lunes, 22 de agosto de 2016

Tarifas: una 125 pero al revés

Por Roberto Caballero 
El gobierno avanzaba con su innata prepotencia y sin muchas luces hacia su propio escenario de 125 al revés, cuando apareció la Corte en escena y le tendió un puente de plata con su fallo por el tarifazo del gas, antes de que todo estallara por los aires.
Propensos al ritualismo extremo, los cortesanos –sin cuestionar en ningún momento la potestad del Ejecutivo para ejecutar su política económica– le brindaron una clase magistral de modales, planteándole la distancia lógica que hay entre el sexo consentido y la violación. Es decir, entre su capacidad para fijar cuadros tarifarios y el delito repudiable.
En otras palabras, le explicaron a Mauricio Macri y su ministro de la Shell, Juan José Aranguren, que avanzar con el saqueo al bolsillo ciudadano que se propusieron les exige, legal y mínimamente, llamar a audiencias públicas. Que, además, no son vinculantes. Con algo de sensatez y pedagogía jurídica le demostraron que las cosas pueden hacerse mal o peor, como se venían haciendo desde el gobierno deteriorando la expectativa social, incluso, del sector de la sociedad que lo votó.
Ninguna otra cosa rara. Fue una derrota a la pedantería oficial. Un revés previsible al estilo caprichoso y autoritario de Macri. Pero, bajo ningún concepto, un golpe definitivo al zarpazo confiscatorio gubernamental, cuyo carácter es estratégico. De hecho, la retracción de tarifas se aplica sobre red domiciliaria, apenas el 25% del consumo, y no sobre el 75% no residencial que engloba a pymes, comercios, industrias, clubes de barrio y universidades, que va a pagar seis veces más de lo que pagaban en marzo.
Es verdad que los ruidazos y los cacerolazos fueron útiles. Muy probablemente, de no haber existido la protesta masiva que se extendió a lo largo y lo ancho del país, la Corte habría dicho algo distinto o no habría hecho nada. Porque la neutralidad no existe en el mundo del derecho, a pesar de lo que digan los que viven de él y sus imposturas.
El contexto en el que se inscribe el fallo está dominado por esa protesta ciudadana y los números de las encuestas –la de Poliarquía, por ejemplo, que detectó que Macri cayó en su imagen positiva 4 puntos en un mes por la impopularidad del tarifazo–, que revelaron una encerrona en la que el gobierno quedó anegado al punto de no saber cómo salir con elegancia y sin pagar el costo pleno de su decisión, que confundió torpemente táctica y estrategia.
Es ahí donde apareció la Corte. Que no es una Corte popular, ni preocupada en grado alguno por los usuarios y consumidores, sino un poder más del Estado atento a preservar la gobernabilidad del sistema, aun contra los manejos desquiciados del Ejecutivo o quien esté a su mando.
Lo que la política no pudo resolver por sí misma, llevándola a un callejón sin salida, obtuvo entre los cortesanos un atajo inteligente, una táctica conducente, que la Casa Rosada no quiso tomar antes y ahora deberá tomar de manera obligada, sumándole legalidad aparente, cariz de legitimidad, a lo que no tiene otra justificación que la exigencia pecuniaria de las empresas de energía a un gobierno sensible a sus pedidos, al que consideran propia tropa.
El ala política del gobierno recibió con beneplácito el fallo. No Mauricio Macri, el ala política: la que quiere seguir ganando elecciones el año que viene o, al menos, se entusiasma con esa posibilidad remota. La cara de Marcos Peña, durante su conferencia de prensa, lo decía todo: el costo a pagar es menor si hay audiencias públicas, porque así lo exige la Constitución Nacional, y en su mirada apenas será un mero trámite a cumplir que no arriesga nada de lo esencial del ajustazo.
Eso no quiere decir que Macri haya tomado el fallo como lo que es: un amigable puente de plata cortesano. Su verdadero temperamento, expuesto de manera violenta entre los meses de enero y marzo, con su catarata de DNU, sus intervenciones públicas descalificadoras, sus extorsiones a gobernadores, sus promesas falsas a los opositores, su ánimo restaurador del libre mercado y las desregulaciones, no se lleva bien con los requisitos formales que hoy le reclama la Corte. Hay un límite de un aliado, pero no deja de ser un límite que lo incomoda porque le hace notar que gestionar un país no es lo mismo que hacerlo con un club de fútbol o un distrito rico como la CABA.
