La soberana reforma de la Carta Orgánica

El llamado Plan Baker en la Argentina permitió que el Citi adquiriera, con papeles de la deuda y socios muy diversos, infinidad de empresas públicas. Es decir, en vez de una reestructuración de la deuda externa, se concretó la destrucción del Estado. Y sobre sus ruinas, Menem y Cavallo se asociaron con los acreedores para reformular una Argentina colonial.

Conviene tomar un poco de perspectiva para no quedar en la encerrona de los comunicadores del establish-ment, obsesionados por “la caja”. Ellos refieren que el único motivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central es favorecer la liquidez del Estado y que eso conlleva el riesgo de que la emisión de moneda se haga sin el respaldo suficiente. Quienes vean la fecha en la cual el Congreso había sancionado la normativa que está a punto de expirar, verán que se trata de 1992 y no se sorprenderán de saber que, para poder concretar las relaciones carnales de las que hablaba el canciller Guido Di Tella, era preciso votar, al pie de la letra, lo que el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo recibía de su mandante –explícito, por otra parte– que no era otro que el secretario de Estado de los EE UU, James Baker III. La relación no tenía secretos: al principio del gobierno de Carlos Menem, Cavallo ocupó la Cancillería argentina por pedido de Baker y su jefe George Bush, por entonces presidente de los Estados Unidos. Por si hay incautos: la Secretaría de Estado en los Estados Unidos equivale a un ministerio de Relaciones Exteriores, aunque en el país del norte todos son asuntos internos y de Estado. Baker había ocupado antes la Secretaría del Tesoro (el equivalente de un Banco Central, lugar que había tenido Cavallo durante 1981-1982, en plena dictadura cívico militar). Entonces, mientras Cavallo era canciller concretó lo que el Departamento de Estado hizo en sintonía nada fina con el FMI y el Citibank, que era el banco privado que concentraba mayores acreencias con Estados de América Latina. El llamado Plan Baker en la Argentina permitió que el Citi adquiriera, con papeles de la deuda y socios muy diversos, infinidad de empresas públicas. Es decir, en vez de una reestructuración de la deuda externa, se concretó la destrucción del Estado. Y sobre sus ruinas, Menem y Cavallo se asociaron con los acreedores para reformular una Argentina colonial. Señala Raúl Scalabrini Ortiz en Política Británica en el Río de la Plata un hecho que sirve para entender la mentalidad colonizada de quienes hoy hablan de “la caja” en vez de estudiar un poco la historia. A mediados de 1929, cuando gobernaba Hipólito Yrigoyen, el valor de la libra esterlina empezó a subir. Durante 35 años, estaba clavada en el mismo precio: una libra valía 11,45 pesos; de repente subió a 12 y 13… Nadie acertaba el porqué de la depreciación, sobre todo porque ¡la Caja de Conversión tenía encerrado el equivalente al 71% del circulante en oro puro! La explicación real, cuenta Scalabrini, está en la gestación del golpe de Estado concretado un año después por José Evaristo Uriburu. “Quizá el capitalismo extranjero –dice Scalabrini– se forjó la ilusión de que implantando simplemente un orden rígido podría gobernar a su antojo.” Es decir, hace más de 80 años quedaba claro que los poderosos podían desestabilizar un país aun con un cerrojo monetarista impresionante. Aquella Caja de Conversión hecha a medida de los negocios con Gran Bretaña había surgido después de la crisis bursátil de 1890 y fue el puntapié para la Revolución del Parque, radical, que terminó con los días del corrupto presidente Miguel Juárez Celman y su remplazo por el modernista –pero nada dispuesto a salirse del esquema de la corona británica– Carlos Pellegrini. Pasados los años de la estabilidad cambiaria que contaba Scalabrini, el mundo se encontró con una crisis bursátil mayor, la de 1929 en Nueva York, y se requerían recetas distintas a las de las cajas de conversión: las de los bancos centrales. Relata Norberto Galasso, en Historia de la Argentina, que el nacionalista pro-británico Manuel Fresco, en 1934, siendo presidente de la Cámara de Diputados, fue invitado a Londres por una empresa ferroviaria inglesa en la que él trabajaba como médico. Allí, en un encuentro con Follet Holt, empresario ferroviario de mucho peso, se topó con una pregunta que no esperaba. “¿Qué hay de la creación del Banco Central?”, preguntó Holt. “¿Qué ley? El Ejecutivo no mandó ningún proyecto” respondió Fresco. “¿Cómo qué ley?”, replicó Holt, quien sacó del escritorio unos papeles en inglés y se los entregó al presidente de la Cámara de Diputados y le dirigió una frase memorable: “Hace ya tiempo que se envió esto al gobierno argentino.” Si alguien duda de la anécdota, puede revisar los archivos del Banco Central y encontrar que, tiempo después del viaje de Fresco a Londres, se produjo el viaje de Otto Niemeyer a Buenos Aires. El directivo del Banco de Inglaterra llegó para supervisar hasta los detalles de lo que Arturo Jauretche llamó “el estatuto legal del coloniaje”, en referencia al Banco Central. Vale la pena recordar que se trataba de la Década Infame, de allí que la reforma de la Carta Orgánica de esa institución de la mano de Menem, Cavallo y Baker bien puede ser un motivo más para confirmar que en esos años se vivió la Segunda Década Infame. ARGENTINA 2012. Hechas las consultas del caso con algunos especialistas en temas financieros, este cronista va a sintetizar las razones que