lunes, 17 de enero de 2011

“La ley actual la firmó, en 1980, Martínez de Hoz”

El ministro de Trabajo habla de las políticas que buscan impedir el trabajo esclavo y de la ley que debería reemplazar a la sancionada por la dictadura

–La última vez que lo entrevistamos para este semanario usted volvía del Chaco. Había estado con el gobernador Jorge Capitanich y habían incorporado a la seguridad social a unos 10.000 trabajadores rurales. Esto fue hace unos meses y me acuerdo que su comentario fue de cierta sorpresa, no por mí en particular, sino porque no era una actitud típica de los medios de comunicación la de interesarse por lo que pasaba con los derechos de los trabajadores.
–Sí, qué casualidad, ¿no? Porque esta dificultad para hacer visible lo que pasa en algunos sectores del trabajo rural y lo que hemos venido tratando de transformar y de modificar y de regularizar en el trabajo de ese sector, ha cobrado en estos días una visibilidad importante. Y eso expresa varias cosas. Por un lado, cómo la trama de intereses, las redes de vinculaciones, para no utilizar otras palabras más duras, muchas veces invisibiliza ciertos problemas. Si algo creo que tenemos que rescatar de este gobierno es que muchos de los problemas, algunos de larga data y otros más vinculados con la destrucción del trabajo y de lo público en nuestro país en los últimos años, ha emergido en estos años y ha sido puesto arriba de la mesa. Lo que antes era oculto, no trasparente, ninguneado en la información, que también es una de las formas de toma de conciencia, logra ahora a través de algunos medios empezar a hacerse visible. El otro punto tiene que ver con lo que decimos cuando hablamos de profundizar este proceso que hoy lidera Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de las deudas que todavía tenemos pendientes? ¿De la necesidad de que las políticas públicas lleguen cada vez más? ¿En términos de extensión o en términos de profundidad? Hace varios años que venimos registrando denuncias en materia de trabajo rural. Eso ha dado lugar al cierre de establecimientos, a multas, a recolocación de trabajadores que estaban en estos casos. Pero se trata de los casos que hemos podido detectar, por supuesto. Siempre nos falta y no es fácil en el sector rural.
–Ha habido otros proyectos para responder a esta situación…
–Por ejemplo, una respuesta muy concreta que ha dado la Presidenta que deriva en un proyecto de ley de trabajo rural. ¿Por qué? Porque por un lado les da derechos a estos trabajadores que no tenían. No hay ninguna razón que explique por qué un trabajador rural no puede tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, nos da instrumentos para revertir situaciones como las que hoy emergen facilitando la detección a través del registro de los trabajadores. Por ejemplo, el tema de los trabajadores de cosecha es importante, es un tema particular, es una problemática muy específica. Y fíjense que una de las respuestas de las patronales es, por ejemplo, “no registremos esos trabajadores porque es muy complicado”. Ayer en 6,7,8 se veía cómo (Alfredo) De Angeli o el mismo (Hugo) Biolcati decían: “Bueno, lo que pasa es que es difícil”. No, no es difícil. Lo que pasa es que siempre encuentran argumentos para justificar estos niveles de explotación que no son mayoritarios, pero ni uno debería haber y mucho menos cámaras patronales que no repudien y encima intenten justificar la existencia de este tipo de explotaciones. Contra todo eso, la nueva ley de trabajo agrario que está en el Parlamento, se alza para proponer un modelo distinto, un modelo de trabajo rural que tenga más que ver con esta Argentina inclusiva y para todos que tenemos.
–Ante el escenario actual en el Congreso, que es de predominio opositor, ¿cuáles son las perspectivas para que esa ley pueda avanzar? ¿Hay alguna estrategia de demorarla o de esperarla hasta las próximas elecciones? Y, además, ¿cuál es el rol que está teniendo, más allá de la patronal, el gremio de los trabajadores rurales?
–A la ley la venimos trabajando desde comienzos del 2009 e ingresó el año pasado al Parlamento, por supuesto que recogiendo los antecedentes, la experiencia, nuestra propia tarea en el terreno rural. Me parece que vale citar que una de las fuentes ha sido un proyecto que en su momento había preparado la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). Lo cierto es que una vez presentado el proyecto en este Parlamento, con una conformación mayoritaria de la oposición, ha habido una importante tarea de casi todos los afectados para que esta ley se diluyera en tiempo y no tuviera un tratamiento adecuado. Y, la verdad, nosotros recuperamos algunos instrumentos que están en poder de la Uatre y de las cámaras empresarias y pretendemos darle otro sentido incluyéndolo dentro del sistema general de seguridad social, no como en la actualidad, que funciona como un negocio particular del sindicato y las cámaras. Creemos que el sistema de seguridad social podrá tener un consejo asesor. Siempre hemos sido partidarios de este tipo de participación de los actores sociales, pero creemos que debe ser administrado desde el Estado. Esto ha generado el rechazo de la Uatre junto con otras medidas. Uno nunca sabrá si son meras excusas o verdaderamente una oposición a que finalmente el proyecto salga. Por eso vamos a insistir durante el año que viene no solamente con la fuerza propia de los diputados, sino también con aquellos que pensamos convocar para que se sumen a esta transformación de las condiciones actuales en que se presta el trabajo rural. Creemos que hay muchas fuerzas que acompañan a nuestro proyecto, inclusive fuerzas opositoras.
