Política, saqueos y negocios
Las huellas del saqueo que dejó la Sociedad Rural
son más nítidas que las de los gremialistas identificados o detenidos en
cuatro provincias. La recuperación de las doce hectáreas vendidas a
precio vil hace dos décadas no fue una medida apresurada para distraer
de otras cosas, sino la conclusión de un largo proceso bien documentado.
El obispo Radrizzani dice que Videla está arrepentido y el obispo Polti
Santillán expulsó a un cura que cuestionó el documento episcopal por el
7D.
Por Horacio Verbitsky
La
idea de que la decisión de recuperar doce hectáreas del Parque Tres de
Febrero haya sido una respuesta improvisada para distraer la atención de
los saqueos del 19 y el 20 de diciembre no resiste el análisis
objetivo. Por el contrario, tanto el Estado como la Sociedad Rural
preveían un crítico desenlace, hasta el punto de que en 2011 la Rural
pidió a la Justicia que impidiera una decisión que el gobierno aún no
había tomado, por lo que fue rechazada, y una acción declarativa de
inconstitucionalidad. En 1992, la Sociedad Rural pagó 10 millones de
dólares y se comprometió a cubrir diez cuotas anuales de dos millones
cada una, pero no cumplió, porque la oposición de asociaciones vecinales
y ambientalistas impidió el gran emprendimiento inmobiliario que
pensaba realizar. Mientras intentaba conseguir la autorización de la
Legislatura, se endeudó con el Banco Provincia para cumplir con las
construcciones comprometidas al comprar el predio. Esa deuda se está
pagando cada mes con un fideicomiso que administra todos los ingresos
que genera el predio. Pero además subsiste una deuda con el Estado
Nacional por el precio de venta, que según el ente que administra bienes
del Estado asciende hoy a 119 millones de pesos, suma que la Sociedad
Rural objeta. Dos dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación,
de 2010 y 2011, y las actas de la última Asamblea Ordinaria de la propia
Sociedad Rural, de hace apenas tres meses, revelan que la situación se
tornó insostenible mucho antes de ahora. La Sociedad Rural formó una
comisión encabezada por Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda del
dictador Leopoldo Galtieri, para estudiar alternativas que le
permitieran conservar esa propiedad que percibía en riesgo, pero sin
realizar ningún desembolso, como corresponde a la tradición nacional que
reverencia. Las alternativas planteadas por el gobierno nacional a la
Procuración del Tesoro eran perseguir el cobro de la deuda o revisar la
legalidad de la venta. El 2 de setiembre de 2010, el entonces Procurador
Joaquín Da Rocha respondió que como paso previo la Sindicatura General
de la Nación debía determinar “el precio cierto” del inmueble en el
momento de la venta y con las condiciones fijadas entonces. La SIGEN
sostuvo que el órgano competente e idóneo para ello era el Tribunal de
Tasaciones de la Nación y ese cuerpo consideró el valor del inmueble, al
contado y desocupado, en el equivalente a 63,6 millones de dólares de
1991. Pero en la causa penal que instruye el juez federal Sergio Torres
contra todos los funcionarios intervinientes en la venta fraudulenta,
encabezados por Carlos Menem y Domingo Cavallo, el perito tasador de la
Corte Suprema Juan Bialet Salas sostuvo que el predio no valía menos de
132 millones de dólares. Si a eso se suma que no se vendió cash, como
exigía la legislación vigente, sino a diez años que luego se estiraron a
veinticinco, y que no estaba desocupado sino con todas las
edificaciones que pertenecían al Estado, la suma podría decuplicar la
que se convino y ni siquiera se terminó de pagar. El 17 de julio de
2011, la nueva Procuradora Angelina Abbona se inclinó por la revisión
del decreto firmado en 1991 por Menem y Cavallo. El decreto 2552/12
publicado hace nueve días señala que es ilícita la venta a precio vil,
para lo que cita precedentes propios y fallos de la Corte Suprema de
Justicia que reconocen la posibilidad de declarar la nulidad en sede
administrativa, es decir sin intervención judicial. Como se ve, no hay
ninguna improvisación sino el punto final de un largo proceso bien
documentado. Es comprensible que la Sociedad Rural y sus aliados
políticos y económicos hayan caracterizado la decisión como vengativa,
dada la frontalidad de la contienda que plantearon desde la asunción de
CFK hace cinco años y la carencia de argumentos técnicos y legales para
fundamentar el rechazo (lo cual es diferente de decir que no encontrarán
un tribunal comprensivo que los ampare, aunque la jueza de primera
instancia en lo civil y comercial Silvina Bracamonte ya haya rechazado
la medida cautelar que presentó la SRA, representada por uno de los
ideólogos y ejecutores del desguace del Estado durante el menemismo,
Juan Carlos Cassagne). Si algún nexo puede establecerse entre el intento
estatal de recuperación del predio y los episodios organizados el 19 y
20 de diciembre, es que las huellas del saqueo que dejó la Sociedad
Rural son más nítidas que las de los gremialistas de ATE, Gastronómicos,
Comercio y Camioneros identificados o detenidos en Río Negro, Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires. Junto con los políticos liberales,
conservadores, radicales, de la Coalición Cívica Libertadora y del
Peornismo Opositor que el jueves se reunieron en el predio usurpado para
cantar el himno y maldecir al gobierno estuvo Gerónimo Venegas, el
puente de las cámaras patronales con Hugo Moyano. En 2011, Venegas
financió la campaña presidencial de Eduardo Duhalde y al conocer los
resultados dijo que eran fraudulentos, que Cristina no había llegado al
40 por ciento.
