Por Jorge Coscia*
En una de sus tantas lúcidas reflexiones, Arturo Jauretche afirmaba que todas las políticas de Estado son intervencionistas. La pregunta por responder era (y sigue siendo) ¿a favor de quién? Gobiernos que defendieron las políticas liberales y neoliberales en la Argentina, fueran de facto o con el respaldo del voto, conformaron Estados intervencionistas, pero siempre a favor de intereses minoritarios. No dudaron en instalar una fuerte intervención estatal disfrazada convenientemente de “libertad de mercado”, que se expresó, en todos los casos, como un privilegio de los poderosos, en detrimento de las mayorías y contraria a un desarrollo nacional autónomo y socialmente justo. Cabe recordar el período conocido como Década Infame, en que un Estado omnipresente fue intervencionista y regulador al servicio de los sectores agro-exportadores puestos en riesgo por la crisis de 1929. Síntesis de aquello fue el vergonzoso pacto Roca-Runciman, que nos colocaba en idéntico estatus al de las colonias británicas.
Las dictaduras militares de 1966 y 1976 también argumentaron hipócritamente contra el Estado, y pusieron todo su poderoso aparato al servicio de la desnacionalización, la entrega económica, la redistribución de la riqueza a favor de los más poderosos y la represión de los sectores populares.
Por el contrario, los estados reguladores de sentido nacional y popular, mal que le pese a sus críticos y revisores, orientaron su política hacia el desarrollo del aparato productivo, la justicia social y la autonomía nacional. En un país que llegó tarde al sistema capitalista, el dilema era y continúa siendo de qué modo el Estado puede compensar la debilidad de su burguesía.
De manera original, el peronismo planteó la doble tarea del desarrollo autónomo y de la redistribución de la riqueza. Claro que se trató de un Estado intervencionista, pero en sentido inverso al implementado por Justo, Ortiz y Castillo en el período inmediatamente anterior. La intervención del Estado en la etapa poscrisis de 1929 tenía entonces dos posibles rostros: el de la Década Infame y el de la etapa peronista. Algunos añoran todavía hoy la primera versión, aquella del fraude y de la Argentina como virtual “séptimo dominio” alineado de modo servil con Inglaterra.
Nosotros defendemos su versión contraria. Aun con sus defectos, el primer peronismo conformó (y todas las cifras lo avalan) el período de mayor y mejor redistribución de la riqueza y el de mayor desarrollo autónomo de nuestra capacidad productiva, con ejemplos irrefutables en la industria pesada y la mecánica (incluidas la ferroviaria y la aeronáutica). Para comprender la real magnitud de esa revolución, la Argentina que construía el Pulqui o el automóvil justicialista debe ser comparada con aparatos productivos contemporáneos. Vale recordar que, en 1955, Japón, por ejemplo, no fabricaba autos exportables, y el Pulqui era uno de los cinco aviones a reacción producidos en el planeta.
Los males atribuidos al peronismo por sus críticos, como su supuesto autoritarismo, obligan a la comparación con los sistemas políticos de su tiempo, donde descollaban el macarthismo, los abusos de los imperialismos europeos en África y Asia, el franquismo, el estalinismo y el “Cristo Vence” de los aviadores que bombardearon la Plaza de Mayo y a la población civil. Como se ve, la historia del peronismo también fue “revisada” por los liberales. En esa lectura, Perón era un tirano peor que todos los genuinos villanos de su tiempo. El bombardeo de la Plaza de Mayo, con sus 400 muertos, se transmutó, en la pluma de los “revisionistas liberales”, en un episodio menor y olvidable. Con estupor, he leído recientemente la omisión que un reputado historiador hizo de aquella jornada, escamoteando miles de heridos y cientos de cadáveres como si pudiera escondérselos debajo de una alfombra.
Retomando la cuestión de los equívocos y la polisemia de las palabras, cabe recordar que la última dictadura, bajo la consigna “achicar el Estado es agrandar la nación”, llevó a cabo la más formidable empresa de jibarización de la Nación sin siquiera cumplir en achicar el Estado, cuyos gastos y endeudamiento se decuplicaron en el sangriento devenir de su período. Sus nefastas consecuencias no impidieron, mediante un proceso también de enmascaramiento, repetir la fórmula años después durante el menemismo. Entonces, también el Estado intervino, aumentó sus gastos y disminuyó el patrimonio nacional, lo que resultó en el estallido de diciembre de 2001.
El proyecto iniciado en mayo de 2003 replanteó el rol del Estado recuperando su potencial para intervenir, pero con un sentido diametralmente inverso, que permitió dinamizar el circuito virtuoso de la producción, el empleo, la justicia social, la autonomía y la redistribución de la riqueza. Y aquí también es útil la contextualización para ver cómo los países más poderosos descargan su propia crisis sobre los más débiles con el objeto de imponer ajustes y restricciones que condenan a millones al desempleo, la desprotección y la miseria.
En paralelo, en los círculos del pensamiento liberal local, crece un curioso afán revisionista, que se atreve no ya con la historia, sino con la coyuntura. Estos círculos acusan recurrentemente a este gobierno de autoritario y conflictivo, basándose en la idea reaccionaria de una unanimidad imposible de hallar en sociedad alguna. Esta zoncera apunta a ocultar que, desde 2003, vivimos el período menos violento de nuestros dos siglos de historia. La conflictividad asumida homeopáticamente por el gobierno es el remedio para la conflictividad negada u ocultada que devino en represión, estallidos y conflictos terminales.
