“Los que estamos aquí queremos ser parte de una Justicia más
plural y más independiente, dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su
actuación ante la ciudadanía entera. Nos une la convicción de que existe un
modo diferente de ejercer la magistratura y la jurisdicción.
Rara vez en estos casi treinta años de recuperación del Estado de Derecho, y salvo
honrosas excepciones, un número tan importante de jueces, fiscales, defensores
públicos, funcionarios y empleados han firmado con nombre y apellido un
cuestionamiento claro y enérgico como el que se expresa en los documentos de
“Justicia Legítima.” Así se habilita el escenario de un debate público en el
que sin desconocer la mayor responsabilidad que nos corresponde como
integrantes del Poder Judicial, aspiramos a sumar muchas voces y muy diferentes
actores sociales para inaugurar mecanismos de participación ciudadana.
También es inédito y
auspicioso que miembros de las justicias federal, nacional y locales elijan
modos de encuentro y participación como el de esta asamblea nacida de una
convocatoria en la que nadie se arroga la representación de otros, ni apela a
distinciones o jerarquías que no reconocemos ni aceptamos.
Es el primer paso de
un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera
falaz e intencionada de “invocar independencia” para encubrir sumisión a
grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de
ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de
Derecho. Defendemos una noción de independencia que no ignore la trama de
poderes formales e informales que atraviesa el espacio en el que trabajamos y
el mundo en el que vivimos y somos conscientes de los deberes que nos son
propios y estamos dispuestos a cumplirlos sin claudicaciones.
Llegó la hora de mirar
hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra
autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo
y una “justicia legítima”. Para conformar otro sistema de justicia hay que
partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la
vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho, la defensa y ampliación
permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la
Constitución y en los tratados internacionales y el rechazo de toda forma de
discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género. Sabemos que
todavía hay que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en
la estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel.
Queremos discutir cómo
se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes; cómo y por quienes
se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la
institución judicial en todos sus niveles; cómo se asegura que la postulación y
elección de miembros de los consejos de la magistratura sea abierta y sin
restricciones; cómo se conforma y se exhibe la gestión de los recursos, de la
jurisdicción y de la administración; cuáles son las condiciones imprescindibles
para efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los
vulnerables y cuáles las posibles vías de intervención de la sociedad civil en
la construcción de una Justicia fuerte, independiente y democrática. Y estamos
dispuestos a persistir en este intento.”
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