Marcha y represión en Chile

Tras la ruptura de diálogo con el Gobierno y una truncada negociación de más de cinco horas con las autoridades de la Intendencia Metropolitana de Santiago de Chile, secundarios y universitarios realizaron la movilización prevista sin autorización gubernamental. Los carabineros volvieron a las calles con sus carros hidrantes para reprimir y controlar un supuesto desorden. La crisis educativa comenzó a inicios de mayo en reclamo por los altos costos de la educación, que cuenta con uno de los sistemas de mayor privatización del mundo.

El jefe de Seguridad Pública de la Intendencia, Gonzalo Díaz del Río, afirmó que el carácter irregular de la movilización es responsabilidad de los estudiantes. "Nosotros hemos demostrado la misma voluntad de diálogo, para compatibilizar el derecho a manifestarse de los estudiantes, con el derecho a transitar libremente y a vivir en paz, que también tienen el 1,2 millones de personas que cada día realizan sus actividades en el centro de Santiago", afirmó según difundió La Tercera.

Los estudiantes chilenos habían resuelto retirarse de la negociación abierta con el Gobierno de Sebastián Piñera. "Nosotros creemos que bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de trabajo", explicó Camila Vallejo, una de las dirigentes más visibles del movimiento estudiantil, al final de una reunión de casi cuatro horas con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Es que en simultáneo al anuncio de una ronda de negociaciones, el Gobierno anunció que impulsará una reforma del Código Penal que condenará con cárcel la ocupación de establecimientos públicos y privados (colegios, universidades, etc.).

A mitad del encuentro con el ministro de Educación, dirigentes de dos agrupaciones de estudiantes secundarios se retiraron de la reunión, y más tarde se sumaron también los representantes del Colegio de Profesores.

Los estudiantes aspiran a la creación de un sistema público que garantice educación gratuita y de calidad para todos y plantearon en la mesa un aumento en el pago por las regalías mineras, un incremento general de impuestos y la disminución de los gastos de las Fuerzas Armadas para recaudar mayores recursos a la educación. El presupuesto actual de educación supera los 11 mil millones de dólares, el más grueso entre todas las partidas. Para el próximo año, está previsto un incremento de 7,6 por ciento, considerado "insuficiente" por los estudiantes.

Sólo el 40 por ciento de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.