permiten afirmar que, además de las conveniencias y necesidades de la hora, esta modificación –con media sanción de Diputados– puede contribuir a mayores márgenes de soberanía. El primer argumento es que a esto se llegó después de no depender más del FMI, de haber refinanciado la deuda externa y de haber roto con la propuesta de George Bush (h) que no era más que la dependencia estructural que significaba el ALCA. ¿Qué busca el Ejecutivo con el proyecto que envió al Congreso y que no se hizo en la oficina de ningún ejecutivo inglés de ferrocarriles ni de ningún jefe de la diplomacia estadounidense? Pues bien, el gobierno busca que el Banco Central tenga un papel más protagónico en la economía nacional, especialmente a través de la regulación y orientación del crédito y el ejercicio de un mayor control sobre las distintas actividades vinculadas al sistema financiero. De esta forma, se intenta poner fin a la ley más importante de ese plan Menem-Cavallo-Baker: la Ley de Convertibilidad. Tal como adelantó la presidenta Cristina Fernández en su discurso de apertura del período ordinario de sesiones del Congreso, el proyecto oficial sostiene: “El Banco Central debe estar en función de la economía real, no para hacer cualquier zafarrancho.” Forma elíptica en la que expresa que antes el Banco Central estaba en función pura y exclusiva del sistema financiero y para preservar las reservas internacionales que, como pasó, fue el reaseguro de la compra de divisas de los grandes operadores cambiarios. Así, esta iniciativa propone mantener al mandato del Central -preservar el valor de la moneda- y añadirle tres nuevos objetivos: garantizar la estabilidad financiera, promover el empleo y estimular el desarrollo económico con equidad social. A continuación los tres puntos centrales a los que apunta este proyecto con media sanción en Diputados. 1) Regulación del Crédito. Una de las modificaciones centrales es la de facultar al BCRA a regular y orientar el crédito a través de las instituciones del sistema financiero con el fin de promover la inversión productiva a largo plazo. ¿Con qué instrumentos?: Fijar tasas de interés, plazos, comisiones, cargos e incluso establecer su destino mediante encajes diferenciales, entre otros recursos. “Al recuperar facultades para direccionar el crédito (que le fueron quitadas en la Carta Orgánica de 1992), se generará una mayor eficiencia en la orientación del crédito”, indicó Mercedes Marcó del Pont cuando asistió el 7 de marzo pasado a la Cámara de Diputados para disertar ante las tres comisiones involucradas en el tema (Finanzas, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General). Allí la presidenta del Banco Central resaltó que el proyecto de ley implica “una vuelta de página al régimen de Convertibilidad”. 2) Determinación de las Reservas de Libre Disponibilidad. En esa línea, uno de los puntos centrales de la iniciativa del gobierno es la eliminación de la obligación de mantener una relación entre la base monetaria y la cantidad de reservas internacionales. Según la ley de Convertibilidad de Cavallo, “en todo momento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras serán equivalentes a por lo menos el 100% de la base monetaria”. Al derogar este artículo de la Ley de Convertibilidad, dejaría de regir la necesidad de que la base monetaria cuente con el respaldo “uno a uno” de las reservas del Central, como sucede hasta ahora. Y aquí vale la pena subrayar el valor de soberanía que puede significar tener una moneda nacional en serio: Argentina es un país de ingresos medios (PIB de 400 mil millones de dólares, una población que supera levemente los 40 millones, lo cual da un PBI per cápita de 10 mil dólares anuales). Es uno de los 26 países del mundo que fabrica automóviles y cuenta con más de 32 millones de hectáreas cultivables. Esto es, además de contar con un proceso de afirmación política soberana, parece hora de que se haga imprescindible contar con una moneda nacional confiable sin requerir un “vale” por un dólar de reserva. El proyecto de ley con media sanción propone que el directorio del Banco Central sea el encargado de definir cuál debe ser el nivel de reservas adecuado para garantizar el normal funcionamiento del mercado cambiario de acuerdo a la evolución de las cuentas externas. 3) Relación entre el Tesoro y el Banco Central. Dado que este último es el agente financiero del Estado, por ende debe financiar los problemas de corto plazo de la administración de gobierno cuando los gastos (que incluyen los gastos de servicios de la deuda) superan los ingresos del cobro del impuesto a las ganancias y/o el ingreso por los derechos de exportación de la soja. La todavía vigente Ley 24.144 autoriza a emplear el 12% de la base monetaria y el 10% de la recaudación acumulada en los últimos 12 meses. La reforma del artículo 20 de esa ley amplía esto último a un 10% adicional “en caso extraordinario”. Y el caso extraordinario bien puede ser el pago de los servicios de la deuda de este año (que entre capital e intereses suman 15 mil millones de dólares). O sea que, al permitir incrementar en otro 10% la recaudación acumulada anual (que fue de 445.800 millones de pesos en 2011), el Banco Central podría girarle al Tesoro unos 44.500 millones de pesos, aproximadamente 10.300 millones de dólares, que permitirían afrontar las obligaciones sin ir a endeudarse con la banca privada internacional y, mucho menos, acudir al FMI para volver al camino del estatuto legal del coloniaje.