lunes, 10 de enero de 2011

La posible rescisión a Edesur. La matriz privatista de los ’90, y la exitosa experiencia de Aysa y el Correo

Luego de los cortes de electricidad de los últimos días de diciembre, focalizados en mayor medida en la zona sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el Ministerio de Planificación avanzó contra las empresas distribuidoras de energía eléctrica en penalizaciones y multas, y anunció llegar a analizar la eventual rescisión de la concesión.

Instruyó al Enre (Ente Regulador de la Electricidad) que intime a las tres empresas distribuidoras, Edesur, Edenor y Edelap, a brindar información acerca del tipo de atención que recibieron los usuarios damnificados por los cortes que tramitan el resarcimiento indemnizatorio por los perjuicios ocasionados. Asimismo enviaron inspectores técnicos para realizar auditorías durante los próximos 30 días en las tres empresas, en especial en el caso de Edesur, a fin de constatar las razones de dichos cortes y también auditar las inversiones que debían realizarse de acuerdo a lo comprometido con el Estado Nacional. En ese sentido, de acuerdo con la resolución 525/2010 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, publicada el martes 4 de enero en el Boletín Oficial, la distribuidora deberá presentar dentro de los próximos 10 días un plan de ejecución de inversiones por un monto de, al menos, 414 millones de pesos.

No es la primera vez que Edesur es multada y sancionada por los reiterados cortes de electricidad (recordar el gran apagón en 1999). Edesur registra graves dificultades en el suministro de energía eléctrica y también en la atención a los damnificados. El último caso de relevancia fue durante el invierno de 2009, lo que mereció que la empresa fuera sancionada con la prohibición de girar al exterior la remesa de utilidades por 61 millones de dólares hasta tanto no se comprobaran que hubieran realizado las inversiones comprometidas.

Echando un poco luz en Edesur. Desde el año 2007, Edesur es controlada a través de su mayoría accionaria por la empresa estatal italiana Enel (Ente Nazionale per l’Energía Elettrica), paquete accionario que a su vez fue comprado a la empresa española Endesa, adquisición no casual ya que, en España, Enel controla el 90% de Endesa. Es decir, Edesur, que se hizo cargo en 1992 de la empresa estatal Segba para la distribución de energía eléctrica en la zona sur de la Capital y el Gran Buenos Aires, es controlada mayoritariamente por la empresa italiana Enel. (¿Me siguen? preguntaría Lilita Carrió) Concluyendo, Endesa (que es Enel) conforma junto con Petrobras (que es de Brasil) la empresa Enersis, que posee y maneja, hoy, el 57% de Edesur. Durante los días de corte de electricidad, y ante los llamados desde el Ministerio de Planificación y el Enre, los directivos de estas empresas que conforman Edesur estaban pasando las fiestas de fin de año en sus países de origen, Italia, España y Brasil.

Rescisión en el horizonte. El ministro de planificación, Julio De Vido, anunció que, más allá de las multas (llegarían a 70 millones de pesos) y las correspondientes indemnizaciones a los usuarios, cabría la posibilidad de rescindir el contrato de concesión de Edesur, lo que generó en la oposición y en los grandes medios de comunicación más preocupación y gritos de espanto que los perjuicios que vienen sufriendo cientos de miles de usuarios por los cortes de luz que se dan año tras año. Ahora, ¿la rescisión de las concesiones es una posibilidad firme? ¿Podría el Estado hacerse cargo de las empresas hoy en manos privadas? Parte de estas preguntas tienen respuestas en antecedentes exitosos y no muy lejanos, como el caso de Aguas Argentinas (en manos de un consorcio franco-español), el Correo (en manos del grupo Macri) y, más recientemente, Aerolíneas Argentinas, todas empresas privatizadas en los ’90 que volvieron a manos del Estado luego de rescindir sus contratos de concesión por los flagrantes incumplimientos cometidos. En reuniones mantenidas en el Ministerio de Planificación, se sumaron cerca de doce intendentes del Gran Buenos Aires, de las zonas más castigadas por los cortes y la falta de inversiones. Muchos de ellos, hartos de las postergaciones de las empresas concesionarias, pidieron de viva voz que se ponga fin a las concesiones, entre ellos el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez.

Opositores gerentes. La reconversión de la matriz de las concesiones de servicios públicos durante la década privatizadora de los ’90, luego perfeccionadas por Eduardo Duhalde en su interinato presidencial, es uno de los desafíos centrales en el proceso de recomposición del papel que debe ejercer el Estado. La sola mención de evaluar rescindir una concesión de servicios públicos como la de Edesur abroqueló rápidamente a amplios sectores de la oposición, a quienes el ministro De Vido calificó como “gerentes de las empresas distribuidoras; por eso sólo saben reclamar mayores tarifas y nunca hablan de la calidad del servicio, ni los derechos de los consumidores”. Aludía al diputado demócrata mendocino Omar de Marchi y el economista Santiago Urbiztondo, y también a la inefable Patricia Bullrich, que se animó a decir que “el Gobierno Nacional no debe tomar el control estatal de la concesión repitiendo los desastrosos resultados como el de la re-estatización de Aerolíneas Argentinas”. Claros ejemplos, más allá de lo insustancial de Bullrich, que sirven como muestra de un pensamiento amplio dentro de la oposición, y de gran parte de los medios de comunicación que, confundidos en la defensa de intereses privados debido a la suculenta pauta publicitaria que las empresas privatizadas invirtieron durante años en los medios periodísticos, disparan el discursete de la seguridad jurídica, la ineficiencia del Estado, y el peor cuentito noventista, todos en un mismo orden. El debate impuesto sobre la recuperación del papel del Estado, y los pasos dados desde 2003 en esa dirección, demuestran la precariedad de argumentos de los defensores de todo aquello que en nombre de la modernidad hizo atrasar al país durante décadas.

Los plazos están dados. En diez días debería hacerse efectiva la intimación a invertir los 414 millones de pesos, en treinta días finalizarán las auditorías y las intimaciones realizadas para cumplir con las inversiones; también la efectivización de las multas de hasta 70 millones a Edesur y el resarcimiento los usuarios. Cuatro instancias que serán determinantes para decidir la continuidad o la finalización de las concesiones a las empresas con lo impuesto por el Estado.

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