Por Martín García
En 1951 comienza la televisión argentina, primera en el mundo de habla hispana que surge por la iniciativa estatal durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Así se funda Canal 7 y su primera transmisión se realiza el 17 de octubre de 1951 con la figura de Eva Perón, como corresponde.
Al producirse el golpe de Estado de 1955, el gobierno de la Revolución “fusiladora” así como ingreso al Fondo Monetario Internacional, a lo que siempre se había negado Perón, llamó a licitación para abrirle el mercado y el “ascendiente” sobre la opinión pública argentina a las cadenas de televisión norteamericanas como parte del Plan de “entrega” de Argentina al Imperio norteamericano.
También, el gobierno de Aramburu y Rojas, al final de su período, como luego harían la dictadura del Proceso, al retirarse del gobierno y Carlos Menem en los ´90, privatizó las radios que había comprado el gobierno de Perón y estaba en manos del Estado nacional.
Tres días antes de que asuma el recientemente elegido Arturo Frondizi, (en acuerdo electoral con el peronismo), el gobierno de Aramburu firmó un decreto que adjudicaba los tres nuevos canales de TV “licitados” a los tres grupos empresarios norteamericanos, la cadena ABC, la NBC y la CBS.
Se trata de una decisión que se repite a lo largo de la historia con las dictaduras y los gobiernos que responden a los intereses norteamericanos en la región, cuando un gobierno está a punto de finalizar, le entrega los medios a grupos afines.
Como la Ley sancionada durante el gobierno del General Juan Domingo Perón, (la única sancionada hasta hoy día por un gobierno democrático) y constitucional, prohibía el ingreso de capitales extranjeros a la radiodifusión, se hizo una “simulación” en sociedad con los sectores de poder afines al régimen dependiente.
El canal 13 se puso a nombre de gente relacionada con la Unión Cívica Radical del Pueblo.
Desde su inicio dependió de la programación de la cadena norteamericana CBS.
El canal 11, a la Iglesia Católica ligado a la ABC.
Y el canal 9 a un empresario de la industria cinematográfica confiable para los norteamericanos ligado a la NBC.
Las grandes empresas de televisión norteamericanas estaban, entonces, en un proceso de expansión en Latinoamérica que culminó con el diseño y efectivización de la instalación de medios afines al Imperio: los Azcarraga en México, los Cisneros en Venezuela, los Mariño en Brasil, los Edwards en Chile, los Romay Salvo en Uruguay, los Isaias en Ecuador, y así en todos los países de la región.
Entonces se les entregó la licencia (la “antena” de TV) a los grupos “amigos” y a las cadenas norteamericanas, la posibilidad de crear productoras de televisión que le “brindaran” sus contenidos a esos canales recientemente licitados.
Las cadenas norteamericanas eran empresas que producían toda la programación de los canales, pero que, formalmente, en términos económicos y administrativos, no eran los canales.
De esta forma, los canales estaban en manos de argentinos testaferros que sólo eran antenas, y que lo único que podían hacer era transmitir cosas y todo el resto del canal estaba en manos de compañías norteamericanas, que eran las verdaderas dueñas del poder para que todo funcione.
Este proceso llevo algún tiempo.
Tres años desde que les adjudican la licencia.
Finalmente comenzaron a transmitir en el año 1960 canal 9 y canal 13, y en 1961, canal 11.
Durante la década del sesenta, el otro fenómeno que se va a dar es el desarrollo de los canales abiertos de TV en las provincias.
Entre la presidencia de Frondizi y la de Illia se otorgaron varias licencias de TV en las principales ciudades de las provincias argentinas.
Como estaban prohibidas las cadenas y también otorgarle licencias al capital extranjero, nuevamente lo que se hizo fue que las mismas productoras que le vendían los programas a los canales de capital, le vendieran la programación a los canales de las provincias.
Es decir se les dio “formalmente” los canales a sectores afines y la programación a las productoras norteamericanas.
Se conformó así un sistema audiovisual que al mismo tiempo que “desperonizó” la comunicación audiovisual, conformando cadenas al servicio del capital extranjero que ingresó “disfrazado” de “productoras” en el “control” de los medios.
Si bien formalmente no había cadenas, en definitiva las había de “hecho” en la práctica ya que los canales privados instalados en las provincias transmitían lo mismo que las productoras emitían por las antenas en Buenos Aires, con excepción de algún noticiero que se pudiera producir localmente.
Lo que termina resultando es que el modelo de televisión consistió en institucionalizar tres “cadenas” las productoras extranjeras en Buenos Aires controlando la producción, con la característica de que una parte importante del tiempo de emisión se cubría con gran cantidad de películas y series vinculadas a la industria norteamericana, más una parte de la incipiente producción nacional surgida en Argentina desde la instalación de canal 7.
A partir de la mitad de la década del sesenta, las empresas norteamericanas se empiezan a retirar del país dejando la responsabilidad política del modelo de TV en “buenas manos”.
Ya se había instalado el modelo norteamericano de televisión y ya no era necesaria la relación de propiedad directa. En 1965, Alejandro Romay le compra a la NBC, el canal 9.