Podría decirse que enero no es agosto. Que el primer semestre no es igual al segundo. Que la comprensión a un presidente electo permuta en exigencia con el paso del tiempo. Que la Argentina es un país difícil de arrear, incluso, para alguien poderoso que cuenta con el aval de otros poderosos. Todo eso puede ser cierto, quizá lo sea, porque a todo a Macri le llega finalmente su baño de realidad. Gobernar no es un paseo y tampoco un compromiso part time de voluntario de ONG: exige todo, y no todos están capacitados para esa entrega.
De todos modos, el fallo de los supremos no es un Waterloo para el gobierno. Es apenas un aviso. Tal vez el más fuerte, hasta el momento, que provino de un sector aliado, con el que deberá convivir durante su mandato. Aunque no modifica el norte estratégico de su administración. La verdadera intención del gobierno es la que expresó Aranguren cuando fue a Diputados: dolarizar por dos el precio de los servicios. Que cuesten como en Alemania, con sueldos que no son los alemanes. Producir una transferencia de ingresos de la sociedad a las empresas de energía. Garantizarle una renta extraordinaria mediante un cuadro tarifario que nadie sabe cómo se compone, porque explicarlo en detalle desnudaría lo que hoy ya resulta evidente: no tiene nada que ver con lo que la gente pueda pagar, ni con lo que vale la energía, sino con lo que el mercado quiere cobrarse por ella.
Es una 125 al revés, donde esta vez el Estado, en vez de aumentar las retenciones al sector concentrado del agro para derramar sobre la sociedad una parte de la riqueza generada, procura lo inverso: aumenta los precios de las tarifas para expoliar los bolsillos ciudadanos y entregarle esa riqueza al sector oligopólico de la energía. Lo que el Estado dejó de percibir por las retenciones es casi la misma plata que le demanda mantener subsidios y tarifas al alcance de la gente. Es una decisión de política económica con perjudicados y beneficiarios concretos. Las empresas son las que ganan, la sociedad es la que pierde.
¿Y, así y todo, hay un sector del gobierno que cree que puede ganar las elecciones del año próximo? Sí. Difícil saber si Macri lo piensa así. Pero su coalición de gobierno, sobre todo sus socios radicales de derecha, hoy convertidos en una cooperativa de poder que reparte cargos y presupuestos menores bajo el ombú del poder real, suponen que hay alguna chance. Con Cambiemos sacando un 30% de los votos, todo depende de cómo se armen las listas. Sus críticas a Aranguren son críticas veladas a Macri. O, mejor dicho, a su testarudo capricho de pelearse con un sector de la sociedad por el tema tarifas al punto de hacer trastabillar el idilio con sus propios votantes.
Aranguren dijo que este aumento representa solo el 30% de lo que van a aumentar entre 2016 y 2017. Por eso el radicalismo apoya en público, pero boicotea el funcionario y su proyecto: 2017 es año electoral, y no es lo mismo discutir cargos en una lista con chances de sacar un porcentaje más alto o más bajo. A más votos, más cargos expectantes. Con menos, menos para el socio menor. En fin, reflejos de la vieja política.
Sobre las audiencias públicas, ya se dijo, no son vinculantes. Así lo marca la ley. El gobierno no está atado a lo que allí se discuta. Pero los hechos preceden al derecho. Dependerá de los afectados, realmente, que estas se conviertan en un hecho político que trascienda la letra legal. No es lo mismo una audiencia entre el gobierno y 300 representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, rodeada de vallas y sin cobertura mediática, que una convocatoria donde decenas de miles se manifiesten contra la política tarifaria oficial por irrazonable y confiscatoria, de cara, incluso, a otros amparos que puedan llegar a la Corte por la luz y el agua.
En tres semanas se sabrá si el macrismo paga algún costo político real por el saqueo en marcha o será la sociedad la que termine pagando lo que la Shell pretende.
Calladita y sin chistar.


