lunes, 10 de enero de 2011

Apaga la luz

Por Daniel Cecchini

El suministro de energía eléctrica a la población es un servicio público básico que las prestadoras tienen la obligación de cumplir y cuya interrupción sólo puede justificarse en caso de catástrofe. No es precisamente esta última la causa de las fallas en el servicio de Edesur, una empresa cuya concesión –otorgada en 1992 por un lapso de 95 años– mantiene cautivos a más de 2.300.000 usuarios residenciales (unos 6 millones de personas) distribuidos en la Ciudad Autónoma y 12 partidos del conurbano bonaerense. En su caso, las razones hay que buscarlas en un cóctel que combina tres ingredientes explosivos: una privatización que regaló el patrimonio estatal sin preservar los intereses de los usuarios, casi dos décadas de desinversión por parte de sus dueños privados y años de ausencia de control por parte del Estado.

Como la mayoría de las privatizaciones de empresas de servicios públicos perpetradas por el menemismo, la entrega de la vieja compañía estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) fue una estafa: el Estado cobró por su venta 1.249 millones de dólares, pero al mismo tiempo absorbió viejas deudas de la empresa por un total de 1.480 millones. En otras palabras, en lugar de recaudar dinero, puso plata encima para venderla.
Desde entonces, los adjudicatarios prácticamente no invirtieron un peso, manteniendo la misma estructura y calidad de redes pese a su natural deterioro por el paso del tiempo y al vertiginoso aumento de la demanda registrado en los últimos años. El apagón de febrero de 1999, que dejó sin luz a 600.000 usuarios durante varios días, es un ejemplo claro de la política de desinversión de Edesur: todo se originó en la decisión económica de ahorrar un millón de pesos al realizar una operación de empalme que no reunía los mínimos requisitos técnicos en la Subestación Azopardo. A pesar de los daños causados, el Estado cómplice de los 90 no rescindió el contrato de concesión. Durante los años que siguieron, Edesur siguió apostando a pagar multas por sus incumplimientos en lugar de invertir lo que correspondía. Es hora de terminar con esa mecánica perversa.

Fuente: Miradas al Sur

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