En 1970, Goar Mestre, un empresario cubano amigo de Spruille Braden y hombre de confianza del departamento de estado norteamericano, junto con la editorial Atlántida de la familia Vigil, compran canal 13.
En 1971, Héctor Ricardo García, que era el dueño diario Crónica, compra canal 11.
Se venía el retorno de Juan Domingo Perón y había y una creciente ola antiimperialista en América del Sur con movimientos de liberación nacional y una fuerte crítica a los intereses norteamericanos.
En 1973 se vencían las licencias y el Estado decidió no renovarlas y se las quedo para sí.
El gobierno popular volvía a conquistar su soberanía audiovisual.
Perón antes de morir reúne a los sindicatos relacionados con los medios de comunicación audiovisuales y en una reunión pública transmitida por TV los escucha y les da como tarea hacer lo que “crean conveniente”.
Ellos habían dicho que había que “nacionalizar” los medios del oligopolio mediático (instalados por la Revolución “fusiladota” y los gobiernos “títere”) que controlaban los contenidos de la radio y la TV en Argentina a través de la producción de las cadenas norteamericanas y ponerlos en manos nacionales y populares al servicio del pueblo argentino.
Ese mandato póstumo de Perón, se convierte, a su muerte, en la “no” renovación de las licencias a dichos grupos por parte del gobierno de Isabel Perón y la ocupación de sus instalaciones por parte de los sindicatos y sectores políticos del peronismo, reconociéndole, con una indemnización a sus propietarios, la maquinaria y estudios de las “productoras” que el estado decide quedarse, en 1975, para asegurar la continuidad de la producción de programas, zanjando –además- la discusión que suscitan los empresarios respecto de si el plazo de sus licencias debía contabilizarse desde su adjudicación o desde su “salida al aire”.
En 1976, con el golpe militar los canales quedan bajo la orbita militar y al ser tres canales y tres fuerzas armadas se quedan cada una con un canal, uno para las Fuerzas Armadas, otro para el Ejercito y otro para la Fuerza Aérea y canal 7 va a al Comando en Jefe controlando a la opinión pública a los efectos de su la consecución de su objetivo de gobierno que era poner al país bajo la éjida del gobierno norteamericano.
Mantenían un régimen de competencia entre ellos, pero con monopolio del Estado “ocupado”.
Naturalmente mantienen la misma lógica de programación que tenían los canales antes de ser heredados por los militares. Paralelamente, en 1978, aparece la televisión color y la Dictadura del Proceso produce la renovación de canal 7 transformándolo en ATC y reuniendo a la enorme mayoría de programas con alto rating.
Se pasa a la televisión color con una gran inversión de la que se hizo cargo el Estado ya que los medios estaban en sus manos.
En 1980, la dictadura sanciona la Ley de Radiodifusión 22.285 firmada por Jorge Rafael Videla poco antes de dejar la presidencia.
Una ley autoritaria, que deja el COMFER en manos de los militares.
El punto más importante era el que definía quién podía ser licenciatario y quién no.
Definieron que solo podían serlo personas argentinas, (excluyen el capital extranjero ya que no tenía sentido abrirle la puerta a otras corporaciones multinacionales que las que controlaba directamente el establishment desde Argentina misma) y quienes tuvieran fines de lucro (dejando afuera de la TV a sectores ligados con instituciones).
No se les permitía acceder a licencias a las empresas dueñas de medios gráficos porque se temía que se produjeran grupos multimedia que pudieran controlar a la opinión pública.
En 1983, asume Raúl Alfonsín consolidando las licencias otorgadas por la Dictadura del Proceso y suspendiendo toda adjudicación de nuevas licencias de radiodifusión hasta que se cambie la ley.
El problema es que hoy sigue la misma ley y desde entonces nunca se sancionó otra norma ya que los sectores de poder en posesión de los grandes medios como canal 13 de Bs As tienen, en la práctica, poder de “veto” sobre las autoridades gubernamentales y el Parlamento argentino.
Una modificación que realizó Alfonsín fue permitir que el sector privado bajase señales satelitales.
Hasta ese momento el único autorizado a enviar y recibir señales satelitales al exterior era el Estado Nacional.
Y a partir de ello creció el sector del cable, porque los cableros podían bajar señales satelitales y redistribuirlas, con lo que aparecen las ofertas multicanales que resultan atractivas para quienes pueden pagar la suscripción al cable.
Encontramos en esta decisión el germen del servicio de cable, que recién va a triunfar en la década del noventa.
Previamente, en 1983 Romay y gracias a los servicios prestados al radicalismo en la campaña de Alfonsín, gana un juicio al Estado y se le regresa el canal 9 en 1984.
Romay no había aceptado la expropiación (Los otros canales sí lo habían aceptado y cobrado) inicia un juicio al Estado, lo gana y es el único al que le restituyen el canal.
Llegamos así al año 1989, cuando la situación en términos de programación era la misma que diseñaron los colonialistas para la Argentina.
MG/
Fuente: Economía y política de los medios de comunicación (Guillermo Mastrini)
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