudas que sembró la oposición debió subrayar una y otra vez durante la semana que “el compromiso (de realizar las elecciones) existe desde el mismo día en que la Presidenta convocó al diálogo” con la finalidad de poner en funcionamiento “un sistema mucho más participativo”.
No es extraño que ante las debilidades endógenas que exhiben las diversas fracciones de la política tradicional, la mayoría de sus dirigentes se ilusionen con volver atrás el reloj para resucitar las componendas que hacían de la participación masiva una quimera y que ponía en manos de unos pocos afiliados –y de los grupos económicos que los patrocinaban– la composición final de la oferta electoral. “Si hay un gobierno comprometido en que la gente participe es éste”, subrayó Randazzo ante la indiferencia de los medios hegemónicos, más ocupados en compensar el big-bang opositor que en informar sobre las posibilidades de la nueva herramienta.
En los hechos, los partidos políticos con representación parlamentaria y muchos especialistas del ámbito académico, así como organizaciones no gubernamentales y funcionarios de la Justicia Nacional Electoral, aportaron al debate que se concretó en la cartera que conduce Randazzo, quien ante las dudas que sembró la oposición debió subrayar una y otra vez durante la semana que “el compromiso (de realizar las elecciones) existe desde el mismo día en que la Presidenta convocó al diálogo” con la finalidad de poner en funcionamiento “un sistema mucho más participativo”.
No es extraño que ante las debilidades endógenas que exhiben las diversas fracciones de la política tradicional, la mayoría de sus dirigentes se ilusionen con volver atrás el reloj para resucitar las componendas que hacían de la participación masiva una quimera y que ponía en manos de unos pocos afiliados –y de los grupos económicos que los patrocinaban– la composición final de la oferta electoral. “Si hay un gobierno comprometido en que la gente participe es éste”, subrayó Randazzo ante la indiferencia de los medios hegemónicos, más ocupados en compensar el big-bang opositor que en informar sobre las posibilidades de la nueva herramienta.
Más allá de las críticas. Las elecciones primarias que se concretarán el 14 de agosto serán de carácter obligatorio para los 28 millones 685 mil ciudadanos habilitados para votar en todo el territorio nacional, estén o no afiliados a algún partido político. Aunque la jueza federal María Servini de Cubría afirmó que quienes no cumplan no podrán sufragar en las nacionales de octubre, desde el Ministerio del Interior prefirieron relativizar la cuestión y señalaron que los que no lo hagan igual podrán participar de las elecciones generales.
El sistema, que constituye un método de selección de candidaturas para cargos electivos nacionales y de habilitación para los partidos y alianzas que busquen competir por esos cargos, debería –según los cálculos– aumentar la legitimidad social de los seleccionados y profundizar la democratización de las estructuras partidarias. Quienes impulsaron la norma señalan que, además, el esquema fortalecerá los partidos como herramientas de participación popular, contribuyendo a una competencia política más estable. Teoría al margen, en esta primera oportunidad no habrá competencias internas debido a que cada partido y alianza concurrirá con una única fórmula, por lo menos la presidencial.
Más allá de los acuerdos celebrados intramuros para evitar las internas, las primarias son obligatorias para todas las agrupaciones que quieran ser de la partida en las nacionales, aún cuando postulen una sola lista de precandidatos, dado que constituyen el único método habilitante para seleccionar candidatos, partidos y alianzas. En otras palabras, aunque las agrupaciones deciden quiénes serán sus precandidatos, son los ciudadanos quienes decidirán entre los mismos. El mecanismo impide que los precandidatos derrotados en una elección primaria compitan en la nacional y, además, evita la proliferación de listas sin representación efectiva en la sociedad.
Con relación a este último punto –resistido por los partidos pequeños–, la ley establece que sólo podrán presentarse en las nacionales los partidos o alianzas que hayan conseguido –sumadas todas sus listas de precandidatos– un mínimo equivalente al 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos en el distrito y para la categoría en la que pretendan competir. Tanto los partidos como las alianzas que no alcancen el requisito en uno o más distritos de los 25 que componen el país no podrán disputar por las 130 diputaciones y las 24 senadurías nacionales que estarán en juego. En el caso de los cargos a presidente y vicepresidente, deberán reunir –como mínimo– el 1,5 por ciento de los votos válidos de todo el país.
El sistema, que constituye un método de selección de candidaturas para cargos electivos nacionales y de habilitación para los partidos y alianzas que busquen competir por esos cargos, debería –según los cálculos– aumentar la legitimidad social de los seleccionados y profundizar la democratización de las estructuras partidarias. Quienes impulsaron la norma señalan que, además, el esquema fortalecerá los partidos como herramientas de participación popular, contribuyendo a una competencia política más estable. Teoría al margen, en esta primera oportunidad no habrá competencias internas debido a que cada partido y alianza concurrirá con una única fórmula, por lo menos la presidencial.