–Respecto del caso de Nidera, el fiscal que actuó en la causa contó en un programa de radio que era una cosa que lo había impactado. Se supone que un fiscal es alguien acostumbrado a ver situaciones que requieren la presencia del Estado. Sin embargo, uno después ve que La Nación y Clarín lo único que hicieron sobre este tema fue reproducir el comunicado que sacó Nidera explicando que fueron todos contratados en Santiago del Estero, que todos tenían ART, que los menores tenían permiso de sus padres. Parecían dos realidades completamente diferentes…
–Primero: el comunicado de Nidera y algunas declaraciones de las cámaras patronales, llegan a un nivel de negación del tema y ocultamiento del problema que realmente sorprende. He escuchado a algunos representantes de las patronales hablar de que esto no estaba todavía demostrado, como si el problema fuera la demostración, como si fuera una cuestión de un juicio penal. Esto es tan brutal que estremece. Me parece que lo que ocurre es otra cosa. Lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que pretendió hacer una editorial de La Nación de hace unos días, que señaló como eje de su argumentación acerca de los problemas con el trabajo rural que esperan que esto se analice “sin connotaciones políticas e ideológicas”. Yo quisiera expresar que espero que esto se analice con connotaciones políticas e ideológicas porque las tiene, porque esto es lo que ocurre. Quienes están tolerando, apañando, justificando este tipo de organización del trabajo, en realidad lo hacen desde una concepción ideológica que arranca por un especial desdén por el trabajo, pero sigue luego con pretender un mundo del trabajo desregulado. No sé si recordamos qué es esto. Un mundo sin fiscalización, un mundo del trabajo sin sindicatos, sin negociación colectiva, es decir, una verdadera concepción ideológica sobre el trabajo. Pero también es una concepción política. Porque cuando Nidera dice que ellos están cumpliendo la ley, sería bueno recordar que la ley vigente, que ningún gobierno intentó modificar hasta el actual, es una ley sancionada en 1980 y que lleva la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Pocas veces una ley laboral ha tenido un contenido, ya no solamente sectorial o de defensa de intereses patronales, sino que además lleva la firma de alguien que está defendiendo intereses personales. Porque a nadie escapa que Martínez de Hoz es un hombre que viene de una familia de larga tradición agraria.
–¿Además de la ley se van a crear herramientas de fiscalización o de poder de policía sobre las peores formas de explotación y que incluya, además, el tema de los niños?
–Uno de los objetivos que nos trazamos a partir de que pusimos en marcha el Programa Nacional de Trabajo Registrado fue caracterizar los distintos tipos, porque hay una gran heterogeneidad entre los distintos tipos de trabajo en negro, las distintas formas de trabajo fuera de la ley. Y una de esas formas es específicamente el tema de los trabajadores migrantes de los que estamos hablando en estos días. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando empezamos a ver esto empezamos a trabajar con los distintos gobiernos provinciales tratando de revertir una práctica habitual que consistía en trasladar a los trabajadores en camiones de una provincia a otra, donde iban padres, madres, hijos y donde, naturalmente, en ese intento de naturalizar esas prácticas aberrantes se decía: “Bueno, estos niños adónde van a ir. Mejor que acompañen a sus padres mientras trabajan”. Y esto se convertía, entonces, en una forma más de expresión del trabajo humano. Nosotros, con las distintas provincias con las que hemos ido trabajando, hemos empezado por bonificar el mecanismo de transporte, subsidiamos el transporte en medios de transportes razonables. Esto nos permite un mayor registro de los trabajadores que se desplazan de una provincia a otra y nos permite un cierto control y una mejor fiscalización. En algunas provincias estamos avanzando, acá debo decirlo, junto con el sector empresario, en la generación de jardines de cosecha que hacemos junto con el Ministerio de Desarrollo Social, donde los niños quedan al cuidado de gente especializada mientras los padres van a trabajar. Esto recién comienza, pero es una expresión de un gobierno y de una política que va en un sentido absolutamente diferente al de aquella que pretendía naturalizar estas formas de explotación. En la ley, todo esto que hoy forma parte de las políticas, pasa a ser obligación y responsabilidad del Estado, de los empresarios y, en algunas cosas, también responsabilidad compartida con las organizaciones sindicales. Como le dije a las cámaras empresarias el otro día en una reunión que tuvimos, les propuse que trabajáramos concretamente sobre la registración de los trabajadores, siempre y cuando no vengan a sentarse a la mesa a proponerme que lo que quieren es que no haya ninguna regulación o que lo que pretenden es rebajar cargas sociales y desfinanciar la seguridad social.
