miércoles, 27 de octubre de 2010

Novedades sobre el ferrocarril

Por Eduardo Anguita
Periodista, director de Miradas al Sur.

El asesinato de Mariano Ferreyra

Aunque Favale y Díaz fueran responsables, hay que hurgar más profundo: pagarles poco a los tercerizados sirve para mejorar las ganancias de quienes tienen la concesión del Roca.

Anoche, poco antes de las ocho de la noche, el ministro de Trabajo Carlos Tomada salía de una reunión con dirigentes de la Fraternidad y empresarios de Techint. En tiempo récord, Tomada había logrado destrabar un paro ferroviario de 24 horas –que empezaba a las cero de hoy– y que había sido decidido por el gremio de maquinistas a raíz de que Techint no había aceptado paritarias en la empresa Ferroexpreso Pampeano. Esa medida de fuerza había sido decidida un día antes de la muerte de Mariano Ferreyra, con lo cual nadie puede argumentar que formó parte de una ola de conflictos. De la reunión, se supo que, finalmente, Techint había tomado el compromiso de (¡a finales de octubre!) dialogar sobre los salarios.
Este cronista pudo dialogar (en el programa Carbono 14, de Radio Nacional) con Tomada ni bien salía de la reunión de conciliación. El tema central fue cómo seguiría el principio de acuerdo que el jueves pasado el ministro había logrado con los representantes de los trabajadores tercerizados del Roca, que reclaman la reincorporación de 120 despedidos y la incorporación de los trabajadores en la empresa (Ugofe), que les daría una escala salarial que por lo menos duplica los ingresos actuales de un millar de trabajadores que están en empresas satélites. Tomada dijo que el acuerdo al que llegaron fue que primero se haría la reincorporación de los despedidos a las tercerizadas y luego, “más temprano que tarde”, el pase a la empresa madre con el convenio ferroviario. El cronista le preguntó si no evaluaban que la consecuencia inmediata sería que la Unión Ferroviaria, manejada por la Lista Verde de José Pedraza, se sentiría más que incómoda. El ministro no dejó de mostrar su sorpresa ante la pregunta, seguramente por quién la formulaba. Ante lo cual fue enfático: “No nos importa el color de las listas.” Tomada ratificó lo que está en el ambiente después del asesinato salvaje de Ferreyra. Esos mismos trabajadores tercerizados estuvieron con el secretario general de la CGT y recibieron su respaldo absoluto. Y cualquier observador sabe que esa lucha está encabezada por gente que poco comulga con el gobierno o la conducción cegetista. Del mismo modo que a nadie escapa que los derechos sociales y laborales tienen la ventaja de no preguntar por el carnet partidario.

Hay dos batallas que se están ganando tras el hecho irreparable de la muerte de Mariano. Una es la judicial, porque en cinco días la jueza Susana Wilma López no sólo hizo las diligencias pedidas por la fiscal Cristina Caa-maño sino que tomó indagatoria a quienes están sindicados como los dos principales imputados de ser uno el autor material y el otro el reclutador. En efecto, Cristian Favale –señalado como el que tiró del gatillo por muchos testigos– quedó muy comprometido y pasó de ser el barrabrava implacable a tener que suspender la declaración ante la jueza por un ataque de nervios. En cuanto a Pablo Díaz, dirigente de la lista Verde, sobran los testimonios sobre su responsabilidad en ser el reclutador de personas para actuar como fuerza de choque. Lo que también resulta claro es que aunque Favale y Díaz fueran responsables, hay que hurgar más profundo: pagarles poco a los tercerizados sirve para mejorar las ganancias de quienes tienen la concesión de la Línea Roca, el que más pasajeros lleva y trae y de cuyo servicio no puede decirse nada demasiado bueno, pese a los ingentes recursos del Estado que van a las manos de Ugofe. Y aquí parece evidente que la jueza López no se encuentra ante ninguna barrera de impunidad para investigar y determinar responsabilidades tanto inmediatas como mediatas. De este juicio deberán salir las redes que alimentan a barrabravas, pero también las que benefician a los que manejan dinero.

