Por Eduardo Anguita
octubre@miradasalsur.com
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Nueve de cada diez estudiantes de la flamante Universidad Nacional de Florencio Varela son primera generación de universitarios. Cuatro de cada diez viven en calles de tierra. El 70% de las madres y el 80% de los padres tienen un nivel educativo “bajo”; es decir, no terminaron el secundario. Sólo uno de cada cuatro estudiantes es de clase media alta, mientras que la mitad son de clase media baja y un cuarto son de “nivel bajo”. Mañana se cumplen dos semanas de un extraordinario desafío: que esta universidad nacional –llamada Arturo Jauretche– pueda dentro de ¿cinco años? tener los primeros graduados. Su rector, Ernesto Villanueva, destaca que en estos primeros días la concurrencia fue de casi el 70% de los 3.130 inscriptos, un dato acorde a las casas de altos estudios. Los que no fueron recibieron llamados telefónicos. Para los que no fueron y para los que sí hay previstos tutores que los acompañen en los estudios. No sólo es educación gratuita, los libros de texto obligatorios corren por cuenta de cada facultad y están previstas becas como refuerzo para evitar deserciones. El dato más significativo que le transmitieron los docentes: el alto grado de participación en las clases. La mayoría de la matrícula (el 33%) cursa la carrera de Enfermería (amplia mayoría de mujeres). Las otras dos especialidades con más inscriptos son Ingeniería Informática y Administración (de Empresas, orientada a pymes).
Esta universidad fue inaugurada por Cristina Fernández de Kirchner, en la misma semana en la que visitó la Universidad Nacional de Avellaneda, donde la semana pasada empezaron las clases unos 800 alumnos. Su rector, Jorge Calzoni, es un ingeniero egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, que Juan Perón había bautizado como Universidad Obrera Nacional, un nombre demasiado inquietante para los gorilas que lo desplazaron del gobierno y echaron del poder a los trabajadores.
Siete de cada diez estudiantes de la flamante Universidad de Avellaneda son primera generación de universitarios. Como en Varela, la carrera más demandada es Enfermería. Cabe consignar que el Hospital del Cruce (Varela) es de alta complejidad, fundamental en aquel distrito. En Avellaneda, el Eva Perón es un hospital modelo. Algunos recuerdan que, en sus orígenes, por pedido de la Abanderada de los Pobres, se había creado una sala para proyectar películas a los enfermos y que se usó, en muchas ocasiones, para preestreno de películas nacionales.
También empezaron las clases en la Universidad de Moreno. Y en muchas otras universidades públicas que están en el conurbano bonaerense: Lanús, San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, Quilmes. La Universidad de La Plata abre subsedes en muchas localidades. La mismísima Universidad de Buenos Aires está haciendo lo propio.
La Presidenta hizo suyo el desafío de que los desaparecidos sociales de los noventa puedan hoy tener un trabajo registrado y, también, la esperanza de aquel símbolo de movilidad social argentina consistente en que los padres inmigrantes argentinizaban a sus hijos con un título universitario. A más de un siglo del estreno de la pieza teatral de Florencio Sánchez M’hijo el dotor, la Argentina empieza a tener herramientas de inclusión para revertir la movilidad social descendente como castigo y el sueño de la universidad norteamericana como premio de la clase media. También se termina el acoso de los noventa a la universidad pública. Días pasados, la Presidenta inauguró la nueva sede de Ciencias Económicas de la UBA, donde estudian la friolera de 40.000 estudiantes. Es la facultad con más inscriptos de toda la Argentina. Su rector, Rubén Hallú, no es precisamente un kirchnerista. Sin embargo –al igual que la mayoría de quienes encabezan las universidades públicas más tradicionales– reconoce la inyección de recursos del Estado Nacional tanto en infraestructura como en equipamiento, salarios, becas, investigación, estudios de post-grado, así como para radios y canales de televisión universitarios.