Un negocio brillante
La alarma que la situación provocaba entre los socios fue ostensible
en las asambleas de la entidad en los últimos años. En una de ellas, el
socio Roque Luis Cassini afirmó que estaba en juego “la propia
existencia de la Rural”. El auditor de la Sociedad Rural, Eduardo Del
Piano, afirmó que debido a la deuda el Estado Nacional podría ejecutar
el predio de Palermo. En la asamblea del 27 de septiembre de este año,
la misma preocupación fue expresada por Hugo Luis Biolcati, quien ese
día dejaba la conducción de la Rural. Una de las primeras decisiones de
esa asamblea fue proclamar como socio honorario al barón del azúcar y el
papel Carlos Pedro Blaquier, cuya detención por crímenes de lesa
humanidad había sido solicitada a la Justicia el mes anterior, debido a
su participación en los secuestros, torturas y asesinatos de
trabajadores luego del golpe de 1976. Biolcati informó luego a los
asociados acerca del proyecto de mudar la sede de la calle Florida a un
nuevo edificio que se construiría en una playa de estacionamiento
lindera con el predio de Palermo, en lo que definió con toda razón como
“un brillante negocio”, según el modus operandi habitual: la Rural no
haría “ningún aporte en dinero”. Sólo aportaría el terreno a un
fideicomiso, en el que otros fiduciantes invertirían para construir el
edificio. Los rústicos obtendrían a cambio el 40 por ciento de los
metros totales construidos, con playa de estacionamiento exclusiva en la
planta baja y los cuatro primeros pisos de la nueva construcción, con
entrada y ascensores propios. Para llegar a este feliz resultado, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería cambiar las reglas vigentes ya
que “esta zona no admite oficinas comerciales, que es el destino de los
metros de la Rural”. Una vez obtenido ese apartamiento de las normas,
fueron por más, mediante “una nueva presentación para optimizar el
proyecto, pidiendo que los pisos de arriba, que tienen como destino el
apto profesional, también permitan un porcentaje de metros con destino a
oficinas”, que es el uso con mayor demanda en el mercado inmobiliario.
Lo mismo ocurrió hace dos décadas con la compra del predio, que
integraba el Parque Tres de Febrero y que nunca dejó de ser un bien del
“dominio público del Estado Nacional”, por lo cual correspondía sólo al
Congreso disponer de su “uso y enajenación”, como ocurrió con los
terrenos cedidos en 1991 y 1995 a los reinos de España y Araba Saudita.
Sin embargo, invocando la ley de emergencia económica, el gobierno lo
vendió a la Sociedad Rural por decreto. Según el Código de Planeamiento
era una zona de Urbanización Parque, que sólo admitía “espacios verdes y
parquización de uso público”. Pero el boleto de compraventa mencionó el
predio como inmueble del dominio privado del Estado, innecesario para
el cumplimiento de sus fines, y delegó en la Sociedad Rural solicitar su
rezonificación al gobierno porteño. Los fundamentos para soslayar la
licitación y el pago al contado y recurrir a una venta directa a bajo
precio, con largo financiamiento y mínima tasa fue el carácter de
entidad civil sin fines de lucro de la Sociedad Rural y el compromiso
que asumió de limitar el uso del predio al funcionamiento de un Centro
Internacional de Exposiciones y Congresos. Pero el mismo día se
constituyó “La Rural de Palermo Sociedad Anónima”, una empresa con fines
de lucro, para explotar el predio vendido por monedas. Las autoridades
de la Sociedad Rural y de La Rural de Palermo SA, eran las mismas.
Cajas chinas
La ingeniera política y financiera de este acto de prestidigitación
fue aportada por el escribano Raúl Juan Pedro Moneta. Con el ocaso del
menemismo, la parte de Moneta fue a parar a manos de Ogden Corporation,
una empresa con sede en Estados Unidos que explotaba casinos,
aeropuertos y hoteles en lugares calientes, como la Triple Frontera.
