La Rural: la Cámara analiza la recusación planteada por el Gobierno

La sala de feria de la Cámara Civil y Comercial Federal solicitó al juez federal Luis Rodríguez que les envíe copia de la causa penal en la que están acusados sus integrantes para analizar, como medida previa a la resolución.

La sala de feria de la Cámara Civil y Comercial Federal pidió hoy copia de la causa penal en la que están acusados todos los integrantes de ese tribunal, como medida previa a la resolución de la recusación del Gobierno para que dejen la causa por la nulidad de la venta a la Sociedad Rural del predio ferial de Palermo.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara le envió un oficio al juez federal Luis Rodríguez, quien investiga a los siete integrantes del tribunal por presuntas irregularidades en la designación de jueces subrogantes en la causa por la Ley de Medios.
El Gobierno denunció en octubre a los camaristas por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, porque decretaron subrogancias semanales en los juzgados de primera instancia y porque eligieron al primer juez de la causa por la Ley de Medios, Raúl Tettamanti, mediante un sorteo con papeles.
El mes pasado el fiscal federal Gerardo Di Masi imputó a los camaristas para que se inicie formalmente una investigación y el juez Rodríguez ya cuenta con informes de la Cámara con los antecedentes de los casos, mientras la Corte Suprema le envió el régimen de subrogancias.
Los jueces Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina quieren analizar el estado de la causa antes de resolver los planteos del Gobierno en el expediente de la Rural.
Los magistrados dictaron la semana pasada una medida cautelar que frenó el decreto del Gobierno por el cual había dispuesto que la Rural debe devolver el predio de Palermo que el Estado le vendió en 1991.
Tras esa resolución el Poder Ejecutivo recusó a todos los camaristas por la denuncia penal y le solicitó que se declaren incompetentes para seguir interviniendo y que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo Federal.
El Estado también había recusado a todos los camaristas civiles y comerciales por la denuncia penal en la causa por la Ley de Medios, pero el planteo fue rechazado.