Educación, seguridad y salud. Cuando se dice que Argentina superó el 6% del PBI para Educación (en la actualidad el presupuesto educativo es equivalente al 6,47% del total de bienes y servicios producidos) falta machacar con que eso es parte sustantiva de la transformación del país. Los intendentes del conurbano fueron parte fundamental de la pelea por abrir universidades en sus distritos. A la par que pelean por abrir parques industriales, hospitales, viviendas, rutas, calles y obras hidráulicas. Este ascenso social de sectores populares no se mide sólo por el salario de bolsillo sino por la calidad de vida que, poco a poco, se va consolidando en lo que fue el principal cordón industrial del país hasta 1976 y que se convirtió en un verdadero territorio de excluidos. Quienes se benefician con la oferta universitaria diversificada son jóvenes que, si se califican en la vida académica, tienen posibilidades ciertas de trabajos jerarquizados. Además, se trata de jóvenes que, tal como muestran los estudios de opinión pública, tienen una fuerte identificación política con el gobierno nacional. Para graficarlo, los militantes de la Juventud Peronista, la Juventud Sindical, La Cámpora, no sólo forman agrupaciones universitarias, secundarias o barriales, sino que promueven la creación de cooperativas de trabajo o de actividades culturales. La gran mayoría de ellos, en los últimos meses, usan remeras con el Nestornauta y reciben guiños y complicidad de otros jóvenes –y no sólo jóvenes– por la calle, en los recitales o las marchas.
El viejo ideal clasemediero de movilidad social ascendente hoy tiene una vertiente fuerte no anclada en el consumo sino en una identidad política-cultural y no sólo económica. En ese contexto debe entenderse la decisión de Cristina Kirchner orientada a promover a jóvenes a cargos de gran responsabilidad en la gestión. Esos jóvenes son la apuesta más fuerte al sujeto colectivo de los próximos años. Se trata de un sujeto que encarna la organización política, los derechos y las organizaciones de los trabajadores y también los idearios democráticos de calificación educativa y laboral para ocupar puestos de responsabilidad.
La oposición se encuentra amorfa porque, en estos años, las otras ofertas políticas argentinas, las que se oponen al kirchnerismo, no lograron construir ni consensos ni propuestas. Sus propios escribas, por pedido expreso de algunos poderosos empresarios corporativos, pronosticaron una y otra vez la implosión del Gobierno. Un espejismo los llevó a pensar que la Presidenta ni siquiera llegaba a completar su segundo mandato. Ahora deben ocultar los estudios de opinión pública que ellos mismos encargan. Hubo esta semana un dato clave de la capacidad de gestión y resolución de conflictos de este Gobierno. La semana pasada, para la prensa opositora, el caos era igual a la incapacidad de Cristina de contener al secretario general de la CGT, quien, para esos medios, se había convertido en el principal escollo de la gobernabilidad. Tras los dos encuentros que Cristina Kirchner sostuvo con Hugo Moyano tuvieron rápida resolución no sólo el acuerdo salarial con el gremio de Camioneros sino también un buen cauce al espinoso tema de la Administración de Programas Especiales (APE) dependiente del Ministerio de Salud, tratado en extensión en las páginas 30 y 31 de esta edición. Lo que interesa destacar es que el nombramiento de Manuel Martín Alves –un hombre de confianza del ministro de Salud Juan Manzur– en cambio de Daniel Colombo Russell –de fuertes vínculos con la CGT– forma parte de los lineamientos de la Presidenta en el sentido de no delegar la responsabilidad de gobierno. Así como no invade con emisarios ni la central de trabajadores ni las organizaciones empresariales, forma los equipos de gestión con gente propia. En APE, además, Cristina sumó a Donato Spacavento, un médico sanitarista de prestigio y completa lealtad que cultiva, además, buena relación con los líderes sindicales. Tanto éstos como muchos sanitaristas están realmente convencidos de que es preciso terminar con el poderío de los laboratorios y los negocios de la medicina privada.
