martes, 11 de octubre de 2011

Prisión perpetua para tres represores por la desaparición del ex gobernador Ragone

El Tribunal Oral Federal de Salta condenó a prisión perpetua a tres represores por la desaparición y el homicidio del ex gobernador salteño Miguel Ragone, ocurrido en los días previos al golpe militar.

Se trata de Carlos Mulhall, ex jefe de la guarnición militar local; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía salteña y Joaquín Guill, ex jefe de Seguridad de esa fuerza, mientras que fueron absueltos por el beneficio de la duda Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A; y el ex policía Andrés Soraire.

En tanto, los ex policías Pedro y Nelson Herrera fueron condenados a dos años de prisión condicional.

La lectura de la condena, que se extendió por diez minutos, estuvo a cargo de la presidente del tribunal, Marta Liliana Snopek, quien informó que a Mulhall, Gentil y Guill se les aplicó la pena de "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua".

Los condenados fueron considerados autores mediatos penalmente responsables de la comisión de los delitos de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Miguel Ragone".

Además, fueron condenados por el "homicidio doblemente agravado con el propósito de ocultar otro delito, asegurar su resultado y lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Santiago Arredes", y del mismo delito pero en grado de tentativa en perjuicio de Margarita Martínez de Leal.

Los jueces declararon estos delitos de lesa humanidad y mantuvieron la modalidad de cumplimiento de la prisión vigente.

Asimismo, los miembros del tribunal decidieron condenar a los ex policías Pedro y Nelson Herrera "a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional", por ser autores materiales penalmente responsables de la comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento".

Por otro lado, Zanetto y Soraire fueron absueltos por el principio de la duda, por lo que el tribunal ordenó la inmediata libertad de ambos.

Finalmente, los magistrados decidieron hacer lugar parcialmente a la acción por daños y perjuicios interpuesta por Martínez de Leal, por lo que condenaron solidariamente al estado nacional, a la provincia de Salta, a Gentil y a Guil, a pagar la suma de 50.000 pesos por el daño psicofísico, 15.000 por daños médicos, y 100.000 por daños morales.

La audiencia comenzó pasadas las 10, cuando el tribunal le dio la posibilidad a los siete imputados en la causa de hacer uso de la palabra, pero luego de la negativa a utilizar ese derecho, se pasó a un cuarto intermedio.

El encuentro se reanudó pasadas las 12.30, ante la presencia del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; los familiares de Ragone encabezados por la viuda, Clotilde de Ragone; funcionarios provinciales y municipales y una importante cantidad de público y militantes de organizaciones de derechos humanos.

En la sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta ya estaban Zanetto, Soraire, Guill y los ex policías Herrera, mientras que a través del sistema de videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, Mulhall y Gentil siguieron las alternativas de la audiencia.

El octavo imputado en la causa era el ex jefe del Tercer cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, pero el 1 de junio pasado fue separado del proceso por razones de salud, ya que en mayo fue intervenido quirúrgicamente por una afección cardíaca.

La condena llegó más de 35 años después del hecho, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en una ola de violencia que precedió al golpe militar, a metros de la casa de Ragone, cuando se dirigía en su vehículo hacia el hospital San Bernardo, donde se desempeñaba como médico.

Por el proceso, que comenzó el 5 de abril pasado y se extendió por más de seis meses, pasaron casi un centenar de testigos, y no se logró establecer el lugar en el que fue depositado el cuerpo del ex mandatario.

Además del secuestro y la desaparición de Ragone, en el juicio se determinaron las responsabilidades por el homicidio de Arredes y las lesiones sufridas por Martínez de Leal, quienes fueron baleados durante el hecho, por ser testigos.

La decisión del tribunal, integrado por los camaristas Snopek, Carlos Jiménez Montilla, de Tucumán, y Luis Giménez, de Tierra del Fuego, además del cuarto juez, el riojano José Quiroga Uriburu, fue unánime.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 7 de diciembre, a partir de las 10.

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