domingo, 21 de agosto de 2016

Politizar

Por Alejandro Grimson
Alejandro Grimson 
El apoyo de la opinión pública al gobierno nacional se derrite de modo lento pero persistente. Hace un mes una mayoría consideraba que su situación personal estaba peor y también una mayoría tenía buenas expectativas en el futuro. Esa diferencia de percepción no podía sostenerse eternamente. Es que el futuro deviene presente. Y encima, del segundo semestre sólo llegó la fecha. Además, "el mejor equipo de los últimos 50 años" armó un embrollo de no creer con el tarifazo. Los "republicanos" ejercieron presión para que se hiciera la corte al supuesto "sinceramiento". Pero no pudieron amañarlo y más de uno debió preservarse del exabrupto.

Ya nadie recuerda que la economía iba a despegar de modo asombroso después de abolir el "cepo", bajar y anular retenciones y pagarles a los buitres. Pero no. La actual recesión con inflación ya solicita un nombre nuevo en la teoría económica. "Estanflación" es insuficiente. Y el anunciado 25% para este año se convirtió en una utopía de masas junto a la reducción de la pobreza.

Pobre sería el análisis político que creyera que esta situación económica será capitalizada políticamente por un sector determinado de la oposición. Mientras la realidad se emperra en desmentir una y otra vez todo mecanicismo, el capital político del gobierno no deriva sólo de los medios, sino de su éxito en la estrategia de estigmatización de todos aquellos que realicen una crítica. En ese punto, los trolls se propasaron cuando algún periodista oficialista exploró un "pero" y le tiraron una K por la cabeza. La verdad es que si todos los críticos fueran K, nos guste o no, Macri ya hubiera perdido las elecciones del año próximo. Pero no.

Ahora, su capital político emana también de la fragmentación de la oposición. Cuanto más se acentúa el problema de la identidad partidaria (la cercanía o distancia respecto de la K), más se acentúa la paradoja del momento. La identidad despolitiza el debate y debilita la construcción de una alternativa.

Politizar es desplegar una crítica al neoliberalismo que parta de los efectos más concretos que tiene en las vidas de los ciudadanos, con alternativas viables para el presente y el futuro. Politizar no es exagerar, porque eso incrementa la distancia con la sociedad. Politizar es hacer una crítica sistemática sin devenir apocalípticos. Politizar es dialogar con quienes fueron parte del 49 y del 51%, es promover miradas críticas. Es lo contrario de promover el enojo con la sociedad. La catarsis y el insulto despolitizan. Politizar es pensar. Politizar es diseñar estrategias, es comprender la temporalidad de la lucha social y de la lucha política. Es construir colectivos sin mezquindades, para defender todos los derechos.
El gobierno tiene derecho a ejercer hasta el último día su mandato constitucional. Sólo se cuestiona desde la raíz que tengan derecho a destruir derechos. Porque nadie votó eso, porque prometieron lo contrario y porque también el Congreso Nacional es constitucional.

Ahora, la implantación de un modelo neoliberal sólo está en sus inicios. Porque no llegaron para la libre venta de dólares. Cambiaron con habilidad su estrategia política para transformar las estructuras económicas, sociales y culturales de la Argentina. Y si lo consiguen, podrán hipotecar el futuro. De ahí la asombrosa belicosidad verbal. La "guerra sucia" cultural.

¿Qué sucedería si el gobierno no tuviera contrapesos sociales y políticos? En noviembre hubo una derrota electoral y política, pero todavía no se produjo una derrota social. Si se produce una derrota de la movilización social, se agravará el clima cultural y político. La mayoría de la sociedad terminaría aceptando estas políticas como inevitables y las movilizaciones dejarán de ser masivas para ser escuálidas. Que logren o no esa derrota social no depende sólo de sus estrategias. También de las estrategias sindicales, de los movimientos sociales y de la oposición política. La inteligencia estratégica radica en no desgastar, en articular, en dar batallas simbólicas, cargar energías, preparar para sumar, no caer en provocaciones.

La sociedad que ejerce su derecho a la protesta debe tener capacidad efectiva para defender sus derechos. Sin movilización, las paritarias hubieran sido peores, el tarifazo hubiera pasado en plenitud, la situación de las universidades públicas se habría agravado, no se habrían visibilizado los trabajadores de San Cayetano y así sucesivamente. Debemos valorar la diferencia abismal entre una sociedad dispuesta a luchar por sus derechos y sociedad derrotada.

