EL CISMA DEL SISTEMA JUDICIAL

Juez RADICAL Lorenzetti

Por Mercado y Transparencia   

 

Más de 680 firmas de magistrados y funcionarios se sumaron a las que conformaron el primer comunicado por una “Justicia Legítima” y esta vez convocan a una reunión en la Biblioteca Nacional para debatir los caminos para realizarla. Mientras, se habilitó la Feria para tratar la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales en un escenario más que oscuro.

 

En el juicio donde se discute la aplicación de la Ley antimonopólica de Medios Audiovisuales- aprobada por grandes mayorías de varios partidos- justamente al más grande operador –Grupo Clarín SA- se viene llevando un pleito de más de tres años para dictar una sentencia en un tema que debiera resolverse de puro derecho. Mas no se trata de cualquier tema, sino de la aplicación de una ley dirigida a preservar el pluralismo informativo en la democracia. Nada menos. Sin embargo, los artífices de las estrategias judiciales, con el guiño de los supremos, se las arreglaron, exitosamente, para que la causa quede radicada ante un tribunal que ostentosamente ha sido agasajado por las empresas oligopólicas con un suntuoso viaje pago al exterior, a la vista de toda la ciudadanía.

 

Estos son los jueces que van a fallar en un dilema histórico, que es el del pluralismo informativo y la democracia, enclavado desde las épocas de la dictadura al ofrecer la fábrica de Papel Prensa a los tres principales diarios, a cambio de silencio e impunidad. Hubiera sido esperable en este caso, más que en ningún otro, que los jueces que van a fallar una cuestión que atañe al interés superior de la ciudadanía fueran cuanto menos inobjetables, en vez de estar precedidos por una conducta que avergonzaría a cualquier persona de bien.

 

Más preocupante todavía es advertir que dichos jueces vienen siendo protegidos y avalados por la Comisión de Independencia Judicial, las Juntas Federales y la Asociación de Magistrados, tal como se manifestó en aquel Comunicado del 6 de diciembre de 2012 donde se proclamó el dogma de LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. Un eslogan vacío en los hechos, pero cuyos abanderados pretenden imponer como una verdad oficial.  Un acto institucional que no fue otra cosa que convalidar sin cortapisas el instituto del lobbismo corporativo, que ahora goza de la bendición del tribunal supremo. Más tarde, ese mismo día, dos jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal, ponían su firma para extender la medida cautelar que permite continúe el poder oligopólico multimedio del Grupo Clarín.

 

Sólo una posición de arrogante aislamiento ha llevado a creer que el resto de la judicatura se iba a deglutir semejante bochorno. Ya un creciente número de judiciales venían calentando motores desde la época de la presidencia del juez Ricardo Recondo al frente de la Asociación de Magistrados, cuando la entidad gremial de jueces y funcionarios se transformó en el bastión de las ideas políticas de su presidente gritadas a boca de jarro en los medios de comunicación, y que ahora sigue en la misma línea, pero con otras artes.

 

Vale recordar en ese sentido que, para rematar el descaro del célebre Comunicado corporativo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales -al mando del recientemente elegido Luis María Cabral- invitó a la emblemática Cena de Fin de Año de los magistrados a representantes de la tristemente célebre CERTAL –asociación financiada por Cablevisión-. Es de notar que en ningún momento se disimuló la promiscua relación de los jueces Recondo y Cabral con la entidad de lobby empresario, tanto es así que la Asociación de Magistrados figura como “entidad vinculada” en la el sitio web de CERTAL

 

Al propio tiempo, a la emblemática cena anual de los magistrados no fueron invitados ni el Ministro de Justicia de la Nación, ni siquiera el Viceministro.  Es decir que los organizadores del evento repelieron a los representantes del Poder Ejecutivo mientras alardeaban sin pudores de complicidad judicial corporativa con los dueños de la palabra audioviosual monopolizada. Este descaro motivó la retirada masiva de los integrantes de la Lista Celeste de la cena. En cambio, sí garantizó su presencia el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien a través de un mensaje grabado, destacó el 2012 como un año de grandes logros,  en especial, en el fortalecimiento institucional de “nuestro Poder Judicial” (sic).

 

“La idea que todos tenemos de un Poder Judicial fuerte, unido, desde nuestra Comisión de Independencia Judicial, la unidad que tenemos hoy inescindible entre la Junta Federal de Cortes, la Federación Argentina de la Magistratura, la Asociación de Magistrados, es decir, todos los niveles de justicia de todo el país, es una unidad que demuestra nuestra vocación de servir a la sociedad”, dijo Lorenzetti.

 

El espectáculo grotesco tocó fondo y suscitó la reacción, primero, de 200 magistrados y académicos que firmaron una solicitada clamando por una “Justicia legítima”, buscando diferenciarse del triste papel que han adoptado algunos altos magistrados en su coqueteo con los titulares de poderosos oligopolios mediáticos que pretenden desestabilizar la democracia. Apenas unos días después, 300 magistrados y 380 funcionarios judiciales más se sumaron al impulso democratizador, pese a que es totalmente extraño a la conducta de los jueces el rebelarse contra sus superiores.

 

El comunicado difundido el jueves pasado profundiza la idea de generar la construcción de un nuevo sistema judicial más cercano a los intereses de la comunidad, a través de radicales reformas en la elección de los jueces y en el intrascendente rol que juega el Consejo de la Magistratura. El  próximo 27 y 28 de febrero se juntarán a debatir propuestas en la Biblioteca Nacional.

 

Interín, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal declaró la habilitación de feria para tratar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el juez Alfonso que rechazó la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales planteada por el grupo monopólico. O sea, mientras se hacen los neutrales, el alto tribunal abrió y tabicó el camino para que la sentencia sea dictada por un tribunal que, valga la paradoja, mostró claros síntomas de no guardar la “independencia” debida con los poderosos intereses que atañen a la parte actora.

 

No sería la primera ni la única vez que si el juez está personalmente contra la norma, por razones de conveniencia, de ideología, de venalidad o de presión política, falle de tal manera que tienda a reducir su operatividad, produciendo una sentencia contra legem. “Nada me parece justo, en siendo contra mi gusto”, como decía Calderon de la Barca.

 

Ojala pudiese inventarse algún dispositivo normativo que elimine el riesgo del capricho personal del juez. Claro que para ello, primero habría que vencer la resistencia de las ideologías jurídicas engendradas al amparo de poderosos intereses corporativos.