A diferencia de la revisión de la historia, esta revisión instantánea (de un presente que les resulta incómodo) es un hallazgo de los intelectuales liberales, miembros de una derecha enmascarada, como tantas veces en la historia, en las palabras “republicanismo” y “democracia”. Revisan todo, pero con el único ánimo de perjudicar a un gobierno, que, es cierto, interviene en la economía de manera tan confesa y contundente que ha logrado disminuir la arbitraria intervención de las corporaciones en el manejo de la cosa pública. Y es por eso que, parafraseando a Jauretche, me atrevo a desmentir a quienes piensan que hay un solo revisionismo. En el análisis histórico, hoy somos muchos los que revisamos. Claro que lo que importa, como en el caso del intervencionismo estatal, es a favor de quién.
Un revisionista a mi derecha, por favor. Hay un revisionismo nacional y popular (o populista, como diría Ernesto Laclau con orgullo) y otro revisionismo que ya ni siquiera me atrevería a llamar liberal, por respeto a Alberdi. Es un revisionismo británico hecho por argentinos. Esos que en mi barrio (y originariamente en la India) denominan cipayos. La palabra parece setentista, pero, en todo caso, es más moderna que el vocabulario (y el pensamiento) decimonónico pro imperial, que defiende un estatus tan perimido como vergonzoso, no sólo para nosotros, los revisionistas nac & pop, sino para las mismísimas Naciones Unidas. Estos herederos de Gunga Din, el general Goyeneche y el vicepresidente Roca (el del triste pacto con Runciman) deberían universalizar sus puntos de vista y proponer en los foros internacionales la devolución de Hong Kong y Macao al Reino Unido, ya que lo resuelto en ambos casos no consideró plebiscitariamente a sus pobladores.
Su afán revisionista, se ha visto recientemente, se preocupa por defender el punto de vista de los descendientes de los colonizadores intrusos en el territorio, con el argumento de que la Patagonia no era aún nuestra, allá por 1833. No les importa hablar de respeto para 2500 isleños, a contramano del derecho soberano de 40 millones de argentinos y de 450 millones de latinoamericanos, que, como bien señala nuestra presidenta, actúan en defensa propia. No se detienen a revisar la imposición de un orden colonial que impidió la migración y el poblamiento de argentinos durante ya casi 180 años de ocupación.
Nadie debe dudar del respeto a la población actual de Malvinas. Pero no se puede confundir respeto por sus derechos civiles, modo de vida, cultura, idioma, religión, propiedades, Derechos Humanos y libertades en general con derecho soberano. La Argentina democrática de hoy es un ejemplo de diversidad cultural, y respeto por las libertades y las diferencias: así lo atestiguan comunidades como la de los galeses patagónicos, la infinidad de escuelas privadas bilingües de nombre inglés, la libertad de culto y hasta los nombres ingleses de algunos de nuestros populares clubes de fútbol. Pero la soberanía nacional es otra cosa.
Sus críticos aspiran con cinismo a congelar mediante casus belli el derecho de los fuertes que, se sabe, es el derecho de las bestias. Alegan buscar la paz, ignorando que defender nuestro derecho soberano no es sinónimo de guerra, como bien lo expresa el gobierno argentino y casi toda la representación parlamentaria. Convenientemente, hacen la vista gorda de que la verdadera amenaza militar consiste en tener una base militar extranjera a pocas millas de nuestros recursos estratégicos. Y cuando digo “nuestros”, incluyo a Uruguay, Brasil, Paraguay y el resto de América del Sur.
Para cuestionar un gobierno que detestan, ¿es necesario ser tan genuflexos y funcionales a los verdaderos mandamases del planeta? No es casual, ahora es más claro, que quienes han firmado el manifiesto pro británico de revisión de la causa de Malvinas hayan sido tan críticos del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Su actitud los hace dignos de fundar otro instituto de revisionismo: el George Canning.
“Dios (con la ayuda de algunos otros) salve a la Reina”. La causa británica en las Malvinas ha ganado en estos días una batalla no menos importante que las militares, donde centenares de jóvenes compatriotas entregaron su vida defendiendo suelo latinoamericano, más allá de la fraudulenta conducción militar. Un grupo de prestigiosos intelectuales argentinos se ha volcado a la defensa de su causa imperial y colonialista. Como vemos, las armas de la revisión tienen corte de distinto filo, según el interés con que se usen. Ningún imperio puede mantener sus ambiciones colonialistas de manera perdurable sin la contribución cultural de los “nativos” funcionales a su visión e interés político.
Y en tren de revisar la historia, quisiera recordarles un episodio bastante aleccionador: el general Martiniano Chilavert era un militar unitario y antirosista. Tal vez nunca dejó de serlo, pero se decidió a cambiar de bando cuando la Confederación Argentina se vio amenazada por fuerzas imperiales y extranjeras. En su última batalla, Caseros, su artillería se desplegó con fuerza sobre los regimientos del Imperio del Brasil, entonces esclavista e invasor. En el bando contrario, algunos intelectuales como Sarmiento eran algo más que boletineros de la causa contra el “tirano”. Hacían la vista gorda, claro, de los abusos del ejército imperial que desfiló y humilló no ya a Rosas, sino a todo el pueblo argentino en el aniversario de la Batalla de Ituzaingó. También silenciarían de manera conveniente el millar de fusilados durante los primeros 15 días de ocupación de Buenos Aires. Y vale aclarar que el Brasil supo sacarse luego el lastre imperial y esclavista, y no precisamente con la ayuda de los liberales argentinos del siglo XIX, que también serían sus cómplices en la guerra de la “Triple Infamia”.
En definitiva, en materia de revisionismo, todo depende del interés que se defienda. Y para beneplácito del colonialismo, algunos, por estas tierras, andan mirando y revisando la causa de Malvinas con el cristal de la Union Jack.
(*) Secretario de Cultura de la Nación
Gentileza de Tano Biani tanobiani@gmail.com