Ahora bien, si eso se lograse, lo cual no es sencillo, quedan pendientes otros desafíos. Hace poco un dirigente social que trabajó en la Marcha Federal en 1994 y que ahora está trabajando en la Marcha próxima me decía: "tenemos que hacer una gran marcha; pero tenemos que saber que eso también lo hicimos antes y en 1995 Menem ganó por mucho en las elecciones". En este planteo se encuentra un punto crucial. El mayor de todos los desafíos. Una articulación política de diversidades contra el neoliberalismo.

Fuente: Tiempo Argentino


domingo, 14 de agosto de 2016

PESIMISMO POR LA ECONOMIA, REPUDIO AL TARIFAZO, OPOSICION CRECIENTE

Las cosas de mal en peor
Una encuesta exclusiva indica que siete de diez argentinos ven mal la economía y creen que los aumentos de tarifas son imposibles de pagar. Casi el 60 por ciento opina que la Justicia tiene que impedirlos y retrotraer los valores a febrero.
Por Raúl Kollmann

Siete de cada diez argentinos dicen que la economía está mal o muy mal. También siete de cada diez sostienen que es imposible pagar la tarifas de acuerdo al aumento dispuesto por el Gobierno, mientras que una nítida mayoría afirma que el ministro Juan José Aranguren debería renunciar. Nada menos que seis de cada diez argentinos sostienen que está de acuerdo con las protestas por los tarifazos, algo inhabitual porque, en general, suele suceder que los ciudadanos pueden estar en contra de tal o cual medida, pero tienden a ser reacios a las protestas.

En este clima, la imagen de Mauricio Macri y del Gobierno perdió entre 15 y 20 puntos desde diciembre, pero se sostiene en valores que considera aceptables (46 por ciento) porque todavía hay una franja de la población con una expectativa de que las cosas mejoren. Aún así, los opositores superan hoy en día con holgura a los oficialistas (47 a 33 por ciento), cuando hace unos meses los oficialistas eran mayoría.

Las conclusiones surgen de una amplia encuesta realizada por la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que dirige el sociólogo Roberto Bacman. El estudio hecho en todo el país, especial para Página/12, abarcó a 1200 personas, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. Las entrevistas fueron telefónicas.

Economía
“No existe duda alguna que la economía está sumergida en una crisis”, señala Bacman. “Existen diferentes datos de la realidad que la explican: inflación por encima de las expectativas del propio gobierno y por debajo de los aumentos salariales, incremento de la pobreza según mediciones privadas, caída de la actividad económica, descenso de las exportaciones incluso a pesar de los beneficios impositivos para los sectores agropecuarios, son algunos de los aspectos que en la actualidad más preocupan. Lo cierto es que al tope de las preocupaciones de los argentinos está la marcha de la economía y la inflación, pero cerquita nomás aparece la desocupación, con un porcentaje altísimo, el treinta por ciento”.

La metodología del CEOP permite dar más de una respuesta cuando se pregunta por las preocupaciones del momento, pero en otros estudios, en los que se admite una sola respuesta, es decir señalar la principal preocupación, la pérdida del empleo ya figura arriba de todo.

Para Bacman, “el desafío de la economía es sustancial para el futuro de la gestión de Mauricio Macri. Y lo es a tal punto que, cuando los argentinos tienen que evaluar la situación económica actual de nuestro país, el 72 por ciento afirma que es abiertamente negativa. ¿Por qué tanta diferencia con la aprobación de gestión? La respuesta es simple y sencilla: la realidad frente a la economía es más fuerte que el deseo y ante tal situación la esperanza, al menos, se pone en tela de juicio. Y esta explicación surge de los propios resultados de esta encuesta: la economía es negativa para el 66 por ciento del segmento de los independientes. Lo actuado por el gobierno solo recibe la aprobación del Núcleo Duro Macrista –los que respaldan en forma casi incondicional al Presidente– y como puede verse con claridad, a esta altura del partido eso solo no alcanza”.

