SCIOLI EN EL LABERINTO BONAERENSE

Nunca un gobernador bonaerense llegó a la presidencia por la puerta electoral. Esta imposibilidad tiene raíces históricas, pero fue agravada por la reforma de 1994, que al mismo tiempo incrementó el peso electoral de la provincia y la privó de los recursos necesarios para intentar ese salto. Ese es el laberinto en el que se debate Scioli, con más chances pero también más angustias que Macrì, Massa, De la Sota y Binner.

Por Horacio Verbitsky

Recién esta semana quedó claro el sentido de la tentativa del gobierno bonaerense por instalar como tema del debate político la coparticipación de impuestos: Daniel Scioli sabía que le faltaban los recursos para responder a las negociaciones salariales que se repiten en los dos primeros meses de cada año, pero en lugar de enfrentar la situación montó el escenario para deslindar la responsabilidad en el gobierno nacional. El supuesto que orienta estos pasos del gobernador y que puede encontrarse a toda hora en la prensa amiga es que cuando la relación se tensa, quien pierde es la presidente CFK. Como en la Casa Rosada la lectura es distinta, se seguirán viviendo tiempos interesantes. No es que Cristina piense, en términos simétricos, que es Scioli quien desciende en la consideración pública. Más bien, le complace que quede en evidencia la disparidad de criterios administrativos, ideológicos y políticos. Continuidad con cambios porque coincidimos pero somos personas distintas, repite Scioli. Son dos proyectos políticos distintos, replican los kirchneristas. Durante diez años, Scioli acompañó con lealtad a Néstor y Cristina, objetan en La Plata. Pero entonces no estaba en disputa la conducción del proceso y ahora sí, es la respuesta inapelable. Y no se trata de una cuestión personal.

¿Qué te puedo cobrar?

Scioli ni siquiera se preocupó por reunirse con los sindicalistas docentes para comunicarles sus dificultades. No menos curioso es el método que escogió para impulsar su reclamo: una audiencia pedida en diciembre por su jefe de gabinete, Alberto Pérez, al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Difícil imaginar peor puerta: por un lado, la coparticipación no se inicia en esa cámara sino en la de los senadores, pero además Domínguez es la primera espada que se blandió para cortar las alas del sueño presidencial del gobernador. En febrero, Domínguez fue uno de los organizadores del encuentro de intendentes que desde Santa Teresita recriminaron los pujos autonomistas de Scioli. Cuando ocurrió lo que no podía ignorar que ocurriría, Scioli volvió a señalar hacia la Casa Rosada, ahora con la acusación de que no le permitían endeudarse para cumplir sus compromisos. Igual que el año pasado, quien respondió al lloriqueo bonaerense fue el ministro de Economía Hernán Lorenzino, no por un improbable ataque de institucionalidad, sino por su conocimiento de primera mano de las cuentas provinciales y del personal a cargo. Durante su presidencia, Néstor Kirchner formó un equipo encargado de supervisar las cuentas del gobernador Felipe Solá. Lo encabezaba Carlos Fernández y además de Lorenzino lo integraban Alejandro Arlía y Silvina Batakis, quienes hoy son los ministros de Infraestructura y de Economía de Scioli. En julio de 2012, Lorenzino expuso que el deterioro fiscal bonaerense comenzó con la asunción de Scioli y se cubrió con endeudamiento tal como hacía la Argentina en la década de 1990. Durante el primer cuatrienio de Scioli, mientras el resto de las provincias tuvieron un superávit de 7500 millones de pesos, Buenos Aires padeció un déficit de 13.500 millones, en ambos casos primario. Los compensó con un incremento del 64 por ciento de su deuda, contra 25 por ciento del resto del país, al mismo tiempo que la Nación se desendeudaba y aliviaba el endeudamiento de las provincias, Buenos Aires la primera. En vez de incrementar la presión tributaria, como el resto de las provincias, Scioli extrajo recursos a los más pobres, con el impuesto a los ingresos brutos, y subsidió a los más ricos. En ese lapso los impuestos inmobiliarios rural y urbano pasaron de aportar el 10,9 al 6,6 por ciento del total de la recaudación provincial, lo cual puede compararse con el 16,9 por ciento de Entre Ríos, donde el crecimiento de la recaudación total rondó el 50 por ciento. La política que el gobierno de Sergio Urribarri describe como de equidad y progresividad es la contracara perfecta. El inmobiliario rural rondaba el 8 por ciento de la recaudación total y la decisión de modificar alícuotas y avalúos provocó dos violentos tractorazos sobre la casa de gobierno en 2011 y una presentación por inconstitucionalidad que fue rechazada por la justicia. Dos años después, ese impuesto cubre el 12,6 por ciento de la recaudación total y la base tributaria se incrementó con 9000 contribuyentes nuevos; la morosidad se redujo en un 90 por ciento, por la aplicación de multas de valores similares a los que cobra la AFIP, y 5000 proveedores del Estado regularizaron su situación cuando se les exigió un Certificado de Libre Deuda con la provincia para cobrar sus acreencias. Además, el cruce con la base de la AFIP permitió detectar a 3524 propietarios de inmuebles rurales y urbanos que los arrendaban pero no pagaban los Ingresos Brutos correspondientes. También se reimplantó el impuesto a la herencia y se registraron 4300 embarcaciones que no estaban empadronadas. En cambio en Buenos Aires, por no afectar a los sectores de la zona núcleo de la oligarquía, cuyos campos se valorizaron en un 50 por ciento promedio, a impulso de los precios extraordinarios en el mercado mundial, Scioli basó cada vez más la recaudación en el regresivo impuesto a los ingresos brutos, que pasó a representar el 75 por ciento de la recaudación. Tuvo que ser el gobierno nacional el que forzara a Scioli a decretar el revalúo fiscal sobre el que se aplican las alícuotas del inmobiliario rural, como condición para el auxilio del medio aguinaldo de junio pasado. Pero aún así el gobernador le introdujo tantas condiciones al reglamentarlo que minimizó su efecto y no resolvió la crisis estructural. Con la misma contundencia de entonces, Lorenzino objetó ahora la política de endeudarse para enfrentar gastos corrientes, como camino seguro a la catástrofe. ¿Es incongruente proyectar que si alguna vez se realizara su fantasía de acceder a la presidencia, Scioli aceptaría las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y reanudaría el ciclo del endeudamiento que durante demasiados años estranguló las posibilidades de crecer y distribuir de la economía argentina? Más allá de las especulaciones sobre costos relativos para cada gobierno, la administración central volverá a tener el rol protagónico en el rescate de Buenos Aires, porque es inimaginable que el hundimiento de la provincia en la que viven y producen cuatro de cada diez argentinos no afecte al resto. Como es obvio, ni hará falta mencionar esta cuestión cuando Cristina le informe a Scioli quiénes integrarán las listas nacionales y provinciales del Frente para la Victoria en octubre. En agosto serán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y treinta días antes la presentación de los candidatos. Esto implica que Scioli tiene hasta mediados de junio para decidir si seguirá acompañando a regañadientes o dará el salto al vacío al que lo invitan quienes no tienen otra esperanza. Una tercera opción que está explorando es conformarse con lo que le ofrezca Cristina, pero colocar algunos candidatos propios en las listas de su viejo amigo Francisco De Narváez, siguiendo las huellas de su hermano Pepe. No parece una apuesta con mucho sex appeal para alguien con tantas aspiraciones.