El ejercicio de la libertad de prensa hoy, en la Argentina, es pleno. Quienes perciben lo contrario quizás olvidan que cuando a esa libertad la ejercen todos los sectores de la sociedad, las diferencias forman una cultura a cuyas tensiones no hay por qué temerle. Excepto que se desee que sólo tengan derecho a hablar aquellos que siempre tuvieron voz, incluso en momentos en los que nadie podía expresarse.
Todos sabemos que poco antes de asumir como presidente, Néstor Kirchner
recibió de un antiguo y jerárquico empleado del diario La Nación una
lista de exigencias. Se intentaba quebrar el vínculo que sostiene a
todas las democracias saludables: la relación entre la sociedad y el
Estado.
Se presionaba al presidente recientemente electo para que se alineara sin condiciones con Estados Unidos, dejara atrás la idea de los juicios a los represores de la dictadura de 1976 y reprimiera con dureza la protesta social, entre otras sugerencias. Néstor Kirchner rechazó esa presión y la hizo pública. Como responsable del Estado, lejos de ocultar los hechos, los divulgó en detalle ante todos los argentinos.
Se presentó una situación frente a la que había dos posibilidades: o se pactaba con los poderosos firmando en la sombra los “contratos” redactados por sus voceros, o se honraba el pacto público con la ciudadanía. Porque lo que se intentó en vano imponer al futuro presidente de los argentinos fue un plan de gobierno, ese manual de estilo con el que las corporaciones mediáticas poderosas sueñan con guiar al Estado y, por extensión, a toda la sociedad.
Esa fricción no significaba un problema “periodístico”. Era un problema político. La pregunta es ¿por qué ese deseo político no fue publicado de una manera franca en el diario que lo incubó?, ¿porque había que guardar las formas?, ¿porque hasta ese momento casi siempre había existido una cultura del acuerdo invisible entre los gobiernos y los medios más poderosos? ¿Por qué no hacer público algo que siempre pudo “cerrarse” en la intimidad?
Néstor Kirchner transitó una costumbre a la que ya no son ajenos muchos países: cuestionar a los poderes concentrados que se mueven detrás de los grandes medios de comunicación. No hay ninguna falta legal ni moral en hacerlo. No hacerlo sería una falta política. No es un cuestionamiento a los trabajadores de prensa, a quienes hay que respetar sin condiciones. Es plantear un debate político con quienes se habían acostumbrado a que el poder popular cumpla todos sus deseos e intereses.
En noviembre de 2009, por iniciativa de la presidenta, el Congreso de la Nación eliminó del Código Penal los delitos de calumnias e injurias. Fue una reforma sancionada para que el derecho de ejercer la libertad de prensa no tuviera ninguna restricción. La paradoja es que quien más sufre esa medida es quien la impulsó. Porque no debe haber habido en la historia argentina ningún presidente al que se le haya faltado tanto el respeto –ya sea a su investidura como a su persona– como a la presidenta de la Nación.
Sin embargo, nadie la oyó abjurar de ese beneficio del que goza la prensa. Hay convicción en defender el ejercicio pleno del derecho a informar, aún cuando algunos hayan desviado ese derecho hacia el vicio del insulto.
También el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, casi 30 años después de la Ley de Radiodifusión impuesta por Videla en 1980. Ir emparchándola ad hoc alcanzaba para expandir negocios e influencias.
El problema se presenta cuando el trabajo de informar o el debate público son reemplazados por la violencia. La agresión que sufrieron recientemente los periodistas del canal público, la agencia Télam, los diarios Tiempo Argentino y Crónica, el portal Malviticias y América TV son actos oscuros que merecen señalarse, así como revelar la identidad de sus responsables políticos y civiles. Se trata de una violencia que no viene de ninguna necesidad, sino del odio ideológico y de la impotencia intelectual y social para convertir ese odio en fuerza política. Mejor dicho, viene de la necesidad de odiar que caracteriza a un segmento ínfimo de la sociedad argentina que desea un país pequeño y, si es posible, de su propiedad.
Se presionaba al presidente recientemente electo para que se alineara sin condiciones con Estados Unidos, dejara atrás la idea de los juicios a los represores de la dictadura de 1976 y reprimiera con dureza la protesta social, entre otras sugerencias. Néstor Kirchner rechazó esa presión y la hizo pública. Como responsable del Estado, lejos de ocultar los hechos, los divulgó en detalle ante todos los argentinos.
Se presentó una situación frente a la que había dos posibilidades: o se pactaba con los poderosos firmando en la sombra los “contratos” redactados por sus voceros, o se honraba el pacto público con la ciudadanía. Porque lo que se intentó en vano imponer al futuro presidente de los argentinos fue un plan de gobierno, ese manual de estilo con el que las corporaciones mediáticas poderosas sueñan con guiar al Estado y, por extensión, a toda la sociedad.
Esa fricción no significaba un problema “periodístico”. Era un problema político. La pregunta es ¿por qué ese deseo político no fue publicado de una manera franca en el diario que lo incubó?, ¿porque había que guardar las formas?, ¿porque hasta ese momento casi siempre había existido una cultura del acuerdo invisible entre los gobiernos y los medios más poderosos? ¿Por qué no hacer público algo que siempre pudo “cerrarse” en la intimidad?
Néstor Kirchner transitó una costumbre a la que ya no son ajenos muchos países: cuestionar a los poderes concentrados que se mueven detrás de los grandes medios de comunicación. No hay ninguna falta legal ni moral en hacerlo. No hacerlo sería una falta política. No es un cuestionamiento a los trabajadores de prensa, a quienes hay que respetar sin condiciones. Es plantear un debate político con quienes se habían acostumbrado a que el poder popular cumpla todos sus deseos e intereses.
En noviembre de 2009, por iniciativa de la presidenta, el Congreso de la Nación eliminó del Código Penal los delitos de calumnias e injurias. Fue una reforma sancionada para que el derecho de ejercer la libertad de prensa no tuviera ninguna restricción. La paradoja es que quien más sufre esa medida es quien la impulsó. Porque no debe haber habido en la historia argentina ningún presidente al que se le haya faltado tanto el respeto –ya sea a su investidura como a su persona– como a la presidenta de la Nación.
Sin embargo, nadie la oyó abjurar de ese beneficio del que goza la prensa. Hay convicción en defender el ejercicio pleno del derecho a informar, aún cuando algunos hayan desviado ese derecho hacia el vicio del insulto.
También el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, casi 30 años después de la Ley de Radiodifusión impuesta por Videla en 1980. Ir emparchándola ad hoc alcanzaba para expandir negocios e influencias.
El problema se presenta cuando el trabajo de informar o el debate público son reemplazados por la violencia. La agresión que sufrieron recientemente los periodistas del canal público, la agencia Télam, los diarios Tiempo Argentino y Crónica, el portal Malviticias y América TV son actos oscuros que merecen señalarse, así como revelar la identidad de sus responsables políticos y civiles. Se trata de una violencia que no viene de ninguna necesidad, sino del odio ideológico y de la impotencia intelectual y social para convertir ese odio en fuerza política. Mejor dicho, viene de la necesidad de odiar que caracteriza a un segmento ínfimo de la sociedad argentina que desea un país pequeño y, si es posible, de su propiedad.
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