Ajuste
“No sorprende que ocho de cada diez argentinos hayan señalado que han tenido que recortar gastos de su presupuesto familiar –apunta el titular del CEOP–, incluso con un incremento de 4,4 puntos con respecto al mes anterior. Es decir que son cada vez más los que tienen que recortar. En cuanto a los recortes propiamente dichos la estructura observada fue similar al mes anterior: 37,7 por ciento tuvieron que resignar en alimentos y bebidas (menos consumos de carnes y lácteos, más de harinas y polentas, pases a segundas y terceras marcas); el 27,2 por ciento recorta en servicios; 14,8 en ocio y entretenimiento; 9,7 en vestimenta y calzado y hasta un 2,6 por ciento en salud y medicamentos”.

“El primer dato expresa una realidad: quienes más tuvieron que recortar son los de clase baja y los residentes del conurbano bonaerense. Sin lugar a dudas afecta a los sectores más desprotegidos de la sociedad donde la falta de trabajo y el constante aumento de la inflación los está castigando. Asimismo, el ajuste en alimentos y bebidas inquieta más a los pragmáticos independientes, a los que no son ni oficialistas ni opositores. Este dato deja al descubierto que los sectores de la típica clase media también han tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos, cambiando hábitos de compra y consumo. El ajuste en los servicios afecta más a los de nivel bajo. Es indudable que no pueden pagar los aumentos que reciben y los que hasta el momento lo han hecho, es por el temor a que les corten los servicios. No existen dudas: estamos en el ojo de la tormenta de una verdadera crisis”.

Tarifazo
Bacman analiza que “para el 73 por ciento los aumentos son excesivos y tan solo un 20,4 por ciento entiende que son razonables. Para expresarlo con contundencia y en palabras sencillas: una cosa son los aumentos necesarios y razonables, y otra muy distinta es este aumento realmente feroz. Pero al mismo tiempo otro dato de esta misma encuesta ejemplifica crudamente la sensación actitudinal que hoy impera: para siete de cada diez argentinos ‘las boletas son imposibles de pagar’ y con el agregado de una percepción que para la mayoría ‘este es un gobierno que no posee sensibilidad social’. ¿Qué espera, entonces, la gente? Que la justicia actúe y retrotraiga los valores de las tarifas a febrero de este año. Para mayor precisión, así lo expresa un 56,9 por ciento”.

“¿Juan José Aranguren un chivo expiatorio? Algunos podrán decir que sí. Lo cierto es que la actuación del Ministro de Energía y especialmente sus declaraciones públicas lo han convertido en la ‘cara visible’ de los aumentos. Dicho de otro modo es la figura del gobierno que representa simbólicamente al tarifazo y por ende al ajuste. Y los argentinos así lo entienden: para casi la mitad de los entrevistados Juan José Aranguren debería renunciar”.

Grieta
Desde hace años, el CEOP viene preguntando al encuestado si se considera oficialista u opositor. Por supuesto que también hay siempre una franja intermedia de los que no se consideran ni oficialistas ni opositores. Hasta febrero, los oficialistas, es decir los adherentes al gobierno de Cambiemos, superaban a los opositores, 41 a 37 por ciento. Ya en marzo los opositores empezaban a ser más que los oficialistas, lo que llegó a un tope en mayo, cuando se anunció el tarifazo. Hoy por hoy, los opositores suman el 47 por ciento y los oficialistas el 33, es decir que hay 14 puntos de diferencia.

La imagen del presidente Macri se mantiene en lo que en el gobierno consideran aceptable, el 46 por ciento. Se sostiene especialmente en su núcleo duro, o sea los que son fuertes adherentes al macrismo y una porción de los independientes. De acuerdo al diagnóstico de Bacman, la administración Macri “se basa en el discurso de la pesada herencia y las denuncias de corrupción. Pero para que la crisis económica no derive en una crisis política necesita –paradójicamente– que sea la economía la que retome el camino del crecimiento. El desafío que este gobierno debe asumir en tal contexto es importante: los tiempos se acortan, el segundo semestre no será lo que prometieron y solo falta un año para las elecciones legislativas de medio término, cuyos resultados posicionan al oficialismo frente a un nuevo reto”.



Principales Preocupaciones


¿Debe renunciar el Ministro Aranguren?
Con el aumento, ¿las tarifas son impagables?

¿Tuvo que recortar gastos?