Por Claudio Mardones Desde Santiago de Chile Diputados de la Argentina, Uruguay y Chile pedirán a la Unasur un ordenamiento integral de Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en todo el continente y el fin del exilio de cientos de chilenos en democracia. Los diputados, abogados, fiscales y referentes de organismos de Derechos Humanos que participaron del Tercer Encuentro Latinoamericano Memoria, Verdad y Justicia que cerró este domingo en la capital chilena, le solicitarán a los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la articulación de una política conjunta para esclarecer los miles de casos aún pendientes en el continente por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras que enfrentó cada país sudamericano. La iniciativa forma parte del compromiso que firmaron legisladores argentinos, uruguayos y chilenos para terminar con “los largos y pactados procesos de transición que buscaron el empate de responsabilidades a partir de la teoría de los dos demonios y garantizaron la impunidad”. El pronunciamiento lleva una clara referencia al proceso de transición democrático que vive el país trasandino, regido por una Constitución que el dictador Augusto Pinochet autopromulgó en 1980 y que hoy sigue vigente.
Los principales puntos del documento fueron leídos ante las 5000 personas que este domingo atravesaron Santiago para conmemorar los 38 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Ante la multitud, los participantes del encuentro se comprometieron a exigir a todas las instancias internacionales “el fin del extrañamiento y de la persecución de los luchadores sociales, así como la criminalización de las demandas por justicia social en el continente”. La iniciativa no es menor para Chile, donde todavía hay más de 200 chilenos que no pueden volver a su país desde hace más de 20 años por persecuciones políticas instruidas por la Justicia Militar trasandina. Todos los exiliados, que siguen sin poder volver a su tierra en plena democracia, enfrentan procesos penales por haber resistido a la dictadura pinochetista. En la mayoría de los casos, los actuales exiliados chilenos en democracia soportaron torturas y vejámenes durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición democrática, que ocurrieron bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Aun así, no pueden volver al país por distintos dispositivos legales que imponen largas penas de extrañamiento en el exterior o la prisión efectiva en su país.
El documento también plantea el apoyo a “la movilización estudiantil chilena y sus legítimos reclamos, que incluyen el establecimiento de la verdad y justicia para el asesinato del joven Manuel Gutiérrez, ocurrido el pasado 25 de agosto”. También exige “que se arbitren en Chile todas las medidas” para que el suspendido camarista federal de Mendoza, Otilio Romano, “responda ante los Tribunales de la República Argentina”. El ex juez se escapó de Mendoza un día antes de que comenzara un proceso para destituirlo y está investigado en los estrados argentinos por “su presunta responsabilidad penal en 34 privaciones ilegítimas de la libertad de personas que todavía continúan desaparecidas, otras 26 privaciones ilegítimas de la libertad, 36 torturas, un allanamiento ilegal y un caso de denegación de justicia”, según el pedido de expulsión que fue presentado la semana pasada en La Moneda por el diputado Hugo Gutiérrez, uno de los tres legisladores comunistas de la Cámara de Diputados trasandina que entregó el pedido junto al abogado argentino Rodolfo Yanzón, uno de los invitados especiales del tercer encuentro. El abogado exigió también que el gobierno de Sebastián Piñera le niegue el refugio y conceda el pedido de extradición formulado por la justicia argentina.
El encuentro concluyó el domingo, luego de las conmemoraciones del golpe y contó con participantes de Colombia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, y una comitiva argentina integrada por Yanzón, y los diputados Remo Carlotto, Diana Conti y Adela Segarra, además del secretario de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura Pablo Vassel, el secretario legal de la Presidencia de la Nación Claudio Heredia y el fiscal argentino Miguel Osorio, especialista en Plan Cóndor. Todos se comprometieron a organizar un cuarto encuentro en Bolivia o Paraguay en noviembre.
Los principales puntos del documento fueron leídos ante las 5000 personas que este domingo atravesaron Santiago para conmemorar los 38 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Ante la multitud, los participantes del encuentro se comprometieron a exigir a todas las instancias internacionales “el fin del extrañamiento y de la persecución de los luchadores sociales, así como la criminalización de las demandas por justicia social en el continente”. La iniciativa no es menor para Chile, donde todavía hay más de 200 chilenos que no pueden volver a su país desde hace más de 20 años por persecuciones políticas instruidas por la Justicia Militar trasandina. Todos los exiliados, que siguen sin poder volver a su tierra en plena democracia, enfrentan procesos penales por haber resistido a la dictadura pinochetista. En la mayoría de los casos, los actuales exiliados chilenos en democracia soportaron torturas y vejámenes durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición democrática, que ocurrieron bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Aun así, no pueden volver al país por distintos dispositivos legales que imponen largas penas de extrañamiento en el exterior o la prisión efectiva en su país.
El documento también plantea el apoyo a “la movilización estudiantil chilena y sus legítimos reclamos, que incluyen el establecimiento de la verdad y justicia para el asesinato del joven Manuel Gutiérrez, ocurrido el pasado 25 de agosto”. También exige “que se arbitren en Chile todas las medidas” para que el suspendido camarista federal de Mendoza, Otilio Romano, “responda ante los Tribunales de la República Argentina”. El ex juez se escapó de Mendoza un día antes de que comenzara un proceso para destituirlo y está investigado en los estrados argentinos por “su presunta responsabilidad penal en 34 privaciones ilegítimas de la libertad de personas que todavía continúan desaparecidas, otras 26 privaciones ilegítimas de la libertad, 36 torturas, un allanamiento ilegal y un caso de denegación de justicia”, según el pedido de expulsión que fue presentado la semana pasada en La Moneda por el diputado Hugo Gutiérrez, uno de los tres legisladores comunistas de la Cámara de Diputados trasandina que entregó el pedido junto al abogado argentino Rodolfo Yanzón, uno de los invitados especiales del tercer encuentro. El abogado exigió también que el gobierno de Sebastián Piñera le niegue el refugio y conceda el pedido de extradición formulado por la justicia argentina.
El encuentro concluyó el domingo, luego de las conmemoraciones del golpe y contó con participantes de Colombia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, y una comitiva argentina integrada por Yanzón, y los diputados Remo Carlotto, Diana Conti y Adela Segarra, además del secretario de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura Pablo Vassel, el secretario legal de la Presidencia de la Nación Claudio Heredia y el fiscal argentino Miguel Osorio, especialista en Plan Cóndor. Todos se comprometieron a organizar un cuarto encuentro en Bolivia o Paraguay en noviembre.
13/09/11 Tiempo Argentino
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