En una semana, y por diferentes medios, llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos casos en los que deberá resolver la constitucionalidad de leyes aprobadas por amplias mayorías en el Congreso nacional. Por un lado, la Corte accedió al pedido de per saltum presentado por el Gobierno Nacional, y tendrá que resolver en la próximas semana la resolución de la juez federal María Servini de Cubría en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura, y luego de la presentación de las listas de consejeros para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 11 de agosto que integran las cuatro alianzas que se presentaron: el Frente para la Victoria, Frente por la Justicia (integrado por todas las fuerzas de centroderecha menos la CC y Proyecto Sur), Frente de Izquierda y Nueva izquierda.
Entre los considerandos del fallo de Servini de Cubría, quedan explicitas las razones que dieron lugar a la iniciativa del Poder ejecutivo al promover la reforma de democratización del Poder Judicial, en especial la referida a la elección de jueces. En uno de los párrafos, Servini de Cubría recurre a un argumento tan previsible como a su vez primario en el ideario de los miembros del Poder Judicial respecto de la presidencia de posiciones políticas por parte de los magistrados: "El hecho de que jueces figuren en las listas de partidos políticos les quita a esos jueces todo atisbo de independencia e imparcialidad en todos los casos en que esa entidad política o sus integrantes puedan tener intereses". El fallo deja descolocados a los sectores del republicanismo liberal que sostienen que la independencia de poderes no existe. La lluvia de medidas cautelares y presentaciones judiciales que cayeron sobre los juzgados de todo el país para impedir la reforma del Consejo de la Magistratura preveían un fallo como el de la juez federal. Resulta difícil prever una resolución contraria a la de Servini de Cubría por parte de la Corte. Las elecciones de consejeros, previsiblemente, no podrán realizarse junto a las PASO, quedando abierto otro frente en el que el oficialismo deberá seguir batallando por una reforma que se inscribe dentro de las grandes transformaciones encaradas hacia uno de los sectores intocables y de privilegio a lo largo de la historia argentina.
Por otro lado, y luego de casi cuatro años de la aprobación en el Congreso nacional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal dio lugar al recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Cablevisión S.A. y el Grupo Clarín. La Corte deberá resolver sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 48, que tratan sobre la llamada "cuestión de fondo" de la ley, que limitan la concentración y cantidad de licencias de televisión por cable, así como el plazo de adecuación. En ambos casos ponen en juego el principal negocio que genera los mayores ingresos del Grupo Clarín.
El momento en el que la Corte se pronunciará respecto de la ley de medios no es menor en cuanto a su impacto en el proceso electoral de octubre. A fin del año pasado, el pronunciamiento de los supremos en contra de la utilización de las medidas cautelares como artilugio dilatorio fue enfático, por lo que no deberían contradecirse al postergar su pronunciamiento. Fuera cual fuese el resultado del fallo de la Corte, en caso que se produjera antes del 27 de octubre, su impacto no será inocuo. Si la decisión va en camino de ratificar la constitucionalidad de ambos artículos, sería tomado por el Grupo y la oposición como un atropello a la libertad de expresión y de empresa. En tanto que un fallo ratificando la inconstitucionalidad, apoyándose en lo resuelto por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, significaría un triunfo para el Grupo Clarín, sus socios mediáticos y la oposición toda, envalentonándolos a prefigurar el "fin de ciclo" del kirhnerismo. El otro escenario, de postergación de la decisión para después del 27 de octubre, significaría despejar del calendario electoral una disputa en donde lo que se juega, para todos los actores involucrados, incluida la Corte misma, representa una de las batallas centrales que el gobierno nacional viene disputando contra el monopolio mediático, sobre la que se abroquelan el poder económico concentrado, y todo el arco político opositor.
En ninguno de los dos casos, el momento y la forma en que la Corte se pronuncie, el impacto del fallo será neutral en la campaña electoral.
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