Por Mario Román Almirón,
Secretario General de Sadop
La pregunta fundamental que debiéramos hacernos respecto de las políticas educativas es si las mismas garantizan el derecho de todos a educarse o si, por el contrario, establecen un privilegio para algunos.
La masiva protesta estudiantil en Chile nos invita a indagar sobre las raíces profundas de la crisis educativa en el país hermano. Desde nuestra perspectiva, el origen de los actuales padecimientos está ligado al fuerte influjo del neoliberalismo en América Latina. Esta influencia no se limitó sólo al aspecto económico: generó todo un “ambiente” cultural y político que impregnó también nuestros sistemas educativos.
El “achicamiento del Estado” en favor del “mercado”; el lucro, el individualismo y la competencia como valores y la debilidad de la política para gobernar fueron ejes centrales de las ideas neoconservadoras instaladas por las dictaduras militares en ambos países.
Ya en el año 2006, un conjunto de estudiantes y trabajadores de la educación de Chile nos advertían sobre los efectos que en el sistema educativo de ese país estaba causando el neoliberalismo[1]. Esta ideología puso en crisis la idea de que existe un derecho a la educación para todos, sin exclusiones ni distinciones de ningún tipo, que el Estado debe garantizar. Y convirtió a la educación en una mercancía, regida por los criterios de eficiencia y competitividad. Las regulaciones débiles o inexistentes del Estado hicieron el resto. La educación -un Derecho Humano básico- sólo accesible a aquellos que estuvieran en condiciones de pagarla.
Es importante subrayar que los objetivos del sistema educativo chileno (orientados desde la Constitución de la dictadura militar) viraron hacia una idea de calidad educativa que sólo busca satisfacer la demanda de “recursos humanos” que las empresas reclaman en función de su situación en el mercado y de la exigencia de “competitividad”.
Se genera así una “sociedad de credenciales”, donde hay una necesidad defensiva de contar con determinada formación que garantice la “empleabilidad” de un trabajador. Nada más lejano a una educación basada en la igualdad, la solidaridad, la cooperación y el bien común.
La situación en Argentina
Nuestro País no estuvo al margen de las políticas neoliberales. Desde la dictadura militar se inició un proceso de descomposición del sistema educativo, signado por el paulatino retiro del Estado Nacional.
Dicho proceso tuvo un impulso central en la década del 90, con la sanción de la Ley de Transferencia de Servicios Educativos de la Nación a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. La “provincialización” del sistema educativo hizo responsables a las jurisdicciones del sostenimiento, gobierno y atención de las escuelas desde el nivel inicial (jardín de infantes), pasando por el primario, secundario y hasta el superior no universitario.
Esta decisión de política educacional reforzó las desigualdades en materia educativa. Sin dudas, contribuyó decisivamente a profundizar las enormes diferencias entre provincias a la hora de atender las necesidades educativas de nuestro pueblo. En materia salarial docente, fragmentó las escalas de remuneraciones -una por cada jurisdicción- y agravó la inequidad ya existente. De esta manera, el nivel salarial y las condiciones laborales de cada trabajador de la educación pasaron a depender de los recursos que estaban en condiciones de aportar cada Provincia.
A ello se sumó una fuerte des-inversión del Estado en educación, que causó un daño muy grande al tejido social.
Recién después del año 2003 se decidió darle a nuestra política educacional una direccionalidad distinta. La sanción de las leyes de financiamiento educativo, de educación nacional y de educación técnico/profesional suponen un nuevo rumbo en materia educativa.
En apretada síntesis, la política educativa iniciada por el Presidente Néstor Kirchner y continuada por la actual Presidenta de la Nación, puede describirse del siguiente modo:
La definición de la educación como derecho personal y social, alejado de toda forma de mercantilización.
El objetivo central del sistema educativo: “construir una sociedad justa”.
La educación es “prioridad” para el Estado, quien es “garante” del derecho a enseñar y aprender.
El financiamiento educativo es garantizado por el Estado, quien debe cumplir con una meta concreta: destinar a la educación un porcentaje no menor de un 6% del PBI.
El objetivo de la igualdad de oportunidades y posibilidades sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.
A ello debe sumarse un nuevo impulso a la educación técnica, coherente con un Proyecto de País que alienta a la industria nacional y el “valor agregado” en su matriz productiva.
En materia salarial docente, es trascendental que la Paritaria Federal Docente haya establecido un “salario mínimo” para todos los docentes de todo el país, sin distinciones. Este proceso de recomposición del esquema salarial que fragmentó el neoliberalismo en nuestro país es fundamental para construir un sistema educativo que de verdad pueda llamarse “nacional”.
Algunas Propuestas para el futuro
Quienes militamos todos los días por una educación popular –por el pueblo y para todo el pueblo- sostenemos que el actual modelo de País debe ser profundizado.
Profundizar el Proyecto en materia educativa supone concretar una multiplicidad de acciones en todo el país que garanticen el acceso, permanencia y egreso de todos nuestros niños, jóvenes y adultos en el sistema educativo. Significa más educación, para que llegue a todo el pueblo, sin discriminaciones ni marginaciones.
Supone también, la activa participación del Estado Nacional para actuar en aquellas jurisdicciones donde no se puede o no se quiere caminar en esta dirección.
Implica asimismo profundizar las acciones para atender las desigualdades sociales, intensificando los programas que buscar superar la inequidad. Del mismo modo, requiere de una acción concertada y continua respecto de los Medios Masivos de Comunicación Social. Dado que éstos cumplen en la realidad una función educativa innegable, no pueden estar al margen de una política de cultura y educación nacional.
Sin pretender otra cosa que aportar a un amplio debate sobre los diversos modos de profundizar el camino que Argentina viene transitando en materia educativa creemos necesario:
Promover una reforma constitucional que reconozca a la educación como un Derecho Humano y lo proteja de manera especial. La actual Constitución es en este aspecto el resultado de una concepción liberal e individualista sobre los derechos, que no obliga al Estado del modo que sería deseable en un País que quiere vivir con Justicia Social.
Que el Estado Nacional se vuelva a posicionar como gestor del Sistema Educativo en los niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario; sosteniendo escuelas en todo el país y aportando a aquellas privadas que cumplen función social. Creemos fundamental que –así como ha ocurrido en otros servicios públicos- el Estado Nacional vuelva a tener presencia en la educación primaria, abriendo nuevas escuelas de Jornada Completa y sostenga colegios secundarios para garantizar en todo el país el cumplimiento de la educación obligatoria. Si la dictadura militar y el menemismo optaron por la transferencia de servicios educativos, la provincialización y la municipalización, el Proyecto Nacional debe hacer lo contrario: enfatizar el rol del Estado Nacional.
Por último, que el proceso de negociación colectiva docente se consolide no sólo a nivel nacional sino en cada provincia, para que se haga realidad el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo de los docentes, sin lo cual no se podrá avanzar decisivamente en una mejor educación para todos.
Manifestando nuestra solidaridad con los estudiantes y docentes chilenos, así como también con todo el pueblo del hermano país trasandino que no puede acceder a la educación formal, queremos señalar que esta grave situación demuestra tanto el agotamiento del sistema neoliberal como la ausencia de políticas educativas con justicia social que lo caracteriza. A su vez, nos afianzamos en el camino que venimos construyendo en Argentina, con una educación pública –ya sea de gestión privada o estatal- para todos, en pos de una sociedad igualitaria, justa y solidaria.
[1] Nos referimos al llamado “BLOQUE SOCIAL por la Educación” y a su documento: “La Crisis educativa en Chile. Diagnóstico y Propuestas”, de diciembre de 2006.
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