Otra corporación que por estas horas está bajo la lupa es la Policía Federal. Tal como se analiza e informa en las páginas 22 y 23, la ministra Nilda Garré puso en marcha los foros de participación ciudadana en temas de seguridad. En sus primeras reuniones con organizaciones sociales, dijo todo lo que el pueblo sabe y que muchas veces teme decir respecto de las cajas ilegales de recaudación policial. Sólo con transparencia y control civil esto se puede reencauzar. La derecha, hipócrita, alienta la banalización de las muertes brutales ensalzada por los medios. Sólo quieren meter miedo. Fue una receta eficaz por muchos años. Todo indica que es muy poco impactante en este 2011.
Esta universidad fue inaugurada por Cristina Fernández de Kirchner, en la misma semana en la que visitó la Universidad Nacional de Avellaneda, donde la semana pasada empezaron las clases unos 800 alumnos. Su rector, Jorge Calzoni, es un ingeniero egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, que Juan Perón había bautizado como Universidad Obrera Nacional, un nombre demasiado inquietante para los gorilas que lo desplazaron del gobierno y echaron del poder a los trabajadores.
Siete de cada diez estudiantes de la flamante Universidad de Avellaneda son primera generación de universitarios. Como en Varela, la carrera más demandada es Enfermería. Cabe consignar que el Hospital del Cruce (Varela) es de alta complejidad, fundamental en aquel distrito. En Avellaneda, el Eva Perón es un hospital modelo. Algunos recuerdan que, en sus orígenes, por pedido de la Abanderada de los Pobres, se había creado una sala para proyectar películas a los enfermos y que se usó, en muchas ocasiones, para preestreno de películas nacionales.
También empezaron las clases en la Universidad de Moreno. Y en muchas otras universidades públicas que están en el conurbano bonaerense: Lanús, San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, Quilmes. La Universidad de La Plata abre subsedes en muchas localidades. La mismísima Universidad de Buenos Aires está haciendo lo propio.
La Presidenta hizo suyo el desafío de que los desaparecidos sociales de los noventa puedan hoy tener un trabajo registrado y, también, la esperanza de aquel símbolo de movilidad social argentina consistente en que los padres inmigrantes argentinizaban a sus hijos con un título universitario. A más de un siglo del estreno de la pieza teatral de Florencio Sánchez M’hijo el dotor, la Argentina empieza a tener herramientas de inclusión para revertir la movilidad social descendente como castigo y el sueño de la universidad norteamericana como premio de la clase media. También se termina el acoso de los noventa a la universidad pública. Días pasados, la Presidenta inauguró la nueva sede de Ciencias Económicas de la UBA, donde estudian la friolera de 40.000 estudiantes. Es la facultad con más inscriptos de toda la Argentina. Su rector, Rubén Hallú, no es precisamente un kirchnerista. Sin embargo –al igual que la mayoría de quienes encabezan las universidades públicas más tradicionales– reconoce la inyección de recursos del Estado Nacional tanto en infraestructura como en equipamiento, salarios, becas, investigación, estudios de post-grado, así como para radios y canales de televisión universitarios.
Educación, seguridad y salud. Cuando se dice que Argentina superó el 6% del PBI para Educación (en la actualidad el presupuesto educativo es equivalente al 6,47% del total de bienes y servicios producidos) falta machacar con que eso es parte sustantiva de la transformación del país. Los intendentes del conurbano fueron parte fundamental de la pelea por abrir universidades en sus distritos. A la par que pelean por abrir parques industriales, hospitales, viviendas, rutas, calles y obras hidráulicas. Este ascenso social de sectores populares no se mide sólo por el salario de bolsillo sino por la calidad de vida que, poco a poco, se va consolidando en lo que fue el principal cordón industrial del país hasta 1976 y que se convirtió en un verdadero territorio de excluidos. Quienes se benefician con la oferta universitaria diversificada son jóvenes que, si se califican en la vida académica, tienen posibilidades ciertas de trabajos jerarquizados. Además, se trata de jóvenes que, tal como muestran los estudios de opinión pública, tienen una fuerte identificación política con el gobierno nacional. Para graficarlo, los militantes de la Juventud Peronista, la Juventud Sindical, La Cámpora, no sólo forman agrupaciones universitarias, secundarias o barriales, sino que promueven la creación de cooperativas de trabajo o de actividades culturales. La gran mayoría de ellos, en los últimos meses, usan remeras con el Nestornauta y reciben guiños y complicidad de otros jóvenes –y no sólo jóvenes– por la calle, en los recitales o las marchas.