–En general, los trabajadores cosecheros, que es gente de bajo nivel de instrucción, son escuchas de radio. Eso es un dato comprobadísimo. ¿Están pensando alguna manera de generar algún tipo de comunicación, así como se han pensado en radios que estén en las comunidades autóctonas, en una radio que sea de los mismos cosecheros?
–No con ese grado de propuesta de una radio de cosecheros. Lo que sí estamos planteando nosotros es una muy activa campaña a través de los medios y a través de la difusión, en el lugar de origen, de los derechos laborales que les corresponden a estos trabajadores. Incluso, cuando suben a los colectivos que los llevan a los lugares de trabajo, se les entrega material para que conozcan también cuáles son sus derechos. Admito que eso no alcanza, estoy diciendo en qué dirección se va y todo es susceptible de ser profundizado. Nosotros firmamos con la provincia de Santiago del Estero, que es de donde proviene mucha de la gente involucrada, un acuerdo en ese sentido en noviembre del 2010, cuando paralelamente ya estaban produciéndose estas contrataciones que hoy se denuncian. Espero que en la cosecha del año que viene no tengamos que volver a ver estas cosas. Confío en que, muy por el contrario, podemos pensar en retroceder en este tipo de prácticas.
–Para ir adentrándonos en el tema de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en continuidad con éste, ¿cuál es la situación en cuanto a la supervisión a nivel local de las condiciones de trabajo, en particular en relación con los talleres textiles clandestinos?
–La competencia primaria en materia de fiscalización del trabajo está en cabeza de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha pretendido, con la reforma de la llamada ley Banelco, generar una mayor centralización pero, el Senado, celoso custodio de las competencias provinciales, no nos permitió avanzar en ese sentido. Nosotros pretendíamos tener un rol coordinador más activo en términos de apoyo y asistencia técnica a las autoridades provinciales para que tengan una acción más efectiva en esta materia, algo para nosotros fundamental. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es, por lo menos, llamativo. La Ciudad de Buenos Aires armó hace algún tiempo, no mucho, un cuerpo de inspección en materia laboral. Uno hubiera pensado que ya en el año 2007 el retroceso de las ideas sobre el Estado mismo, sobre la necesidad del juego de mercado, había retrocedido lo suficiente como para que en todos lados a lo que se apuntara fuera, como estaba haciendo el Gobierno Nacional, a la recuperación de la inspección del trabajo, al incremento de los inspectores, al fortalecimiento de la tarea de fiscalización. A lo mejor era válido para todo el resto del país. Pero lo curioso es que en la Ciudad de Buenos Aires se empezó primero a congelar, y luego a retroceder. Si ustedes lo analizan de cerca, comprobarán que casi ninguno de los descubrimientos que ha habido en materia de trabajo textil responde al ejercicio de las facultades que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y si hay una ciudad que debería tener un cuerpo de inspección importante, técnicamente preparado, conceptualmente dispuesto a meterse en cuanto lugar sea necesario, es la Ciudad de Buenos Aires. No se tolera una ciudad tan desigual como Buenos Aires. No es posible que en la ciudad más rica del país, con uno de los presupuestos más importantes, se tenga estos niveles de inequidad, de desbalance.
–Está el caso de las denuncias hechas por La Alameda, que es una ONG. ¿Se puede promover ese tipo de acción para que ustedes no invadan la jurisdicción y terminen con un problema?
–Yo creo que el control y la fiscalización debe estar en manos del Estado. Eso no impide que todas aquellas organizaciones que tengan una verdadera preocupación por estos temas actúen como agentes de denuncias, inclusive como parte querellante en algunas de estas tareas de inspección y de sus resultados. Creo que hacen un aporte, como decía la Presidenta los otros días, para una tarea que nos convoca a todos en una gran cruzada. En esa convocatoria entran empresarios, las organizaciones sindicales particularmente y, por supuesto, el Estado. Yo siempre digo que la Argentina tiene uno de los mejores sistemas sindicales en materia de tutela de los delegados sindicales. Esa tutela que nuestra ley establece promueve una activa participación de los delegados en la vida interna de la provincia. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo teníamos 21 delegados, no alcanzaba a uno por provincia. Ahora tenemos 450 inspectores y estamos en un proceso de profundización de la tecnología disponible para hacer mayor inteligencia fiscal. Pero siempre digo que si los delegados sindicales –que los hay, muchos, muy buenos y muy comprometidos– asumieran esta tarea propia del rol del delegado, creo que tendríamos 60.450 inspectores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario