Por Sebastian Abrevaya
El
senador y consejero Marcelo Fuentes está en medio de la tormenta
política y mediática provocada por la resistencia del Grupo Clarín a
adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la
voluntad del Gobierno de aplicar una norma sancionada hace tres años y
por amplia mayoría. En diálogo con Página/12, Fuentes explica los
alcances del proyecto para regular el per saltum, cuestiona el proceso
de selección de jueces subrogantes de la Cámara Civil y Comercial, se
refiere a lo dicho por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y
responde las acusaciones opositoras sobre el supuesto avasallamiento del
Poder Judicial.
–Lo pidió la propia Corte que se reglamentara para que se le dé un marco institucional a una expresión de poder pretoriano. Se transforma en un recurso extraordinario por salto, reglado en el código procesal. No le amplía competencia a la Corte. Puede sólo intervenir en materia de competencia federal. Es excepcional, restringido y discrecional. La Corte decide por sí o por no. No implica un menoscabo de las atribuciones.
–Otros proyectos presentados plantean que la Corte no podrá avocarse de oficio sino solo a través de la apelación de una de las partes. ¿El proyecto del oficialismo es así?
–No, no, la Corte sigue teniendo su atribución pretoriana.
–El diputado radical Ricardo Gil Lavedra dijo que se busca “limitar” las atribuciones de la Corte Suprema...
–De ninguna manera, se está estableciendo cómo debe ser el procedimiento si alguna de las partes lo solicita. Se da traslado a la otra, la Corte resuelve fundadamente y punto.
–La oposición dice que no lo acepta por el contexto de avasallamiento a la Justicia.
–Siempre las leyes se dan en contexto, por eso mismo uno las presenta. ¿Qué mejor que aprovechar cuando hay una situación donde una cautelar paraliza una ley de la Nación para evitar que se repita en el futuro?
–Pero actualmente la Corte podría tomar el caso...
–La diferencia es únicamente el costo político. La Corte tiene que fundar por qué acepta o desecha. En última instancia lo que se está haciendo es avisarle a la Corte que una de las partes quiere que intervenga. Ella dirá que sí o que no, pero no es simplemente estar esperando que la Corte quiera intervenir. Se está ampliando el derecho de las partes de pedir un remedio extraordinario. La Corte no se puede agraviar porque no le genera mengua en sus atribuciones. Las partes no se pueden agraviar porque cualquiera lo puede pedir. ¿Cuál es el problema?
–Que se vuelva una costumbre habitual que termine desprestigiando a la Justicia...
–Lo que desprestigiaría es que la Corte hiciera lugar a cualquier cosa. Como en última instancia la Corte va a fijar jurisprudencia en los rechazos, va a ir estableciendo paulatinamente cuáles son las medidas excepcionales en las cuales interviene. Es una construcción a futuro.
–¿Con otra integración de la Corte no podría suponerse que se repita la violación de garantías de los ’90?
–Si no se reglamenta, la Corte también puede intervenir pretorianamente, como sucedió entonces.
–En medio del conflicto por la designación del juez en el juzgado Civil y Comercial
N° 1, que lleva la causa de la ley de medios, ¿qué responsabilidad le cabe al oficialismo por la gran cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial?
–En el grado de enrarecimiento de la política actual, generado por la expectativa y las maniobras de un grupo fáctico en torno de una sentencia, los últimos concursos fueron todos conflictivos. Si no estuviera en trámite este expediente, este concurso no generaría ningún problema. Hay un interés deliberado para trabar los mecanismos institucionales, para que operen irregularmente jueces que no son los jueces de la Constitución. Esa maniobra se les cae porque las condiciones políticas en las que pensaban poder presentar la sentencia, que era la derrota de Hugo Chávez, después se quedaron sin la escenografía.
–Finalmente la Cámara hizo una designación acorde con la ley de subrogancias de 2008, ¿seguirán las actuaciones en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura?
–Ahora la Cámara va a tener que dar explicaciones. La Cámara dijo que era un sistema de vieja data que nunca había sido observado. Que es lo mismo que decir: yo le pego a mi mujer porque nadie dijo nada. Esa irregularidad es el escenario propicio para los fraudes. ¿Qué pasa con las sentencias hechas así con jueces rotativos o jubilados? Nadie es responsable de nada. Así aparecen las connivencias de los estudios jurídicos con los jueces irregulares. Que esto aparezca al aire compromete a todo el sistema de administración de Justicia y pone en sospecha el fuero completo.
–¿Pero eso no generará un escenario de incertidumbre jurídica?
–Por eso la Cámara corrige el tema, no porque lo denunciemos nosotros, sino por el escándalo. ¿La Corte no sabía esto? La Corte tiene atribuciones de superintendencia.
–Las delegó en la Cámara...
–Bueno, que se haga cargo ahora. Es la cabeza de un poder. Si la Justicia está unida y solidaria, que se haga cargo de lo que hacen los unidos y solidarios. Es como descubrir que mañana el director del hospital no tenía título de médico.
–Lorenzetti habló de que la Justicia recibe presiones políticas y económicas, ¿qué reflexión le merece?
–Que le daría tranquilidad a la gente que dijera quién presiona. Está hablando como cabeza de un poder y dice que está siendo objeto de presiones. Hasta ahora todos suponen que la presión es política. Yo digo que reclamar el cumplimiento de la ley no es presión. Es una exageración que arma el Grupo Clarín.
–Pero hubo un reclamo público del oficialismo hacia la Corte Suprema...
–Todo ciudadano tiene derecho a reclamar. Nuestra respuesta no fue a la Corte, fue a la conferencia de prensa de la oposición que dijo que estamos presionando al Poder Judicial. Lo que dije es que si mis atribuciones como consejero y senador de reclamar por el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley son una presión y como consecuencia de eso se corrigen los procedimientos conforme a la ley, bienvenida la presión.
–¿No puede entenderse como una influencia del poder político sobre la Justicia?
–La Corte es un poder político también. La diferencia está en que el contenido jurídico es el que emana de la sentencia. Pero muchas veces la oportunidad y el momento de la sentencia son producto de una valoración política. Y la Corte lo hace. Tiene un manejo político cuando toma decisiones rápidas en aquellas cuestiones de aplauso fácil, y en aquellas cuestiones más conflictivas demora. Cuando el magistrado Lorenzetti da una charla filmada en un programa que se llama Tiempo político y dice “no vemos con buenos ojos la reelección”, ¿está hablando como magistrado o como político? ¿Qué sentencia lo avoca a definir eso?
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