La otra batalla, tan importante como la de la justicia penal, es la gremial. Encuadrar trabajadores ferroviarios en el convenio de los obreros de la construcción parece ser un negocio próximo a terminar. Y en buena hora. Porque es mucho más importante el ejercicio de los derechos que las explicaciones partidistas. Que las hay, y a veces no son poco importantes. En concreto: hubo un crimen político, en el medio hay distintas visiones y fuerzas políticas, con lo cual cada actor trata de sacar rédito para su partido, y eso es parte del juego democrático. Mucho más importante que las facciones en la democracia son los derechos universales. Después, cada ciudadano o ciudadana tendrá la capacidad de interpretar quiénes expresan no sólo sus ideas sino los derechos de todos.
FERROEXPRESO PAMPEANO SA. Vale la pena volver sobre esta empresa cuya cara visible es el poderoso Grupo Techint. Desde el desguace de los ferrocarriles tomó ese nombre un fondo fiduciario que se quedó con unos 5 mil kilómetros de vías que opera con la infraestructura de cargas del Ferrocarril General Sarmiento y del General Roca recorriendo exclusivamente la zona pampeana (centro y oeste bonaerense, este de La Pampa y sur de Santa Fe). Transporta soja, aceite, girasol, maíz y trigo, entre otras cosas. Ferroexpreso Pampeano realiza el mayor porcentaje del traslado de cereales en la Argentina. Es decir, un negocio que en los noventa parecía un lastre se convirtió en algo a todas luces redituable. Lo opera la multinacional Techint y los granos los ponen Cargill o Bunge o Nidera, las poderosas corporaciones agroalimentarias.
Pues bien, el abogado Nicolás Iaconis, de Bahía Blanca, representa a una buena cantidad de empleados –activos y pasivos de Ferroexpreso Pampeano– a los que la empresa burló en el reparto de ganancias. En efecto, la Ley de Reforma del Estado que posibilitó el desguace ferroviario estableció que el 4% de las ganancias debían repartirse entre los trabajadores. Sin embargo, los representados por Iaconis no recibieron nunca nada.
Así dice uno de los párrafos del escrito del abogado: “HECHOS; Que todos mis poderdantes, tal como lo acredito con los recibos de sueldo que acompaño y donde constan sus legajos personales, fueron empleados del Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que por Ley 23.696 fueron transferidos como empleados de Ferroexpreso Pampeano S.A., también acreditada con los respectivos recibos de sueldos. Que por Ley 23.696, capítulos tres (Ley de Reforma del Estado) Programa de Propiedad Participada, estos trabajadores debían percibir anualmente el 4% de las ganancias de la empresa, distribuida de acuerdo a una fórmula matemática según el contrato de fideicomiso. Que hace ya cinco años uno de los trabajadores que represento, Carlos Kieffer, remitió una carta documento, cuyas copias acompaño, reclamado el pago de dichas ganancias.”
La explicación surge de los balances: “Desde la constitución del Fideicomiso hasta la actualidad, Ferroexpreso Pampeano no distribuyó ganancias en ninguno de sus ejercicios contables y el saldo acumulado a la fecha de cierre de su último balance arroja quebrantos por $ 86.606.542.”
Iaconis se permite una humorada: “Si Vuestra Excelencia me lo permite, advertimos que Sociedad Comercial del Plata S.A., Chase Manahattan Bank Investment Argentina S.A., Gesiemes SA Const. Agric. Ganadera, Iowa Interstate Railroad Ltda., Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de Construcciones, Riobank International y Techint Cia Tec. Internacional S. A. son sociedades que conforman Ferroexpreso Pampeano S.A., sociedades altruistas y sin fines de lucro que durante 20 años soportaron sin un solo lamento pérdidas millonarias para sostener el crecimiento de todos los habitantes de este país.”
Este cronista decidió chequear en una publicación de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (creada y dirigida por Ricardo López Murphy) para corroborar que lo de Iaconis no era una afiebrada maniobra. Y dice lo siguiente sobre Ferroexpreso Pampeano: “En el pliego de bases y condiciones generales y particulares de la concesión se estableció la posibilidad para que una sociedad inversora posea el total de las acciones del sector privado. Los integrantes de esta sociedad serían mancomunadamente responsables del cumplimiento del contrato. En consecuencia, el 80% del capital correspondiente a la parte privada se encuentra en poder de la Compañía Inversora Ferroviaria Sociedad Anónima, Inversora y Financiera. Al momento de la adjudicación la sociedad estaba integrada por las siguientes empresas: Techint Cía. Técnica Internacional SACeI, como socio mayoritario con el 58,95%; Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de Construcciones; Gesiemes SACI y AG; Chase Manhattan Investments Arg. S.A. y Riobank International: 8,39% cada uno. Sociedad Comercial del Plata S.A. 5,49%, Iowa Interstate Railroad 2%. A fines de 1997, COINFER quedó constituida por: Techint 59,60%, Comercial del Plata Construcciones 20,55%, Riobank International 12,50%, EACA Servicios e Inversiones: 5,35% y Iowa Interstate Railroad 2%. Los operadores internacionales escogidos fueron IOWA Interstate Railroad y Union Pacific Railroad”. Para entender quiénes reparten ganancias y quiénes no, es bueno saber qué intereses defienden y no cuánta plata tienen.
Fuente: Tiempo Argentino

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