El viejo ideal clasemediero de movilidad social ascendente hoy tiene una vertiente fuerte no anclada en el consumo sino en una identidad política-cultural y no sólo económica. En ese contexto debe entenderse la decisión de Cristina Kirchner orientada a promover a jóvenes a cargos de gran responsabilidad en la gestión. Esos jóvenes son la apuesta más fuerte al sujeto colectivo de los próximos años. Se trata de un sujeto que encarna la organización política, los derechos y las organizaciones de los trabajadores y también los idearios democráticos de calificación educativa y laboral para ocupar puestos de responsabilidad.
La oposición se encuentra amorfa porque, en estos años, las otras ofertas políticas argentinas, las que se oponen al kirchnerismo, no lograron construir ni consensos ni propuestas. Sus propios escribas, por pedido expreso de algunos poderosos empresarios corporativos, pronosticaron una y otra vez la implosión del Gobierno. Un espejismo los llevó a pensar que la Presidenta ni siquiera llegaba a completar su segundo mandato. Ahora deben ocultar los estudios de opinión pública que ellos mismos encargan. Hubo esta semana un dato clave de la capacidad de gestión y resolución de conflictos de este Gobierno. La semana pasada, para la prensa opositora, el caos era igual a la incapacidad de Cristina de contener al secretario general de la CGT, quien, para esos medios, se había convertido en el principal escollo de la gobernabilidad. Tras los dos encuentros que Cristina Kirchner sostuvo con Hugo Moyano tuvieron rápida resolución no sólo el acuerdo salarial con el gremio de Camioneros sino también un buen cauce al espinoso tema de la Administración de Programas Especiales (APE) dependiente del Ministerio de Salud, tratado en extensión en las páginas 30 y 31 de esta edición. Lo que interesa destacar es que el nombramiento de Manuel Martín Alves –un hombre de confianza del ministro de Salud Juan Manzur– en cambio de Daniel Colombo Russell –de fuertes vínculos con la CGT– forma parte de los lineamientos de la Presidenta en el sentido de no delegar la responsabilidad de gobierno. Así como no invade con emisarios ni la central de trabajadores ni las organizaciones empresariales, forma los equipos de gestión con gente propia. En APE, además, Cristina sumó a Donato Spacavento, un médico sanitarista de prestigio y completa lealtad que cultiva, además, buena relación con los líderes sindicales. Tanto éstos como muchos sanitaristas están realmente convencidos de que es preciso terminar con el poderío de los laboratorios y los negocios de la medicina privada.
Otra corporación que por estas horas está bajo la lupa es la Policía Federal. Tal como se analiza e informa en las páginas 22 y 23, la ministra Nilda Garré puso en marcha los foros de participación ciudadana en temas de seguridad. En sus primeras reuniones con organizaciones sociales, dijo todo lo que el pueblo sabe y que muchas veces teme decir respecto de las cajas ilegales de recaudación policial. Sólo con transparencia y control civil esto se puede reencauzar. La derecha, hipócrita, alienta la banalización de las muertes brutales ensalzada por los medios. Sólo quieren meter miedo. Fue una receta eficaz por muchos años. Todo indica que es muy poco impactante en este 2011.
10/04/11 Miradas al Sur
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