Más allá de los acuerdos celebrados intramuros para evitar las internas, las primarias son obligatorias para todas las agrupaciones que quieran ser de la partida en las nacionales, aún cuando postulen una sola lista de precandidatos, dado que constituyen el único método habilitante para seleccionar candidatos, partidos y alianzas. En otras palabras, aunque las agrupaciones deciden quiénes serán sus precandidatos, son los ciudadanos quienes decidirán entre los mismos. El mecanismo impide que los precandidatos derrotados en una elección primaria compitan en la nacional y, además, evita la proliferación de listas sin representación efectiva en la sociedad.
Con relación a este último punto –resistido por los partidos pequeños–, la ley establece que sólo podrán presentarse en las nacionales los partidos o alianzas que hayan conseguido –sumadas todas sus listas de precandidatos– un mínimo equivalente al 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos en el distrito y para la categoría en la que pretendan competir. Tanto los partidos como las alianzas que no alcancen el requisito en uno o más distritos de los 25 que componen el país no podrán disputar por las 130 diputaciones y las 24 senadurías nacionales que estarán en juego. En el caso de los cargos a presidente y vicepresidente, deberán reunir –como mínimo– el 1,5 por ciento de los votos válidos de todo el país.
Los cálculos . Para la oposición, los resultados electorales en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe serían una suerte de anticipo de una merma del caudal electoral del kirchnerismo de cara a las nacionales de octubre. En esta hipótesis, que tiene mucho de deseo y poco de análisis objetivo, el resultado de las primarias serviría para confirmar que el ciclo kirchnerista está terminado, como gusta vaticinar Elisa Carrió.
En los hechos, pasada una década de la explosión que arrasó con los partidos tradicionales y de la consigna “Que se vayan todos”, las dudas que exhiben las diluidas estructuras tradicionales y sus triquiñuelas para evitar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias no hacen más que poner de relieve sus casi nulas capacidades para adaptarse a las nuevas demandas sociales. El micropartidismo y las alianzas con fines gatoparditas son pruebas que eximen de mayores comentarios.
El oficialismo, en tanto, espera confiado el debut del nuevo esquema. Aunque nadie en sus filas esté en condiciones de pronosticar las decisiones que tomará el electorado, estiman que el apoyo que recibirá la precandidatura de la Presidenta en el conurbano bonaerense y en el interior del país será suficiente para limitar las posibilidades de una oposición dispersa. Ni siquiera en las filas de Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y Hermes Binner –los tres con más chances– se ilusionan con ubicarse por encima del 25 por ciento.
¿Podría, sin embargo, una concentración del voto opositor en quien salga segundo en las internas aumentar sus chances de cara las nacionales? Una vez más, la dirigencia del Frente para la Victoria exhibe los resultados de las elecciones locales realizadas en el interior y los pronósticos –es el caso de Poliarquía– que ubican a Cristina Kirchner por encima del 50 por ciento en el territorio bonaerense. Encuestas e historia electoral en mano aseguran que la reelección quedaría asegurada con un piso del 50 por ciento en Buenos Aires y en el interior. Caudal suficiente para contrarrestar el voto anti-K que buscan capitalizar la oposición en los díscolos distritos de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Capital Federal. La historia terminará de dilucidarse en las generales de octubre..
En los hechos, pasada una década de la explosión que arrasó con los partidos tradicionales y de la consigna “Que se vayan todos”, las dudas que exhiben las diluidas estructuras tradicionales y sus triquiñuelas para evitar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias no hacen más que poner de relieve sus casi nulas capacidades para adaptarse a las nuevas demandas sociales. El micropartidismo y las alianzas con fines gatoparditas son pruebas que eximen de mayores comentarios.
El oficialismo, en tanto, espera confiado el debut del nuevo esquema. Aunque nadie en sus filas esté en condiciones de pronosticar las decisiones que tomará el electorado, estiman que el apoyo que recibirá la precandidatura de la Presidenta en el conurbano bonaerense y en el interior del país será suficiente para limitar las posibilidades de una oposición dispersa. Ni siquiera en las filas de Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y Hermes Binner –los tres con más chances– se ilusionan con ubicarse por encima del 25 por ciento.
¿Podría, sin embargo, una concentración del voto opositor en quien salga segundo en las internas aumentar sus chances de cara las nacionales? Una vez más, la dirigencia del Frente para la Victoria exhibe los resultados de las elecciones locales realizadas en el interior y los pronósticos –es el caso de Poliarquía– que ubican a Cristina Kirchner por encima del 50 por ciento en el territorio bonaerense. Encuestas e historia electoral en mano aseguran que la reelección quedaría asegurada con un piso del 50 por ciento en Buenos Aires y en el interior. Caudal suficiente para contrarrestar el voto anti-K que buscan capitalizar la oposición en los díscolos distritos de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Capital Federal. La historia terminará de dilucidarse en las generales de octubre..
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