La presidenta pidió limitar al 20% las tierras en manos de extranjeros

La iniciativa respeta los derechos adquiridos por quienes ya poseen campos en el país. Además prevé la creación de un Registro Nacional de propiedades rurales. Hubo satisfacción en la Federación Agraria y sectores de la oposición.
 

Tal como había advertido el día de la apertura de sesiones legislativas, y como había vuelto a insistir el miércoles pasado en el Luna Park en la presentación de la corriente agraria CANPO, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer que envió al Congreso un proyecto de ley para limitar a un 20% la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles, y a un máximo de 1000 hectáreas la propiedad comprada por persona física o jurídica. La iniciativa se inspira en la ley vigente en Brasil, pero también recoge las experiencias de normativas dictadas en los Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el Reino Unido. “El proyecto que se propicia en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables”, dice el mensaje enviado a senadores y diputados nacionales, que aclara que se respetarán los derechos adquiridos.
Los diputados radicales de Federación Agraria Argentina (FAA) festejaron la iniciativa. Pablo Orsolini y Ulises Forte señalaron que “limitar la venta de tierra a extranjeros es un anhelo histórico” para la Federación, y expresaron su expectativa de “dar un debate profundo en el Congreso”. El titular de FAA, Eduardo Buzzi, aseguró que se trata de “una conquista” de los federados (y de paso abogó por la regulación de los arrendamientos y un cambio en el sistema de comercialización de granos). El dirigente Pedro Peretti, que encabeza Chacareros en Proyecto Sur, también apoyó el anuncio. Carlos Garetto, de Coninagro, admitió la necesidad de “regular la tenencia de la tierra”, aunque apuntó que le hubiera gustado un debate con las entidades “para saber, por ejemplo, cómo va a impactar esto en los productores y posibles compradores argentinos”. También hubo apoyo de diputados socialistas y de Proyecto Sur (como Lisandro Viale, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse).
La Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas volvieron a quedar del otro lado: nunca apoyaron la regulación.
Un repaso por las noticias de este año deja ver que compañías chinas y francesas, entre otras, tenían definido un fuerte desembarco en áreas rurales argentinas. Un proceso que lleva más de diez años, que se agudizó con los precios internacionales de los productos primarios, un negocio cada vez más copado por capitales financieros transnacionales. Los recursos naturales no renovables, por otra parte, hace rato que tienen vecinos de otros lados: por ejemplo el billonario inglés Joseph Lewis, con enormes extensiones en la Patagonia, o el estadounidense Douglas Tompkins, ahora dueño de los Esteros del Iberá.
El proyecto oficial –hay otros diez que descansan en los despachos del Congreso–, como destacó la jefa de Estado, respeta los derechos adquiridos, un punto que queda especificado en el artículo 16, y sobre el que fue enfática, ante la sospecha de una tergiversación del espíritu de la iniciativa.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales dentro del Ministerio de Justicia, y la obligación de los propietarios extranjeros de denunciar su condición ante la autoridad de aplicación. Las cifras extraoficiales estiman que, hoy día, un 10% de las hectáreas rurales está a nombre de extranjeros (ver recuadro aparte).
“El límite de dominio de la tierra argentina es del 20%. No sabemos si no hay excedente. Tenemos la producción agrícolo-ganadera como uno de los puntales y no sabemos esto”, blanqueó la presidenta, quien confió en que la ley sea tratada con celeridad por los legisladores.
El acto fue transmitido en cadena nacional. Hubo diputados y senadores, empresarios –como Cristiano Ratazzi–, gremialistas –como Julio Piumatto–, estuvo el flamante jefe de la UIA, Ignacio de Mendiguren y el gabinete nacional a pleno. Los invitados escucharon otras referencias de la presidenta a la actualidad: pidió un replanteo de cómo se abordan los conflictos y la puja salarial, pidió una reunión para la próxima semana con la CGT y la UIA (ver p. 4). Y recordó, a seis meses de su muerte repentina, a Néstor Kirchner: “Tengo un compromiso con el pueblo y con quien ya no está, y que en una mañana como esta, hace  seis meses, partió. Me desvela que este esfuerzo colectivo y personal y familiar no caiga en saco roto”, dijo, cerca del mediodía (ver p. 6). A las  4 de la tarde viajó hacia Río Gallegos, donde tenía previsto visitar la bóveda en la que desansan los restos del ex presidente.