domingo, 4 de septiembre de 2011

Por la libertad de elegir

Por Hernán Invernizzi
Una medida del Incaa, que impone una tasa adicional a las películas extranjeras según la cantidad de salas donde se exhiban, busca igualar oportunidades para el cine nacional.

El negocio cinematográfico se apoya en cuatro patas: exhibidores (las salas de cine), distribuidores (las que importan y distribuyen las copias de los filmes) y productores (las que hacen las películas). A veces, distribuidores y productores se asocian bajo diferentes esquemas financieros. La cuarta pata son los Estados nacionales, que protegen a sus películas de diferentes maneras.
Costó mucho que la Argentina conquistara la protección para el cine nacional. El debate comenzó en los años ’30 y se hizo evidente que, en un país dependiente y de mercado pequeño, para tener cine propio era necesaria la intervención del Estado. Es decir que hay cine argentino porque el Estado lo protege de diversas maneras: créditos especiales, subsidios, etcétera. Es una política de Estado desde hace más de 50 años.
La llamada “cuota pantalla” es un mecanismo de protección para que las salas argentinas muestren películas argentinas. Porque para el exhibidor, el verdadero negocio son las películas importadas con las que llena sus salas durante años. Sus proveedores son los grandes distribuidores internacionales. El cine argentino es un estorbo (porque el film nacional ocupa la pantalla que exhibidor y distribuidor necesitan para un estreno importado).
El primer peronismo (1946-55) dio una fuerte protección al cine nacional, incluyendo la “cuota pantalla”: la ley ordenaba exhibir un porcentaje de filmes nacionales sobre los estrenos extranjeros. La dictadura de Aramburu (1955-58) clausuró 20 salas y amenazó con cerrar otras porque se negaban a mostrar cine nacional. Hasta la muy liberal “Libertadora” se plantó: exhibían películas nacionales o les clausuraba las salas. Durante el gobierno de Illia (1963-66) se produjo la crisis del “6 a 1”: por cada seis películas extranjeras se debía exhibir una nacional. Las presiones fueron terribles. Se aseguró que los norteamericanos amenazaron con no entregar más vacunas Sabin si se aprobaba la ley. El país debía elegir entre desproteger a los niños o tener cine protegido.
El Instituto Nacional de Cine y Artes audiovisuales (Incaa) acaba de aprobar una Resolución que incorpora modificaciones a la “cuota pantalla”. A partir de ahora los filmes importados deben pagar una tasa según la cantidad de salas en que sean exhibidos. Cuando un film importado se exhiba hasta en 40 salas de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, deberá pagar un equivalente a 300 entradas. Si se exhibe en más salas pagará un poco más, y así hasta llegar a los filmes con más de 161 copias, que pagarán un equivalente a 12.000 entradas. Para el interior del país, la tasa baja a la mitad.
En el país hay 800 pantallas y el 40 por ciento de ellas son de dos empresas (Hoyts y Cinemark). Si se importan 350 copias de Piratas del Caribe IV y 250 de Kung Fu Panda II dentro de los mismos 15 días, habrá 600 pantallas ocupadas. Quedan 200... Si al mismo tiempo traen otra producción importante (en ese supuesto caso con 80 copias), el cálculo se torna alarmante. Algo se debe hacer para que el espectador pueda elegir otra cosa que no sean solamente "los tanques" de Hollywood, que ocupan las salas y además apabullan con su poderosa publicidad.
Hay quienes presentan este ajuste como un nuevo ataque contra la libertad de elegir, contra la libertad de mercado, contra el precio de los filmes extranjeros. Incluso hay quienes dicen que así se pretende ver obligatoriamente un cine nacional que no atrae a nadie. Es como con el caso de la "ley de tierras", que algunos pretendían vender como "la reforma agraria". Se trata, en realidad, de un mecanismo de regulación del mercado con el objeto de proteger la diversidad cultural, la pluralidad ideológica y la cultura nacional.

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