Entre sus inversiones aportó 300.000 dólares a la campaña electoral de
la UCR y el Frepaso. A comienzos de siglo, Ogden Corporation se presentó
en convocatoria de acreedores. Como la Sociedad Rural no estaba
dispuesta a pagar por esas acciones, ya sobre la fecha de la subasta
aceptó la propuesta de asociarse con Alejandro Shaw y Francisco De
Narváez. Según explicó Biolcati durante la asamblea ordinaria en
setiembre de 2003, “representaban capital argentino, personas físicas,
caras visibles”, lo cual era un juicio implícito sobre la situación
anterior. Esa alegada visibilidad se perdió más temprano que tarde en el
juego de espejos de compañías controladas y vinculadas, de aportes
misteriosos, socios ocultos y balances incompletos. La negociación se
hizo a nombre de Shaw Capital S.A., pero el derecho de preferencia para
comprar en los tribunales de Nueva York las acciones de Ogden Argentina
fue cedido a la sociedad Boulevard Norte S.A. (con el 95 por ciento) y a
De Narváez (el 5 por ciento). En realidad Boulevard Norte es otra caja
china del propio De Narváez, que posee el 90 por ciento de sus acciones,
mientras el 10 por ciento remanente que le da la apariencia de una
sociedad anónima está en manos de un antiguo empleado suyo en Casa Tía.
De Narváez prometió pagar o refinanciar la deuda con el Estado y
absorber las deudas de la SRA con Ogden Rural, que le había adelantado
dos millones de dólares para la cuota anterior con el Organismo Nacional
Administrador de Bienes Estatales (ONABE). También se comprometió al
pago de un adelanto de 60.000 dólares mensuales durante cinco años, que
la Rural debería devolver con la mitad de las utilidades que percibiera
por el emprendimiento, que no generaba ninguna. Era una inversión a
largo plazo, que recién daría frutos si se realizara el negocio
inmobiliario prohibido, en el que debía participar la constructora de
Angelo Calcaterra, el nuevo jefe de la Familia Macrì, que incluía un
estadio cubierto para 12.000 personas, estacionamiento para mil
automóviles, cines, galería comercial, paseo de compras, restaurante y
confitería. Al mismo tiempo, agregó Biolcati, la Rural intentó
renegociar su parte de la deuda contraída con el Banco Provincia. El ex
gobernador Eduardo Duhalde no había requerido ninguna garantía para
otorgar el crédito original, pero su sucesor Felipe Solá la exigía para
renegociar. Como la Sociedad Rural se negó, el Banco presentó una
demanda ejecutiva por el total de la deuda, que sumando intereses pasaba
de 100 millones de pesos. Por último, en agosto de este año, el
perceptivo De Narváez vendió sus derechos de explotación del predio a
Fénix Entertaiment Group, la empresa de Marcelo Fígoli y Diego
Finkelstein que organiza conciertos y shows musicales en Miami y en los
mejores mercados de Sudamérica. Pero no le avisó antes a la Sociedad
Rural, que tiene el derecho de oponerse y mejorar la oferta o first
refusal.
Subtextos
Esta es en síntesis la trama a la que aludió Biolcati en su última
asamblea. Allí explicó que existía un “conflicto latente” con el ex
ONABE, que Cristina acababa de convertir en Agencia de Administración de
Bienes del Estado, a la que le encomendó “el uso racional y el buen
aprovechamiento de los mismos”. Biolcati reveló que también había sido
conflictiva la relación con De Narváez, quien “siempre desconoció su
obligación de pagar la deuda con el ONABE”. Cuando De Narváez vendió sin
previo aviso su parte a Fenix Entertainment, la Sociedad Rural se
reunió con Figoli y Finkelstein y les planteó sus condiciones para
aprobar la operación: que asumieran el pago al ONABE y que renegociaran
“las obligaciones o ciertos derechos sobre el uso del predio”. Según
Biolcati cada vez que la relación con el ONABE llegó al límite “De
Narváez se borró. Las consecuencias del incumplimiento no eran
favorables a nosotros. Las garantías prácticamente no existían, a
excepción de las mismas acciones de la sociedad usufructuaria y las
vinculadas, que en esas circunstancias no tenían ningún valor, porque
significaba que el predio estaba en ejecución”. Fenix pidió que el plazo
de usufructo se extendiera hasta 2035 y sugirió que la Sociedad Rural
iniciara un pleito con De Narváez. También propuso comprar la parte de
La Rural de Palermo SA, por un precio que cubriera el reclamo del ONABE,
más la indexación, los intereses y los punitorios. Pero eso implicaría
que, una vez vencido el contrato de usufructo, la Sociedad Rural no
tuviera más derechos sobre el predio. Biolcati agregó que como la
asamblea era pública había cosas que no podía explicitar. Aun así, dijo
que habían negociado con otros cuatro candidatos, cuyas ofertas fueron
menos satisfactorias que las de Fenix. El problema es que “no sabemos si
llegamos hasta 2017 (cuando termine de pagarse la deuda con el Banco
Provincia) sin que el ONABE nos cobre”, redondeó Biolcati. En noviembre,
Fenix vendió la mitad de lo que había adquirido al grupo IRSA, de
Eduardo Elsztain, mientras la Sociedad Rural retiene su 50 por ciento,
lo que puso en alerta a las asociaciones vecinales y ambientalistas que
se seguirán oponiendo a cualquier emprendimiento inmobiliario o
comercial en el predio. Estas son las crudas cuestiones de intereses
ocultas por las proclamas patrióticas, el canto del himno, el flamear de
la bandera y las invocaciones a la democracia y la libertad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario