Para hacerlo, hasta la semana pasada la jueza podía optar –como anticipó Miradas al Sur el último domingo– entre dos caminos: el primero, implicaba el cotejo de los perfiles genéticos extraídos de una pantufla y de prendas íntimas el 30 de diciembre del año pasado, y las muestras de saliva y sangre entregadas por los jóvenes ante el Cuerpo Médico Forense el día anterior, con los grupos familiares almacenados en el Bndg. En caso de que existiera correspondencia con alguno de ellos, determinar concluyentemente si los perfiles utilizados pertenecían a Marcela y Felipe. El segundo camino era más drástico, pero también más directo y certero: tomar nuevas muestras biológicas de los jóvenes, que permitieran un cotejo sin desconfianzas de ningún tipo.
Ahora, antes de tomar una determinación, la jueza deberá expedirse sobre una presentación de Abuelas de Plaza de Mayo en la que le solicita que se incline por una de las alternativas para sortear la encrucijada: la toma de nuevas muestras. El jueves 2 de diciembre –aunque sus repercusiones mediáticas se sintieron la semana pasada–, los abogados de la institución presentaron un escrito –al que accedió este diario– solicitándole a Arroyo Salgado “que se ordene la extracción de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas de Marcela y Felipe Noble Herrera” de “forma urgente”, para su oportuna comparación con las familias de los desaparecidos.
Después del operativo trunco del pasado 28 de mayo, en el que se recogieron objetos personales que estaban contaminados (en una prenda íntima de Marcela se detectaron perfiles genéticos masculinos y femeninos), la jueza ordenó “establecer la idoneidad y aptitud pericial” de las muestras que habían sido obtenidas por Bergesio el 29 y 30 de diciembre de 2009, para saber si se habían deteriorado por el paso del tiempo. Pero, además, para cubrirse ante una eventual impugnación de la defensa, pidió a los peritos que se expidan “sobre el carácter indubitable” de la pertenencia de las muestras a Marcela y Felipe Noble Herrera.
Los resultados de las pericias revelaron que tanto las muestras biológicas como los objetos personales eran “aptos para un cotejo con fines identificatorios”, pero en cambio, ningún perito –ni los de parte ni los del Bndg– pudo asegurar “de modo indubitable” que las muestras pertenecieran a los jóvenes. “Es evidente que para que la identificación se concrete, debe contarse con material genético indubitado de Marcela y Felipe Noble Herrera”, deduce el escrito presentado por Abuelas. Para el organismo querellante, la única forma de contar con ellos es a través de la obtención de material genético en forma directa.
Desde Abuelas consideran que la Ley 26.598 aprobada en noviembre del año pasado es clara al respecto. Cuando la víctima se niega a la extracción de sangre o saliva, el juez tiene que recurrir a métodos alternativos, pero la normativa aclara que sólo en caso de que “sea posible alcanzar igual certeza” y cuando el juez lo crea conveniente. Si las vías alternativas se agotan –razonan desde el organismo–, queda habilitada la obtención de sangre o saliva aún contra la voluntad de la persona. Es el caso de Noble: los allanamientos, infructuosos hasta el momento, han perdido el factor sorpresa.
Por su parte, la fiscal federal Rita Molina se mostró en desacuerdo con la presentación e insistió en que debe utilizarse la sangre y la saliva que había sido recabada por Bergesio en el Cuerpo Médico Forense. La discrepancia radicaría en que la funcionaria del Ministerio Público considera que no es competencia de los peritos determinar si las muestras son indubitables, sino de ella misma y de la jueza, y que por el momento no se han presentado argumentos de peso en el expediente que indiquen lo contrario.
Más allá de los tecnicismos de la presentación judicial, la preocupación de Abuelas pasa fundamentalmente por la confiabilidad de las muestras que posee la jueza. Nadie pone las manos en el fuego por elementos íntimos de Felipe y Marcela que no han sido sometidos a una tenaz cadena de custodia. La semana pasada, Estela Carlotto, en declaraciones radiales, insistió en “desestimar esas muestras, posiblemente contaminadas, vencidas, adulteradas, que surgieron de la ropa, y de las muestras de sangre y saliva que se tomaron en un lugar inadecuado”.
La prehistoria de aquellas muestras tiene varios conos de sombra. Cuando el juez Bergesio fue removido en abril por mal desempeño, “olvidó” enviarle a Arroyo Salgado, junto el expediente, uno de los tres juegos de la muestra de sangre que guardaba en la caja fuerte de su secretaría. Cuando la magistrada ordenó que lo remitiera, el viernes 15 de mayo, le anunciaron que la caja de seguridad había sido profanada: Fernando Goldaracena –hijo del defensor de Lambruschini en el Juicio a las Juntas– aquietó las turbulencias explicando que se le había roto a él: un síntoma de excesiva torpeza, teniendo en cuenta que Bergesio le había asignado un juego de llaves.
Peritum shopping. La mencionada ley que rige el funcionamiento del Bndg –sancionada en noviembre de 2009, un mes antes que Bergesio dispusiera la recolección de la sangre y la saliva–, estipula que todas las extracciones deben ser indefectiblemente concretadas en ese organismo. Los querellantes miran con recelo al Cuerpo Médico Forense, donde dejaron su sangre los hijos adoptivos de Herrera de Noble, que desde junio de 2008 hasta abril de 2010 estuvo intervenido por serias y prolongadas irregularidades.
El CMF es un instituto centenario que depende orgánicamente de la Corte Suprema y actúa como auxiliar del Poder Judicial en las causas penales. Su influencia en el devenir de las investigaciones es notable: una autopsia mal hecha puede dejar un asesino en la calle y un inocente tras las rejas. Promediando 2008, la Corte intervino el organismo, desplazó a sus dos máximas autoridades, y ordenó una auditoría interna de sesenta días –encabezada por la jueza Carmen Argibay– para detectar las anomalías y proyectar una reestructuración.
En diciembre de ese año, la integrante del Máximo Tribunal anunció los resultados de la pesquisa. Se supo, por ejemplo, que abogados con suficiente cartel elegían a su antojo los peritos que querían que intervinieran en sus expedientes. Lo que en la jerga de los jueces se conoce como “forum shopping”. Además, detectó varios ñoquis: algunos integrantes del CMF –cuyos cargos como titulares gozaban de carácter vitalicio gracias a una disposición de 1993 de la Corte menemista– ganaban como un fiscal (unos 13.000 pesos), tenían otros trabajos en clínicas o consultorios privados, y no cumplían ni una de las treinta horas que establecía el reglamento. Muchos de sus peritos habían sido nombrados a dedo durante los ’90. Las denuncias de corrupción también habían estado a la orden del día, y Argibay había abierto, después de la auditoría, más de un sumario administrativo.
La causa Noble sigue moviéndose, aunque no haya sido suficiente para obtener la prueba fundamental del ADN. La única, más allá de la pulsión financiera y el resto de los condimentos que rodearon las adopciones fraudulentas de Felipe y Marcela –ventilados la semana pasada a partir de la declaración del ex secretario de redacción de Clarín, Reynaldo Bandini–, que determinará de manera indubitable si a los verdaderos padres de Marcela y de Felipe se los tragó, como a tantos otros, la noche nefasta de la dictadura militar.
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