Gallardo suspendió la vigencia del decreto hasta que el Tribunal Superior decida el fondo de la cuestión, es decir, si es inconstitucional o no", informó el letrado a Télam.
Teszkiewicz, junto con los abogados Arístides Corti, Eduardo Tavani y Marcelo Churin, presentaró ayer un recurso de amparo ante la Justicia porteña, peticionando se declare nulo el decreto suscripto por el jefe de Gobierno Mauricio Macri en el que se penaliza la protesta gremial de trabajadores de empresas periodísticas.
Según se informó a través de un comunicado de prensa, los letrados sostienen que “el Gobierno de la Ciudad pretende modificar el Código Contravencional para reprimir la protesta de los trabajadores de empresas periodísticas, en ejercicio de derechos colectivos e individuales de trabajo que se hallan garantizados por la Constitución”.
Finalmente los profesionales piden a la justicia “dicte una medida cautelar suspensiva del DNU en atención al riesgo cierto de que el Gobierno de la Ciudad utilice dicha norma nula de nulidad absoluta para denunciar y someter a proceso a habitantes de la República”, concluyen.
Por su parte, el legislador porteño Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) consideró hoy que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “quiso perseguir con el Código Contravencional a los trabajadores que se organizan gremialmente en las empresas periodísticas pero le salió mal”.
“La democracia no se defiende complaciendo a las corporaciones mediáticas sino honrando y respetando en la práctica los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”, aseveró el dirigente de la CTA.
En ese sentido, Nenna interpretó que “la Justicia le está diciendo Macri que los códigos de la Ciudad y la Policía Metropolitana se deben usar para proteger a los porteños y no para perseguirlos cuando se lo pide Clarín”.
“Macri quiso amedrentar a los trabajadores para quedar bien con el Grupo Clarín”, enfatizó.
Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/11 para crear tres nuevas figuras contravencionales, reprimiendo con multas de hasta 50 mil pesos y arresto de hasta 10 días las protestas sindicales que afecten a los medios de prensa.
Teszkiewicz, junto con los abogados Arístides Corti, Eduardo Tavani y Marcelo Churin, presentaró ayer un recurso de amparo ante la Justicia porteña, peticionando se declare nulo el decreto suscripto por el jefe de Gobierno Mauricio Macri en el que se penaliza la protesta gremial de trabajadores de empresas periodísticas.
Según se informó a través de un comunicado de prensa, los letrados sostienen que “el Gobierno de la Ciudad pretende modificar el Código Contravencional para reprimir la protesta de los trabajadores de empresas periodísticas, en ejercicio de derechos colectivos e individuales de trabajo que se hallan garantizados por la Constitución”.
Finalmente los profesionales piden a la justicia “dicte una medida cautelar suspensiva del DNU en atención al riesgo cierto de que el Gobierno de la Ciudad utilice dicha norma nula de nulidad absoluta para denunciar y someter a proceso a habitantes de la República”, concluyen.
Por su parte, el legislador porteño Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) consideró hoy que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “quiso perseguir con el Código Contravencional a los trabajadores que se organizan gremialmente en las empresas periodísticas pero le salió mal”.
“La democracia no se defiende complaciendo a las corporaciones mediáticas sino honrando y respetando en la práctica los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”, aseveró el dirigente de la CTA.
En ese sentido, Nenna interpretó que “la Justicia le está diciendo Macri que los códigos de la Ciudad y la Policía Metropolitana se deben usar para proteger a los porteños y no para perseguirlos cuando se lo pide Clarín”.
“Macri quiso amedrentar a los trabajadores para quedar bien con el Grupo Clarín”, enfatizó.
Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/11 para crear tres nuevas figuras contravencionales, reprimiendo con multas de hasta 50 mil pesos y arresto de hasta 10 días las protestas sindicales que afecten a los medios de prensa.
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