jueves, 14 de abril de 2011

El gobierno dijo que el Estado dejó de ser un socio “bobo” en las empresas

Diego Bossio y Alejandro Vanoli (CNV) explicaron que desde ahora se “hará pesar su opinión en las decisiones de inversión”.
El día después de la decisión del gobierno nacional de que el Estado utilice de manera plena sus derechos políticos en las empresas de las que posee porciones de sus paquetes accionarios, estuvo cruzado por un fuerte debate a favor y en contra de la medida, en la que tomaron parte funcionarios, empresarios, sindicalistas y abogados.
El Estado tiene participación accionaria en 42 empresas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que gestiona la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). De ese total, ya ha nombrado directores en 22 de ellas, incluida Central Puerto, empresa que pertenece al holding Sadesa, que genera electricidad en la zona del puerto porteño y de la que el Estado posee el 3,95%. El dato es que este porcentaje es uno de los más bajos de las 42 participaciones y sólo hay otras ocho empresas en las que la parte en manos estatales es menor. El propio ministro de Economía, Amado Boudou, fue en su momento director en el Banco Hipotecario.
El titular de la ANSES, Diego Bossio, dijo ayer que esta participación es “lo más justo”, y señaló que de este modo puede “defender la distribución de utilidades en favor del Fondo de Garantía Social”.
Respecto de las funciones que cumplirán los nuevos directores, Bossio dijo que el Estado hará “pesar su opinión en decisiones de inversión”, para que las empresas “generen rentabilidad económica, pero mucho más rentabilidad social”, y aclaró que la participación de la ANSES “se hará en la proporción de sus tenencias accionarias en cada una de las compañías”, al tiempo que dijo que habrá mayor intervención en los órganos de fiscalización.
Desde una óptica técnica, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, consideró “de toda lógica que accionistas que son de la misma clase tengan los mismos derechos”. Vanoli recordó que en marzo de 2009, pocos meses después de extinguirse las AFJP, la CNV interpretó por vía reglamentaria que el tope del 5% perjudicaba al Estado.
Vanoli destacó que la ANSES “administra haberes jubilatorios de carácter alimentario, lo que determina el interes público superior a las normas de derecho privado común”. En ese sentido, subrayó que “la ANSES no sólo es un inversor, sino que representa los intereses de los jubilados y futuros jubilados”.
El titular de la CNV evaluó que “hasta ahora el Estado era un socio bobo, ya que su representación en el directorio y su ejercicio de derechos políticos no se correspondía con sus tenencias accionarias”.

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