La oferta fue del 22% de aumento, más 2.000 pesos por presentismo. El aumento fue propuesto en tres tramos: 12% ahora, 5% en agosto y 5% en noviembre. Esto llevaría el sueldo inicial mínimo a 4.167 pesos. Si a eso se le suma 1.000 pesos en junio y otros 1.000 en diciembre por presentismo, prorrateado en 12 meses, el ingreso básico sería de 4.333 pesos. Si se considera globalmente, el aumento propuesto sería de 26,8%.
En el modo en que cierren los acuerdos paritarios se juega buena parte de la apuesta del Gobierno a bajar la inflación, que arrancó alta (3,7%) a partir del nuevo índice de variación de precios puesto en marcha en enero. El resultado de las negociaciones con los gremios docentes, por ser las que abren el juego de las pautas salariales, centra toda la expectativa, ya que ineludiblemente el porcentaje de aumento que se otorgue será tomado como referencia pese a las múltiples diferencias entre este sector y otras actividades del mundo laboral.
De poco sirve la apelación del Gobierno a que los gremios tengan en consideración lo que mejoró el poder adquisitivo de sus salarios en los últimos diez años. Con los mismos parámetros que influyeron en las elecciones legislativas del año pasado –donde la mayoría de la gente no fue a votar con la película de la década, sino con la foto del presente y las promesas para el futuro– los sindicalistas tienen que dar respuesta a las demandas actuales de sus representados. No se trata necesariamente de ingratitud, aunque en muchos casos es seguro que la hay.
Parte de esa idea se puso en juego anteayer en el Ministerio de Educación al abrirse formalmente la discusión entre el Gobierno Nacional y los sindicatos docentes. De un lado de la mesa, acompañando al ministro de Educación, Alberto Sileoni, y al viceministro, Jaime Perczyk, estaban el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo que daba cuenta de la importancia que el Gobierno le otorgaba al tema. Del otro lado, una decena de secretarios generales de distintos sindicatos, entre los que se destacaban Estela Maldonado (Ctera), Roberto Baradel (Suteba), Eduardo López (Ute), Mario Almirón (Sadop) y Sergio Romero (Uda).
Los funcionarios buscaron acercarse a la cifra que pedían los docentes, pero partiéndola en rubros para que el porcentaje formal de aumento no fuera tan alto. La oferta fue del 22% de aumento, más 2.000 pesos por presentismo. El aumento fue propuesto en tres tramos: 12% ahora, 5% en agosto y 5% en noviembre. Esto llevaría el sueldo inicial mínimo a 4.167 pesos. Si a eso se le suma 1.000 pesos en junio y otros 1.000 en diciembre por presentismo, prorrateado en 12 meses, el ingreso básico sería de 4.333 pesos. Si se considera globalmente, el aumento propuesto sería de 26,8%.
Los docentes pidieron, para empezar a negociar, un salario de de 4.860 pesos, aunque el piso interno que se fijaron sería de 4.500 pesos. Es decir que la diferencia real sería de menos de 200 pesos, una brecha que no parece difícil de zanjar. Si el Gobierno estira un poco su propuesta y modifica los tramos, estaría a tiro del acuerdo, pero hay un abismo insalvable que no es de dinero: la cuestión del presentismo.
Un estímulo de ese tipo parece a priori una medida destinada a complacer a gran parte de la sociedad deseosa de que los abusos de muchos docentes, que faltan injustificadamente con la anuencia del sistema, sea castigada de algún modo, o, en contrapartida, sea premiado el que cumple. Pero ese cuadro de situación no parece que pueda ser modificado con un incentivo económico por presentismo. Al ausentismo docente hay que combatirlo, por supuesto, pero con otras herramientas, que desde el traspaso de las escuelas y los docentes de la Nación a las provincias, están en manos de los gobernadores más que de la Presidenta o del Ministerio de Educación de la Nación.
Pero lo más grave para el kirchnerismo es que estaría llevando adelante una iniciativa que se emparenta con el concepto de educación del liberalismo de los ’90. El premio por presentismo encaja en la idea economicista de la educación, donde ésta es considerada un gasto y no una inversión para el cumplimiento de un derecho.
Quizá el Gobierno encuentre una fórmula para incorporar esos 2.000 pesos anuales pero por otro concepto. Algunos deslizaban la idea de destinarlo al estímulo de los docentes que hacen cursos de capacitación y perfeccionamiento. Ese matiz quizás podría ser aceptado por los gremios.
Dirigentes docentes como Maldonado o Baradel, que reconocen abiertamente cómo el proyecto político gobernante mejoró la calidad de vida de los trabajadores, no figuran en la lista de los sindicalistas que quieren ponerle palos en la rueda a Cristina. Pero, como prioridad, buscan cumplir con la responsabilidad que le otorgaron al ser electos en sus sindicatos. Cristina, por su parte, necesita que el número final del porcentaje de aumento sea lo más bajo posible dentro de lo razonable, para que no dispare pedidos desmedidos de otros gremios. Ella también cumple con la responsabilidad del Jefe de Estado. El desafío es hallar el punto de encuentro.
Esta semana volverán a reunirse los mismos actores para seguir dialogando y ver si pueden acercar posiciones. De no llegar a un acuerdo, el Gobierno –como anticipó Capitanich– volvería a establecer el piso salarial docente por decreto, al igual que en 2012 y 2013. La paritaria nacional docente que creó Néstor Kirchner tenía como objetivo mejorar los sueldos docentes que por entonces era paupérrimos. Fue un modo de obligar a las provincias a dar mejores aumentos, lo que cerraba con el fondo de garantía docente, también impulsado por Kirchner, por el cual el Estado Nacional se compromete a aportar dinero a las provincias que no pueden llegar a pagar el mínimo establecido a nivel nacional. Esa herramienta, eficaz para un gobierno con vocación distributiva y en épocas de expansión, se transformó en un búmeran ahora que la crisis internacional presiona sobre los países emergentes, entre ellos Argentina.
Con acuerdo o por decreto, una vez definida la situación empezarán las verdaderas paritarias en cada provincia. Hasta ahora la única que se firmó fue en Salta con un 25% de aumento y están cerca de hacerlo en Córdoba y San Luis. Hasta el momento, y cómo se informaba en Miradas al Sur el domingo pasado, lo que se avizora son paros que impedirán el comienzo de las clases en la mayoría de las provincias.
Mientras esto se define, los gremios enrolados en la CGT avanzan en charlas preliminares con sus patronales sin acelerar definiciones en un respaldo tácito al Gobierno y su necesidad de ganar tiempo para bajar el índice de precios.
La inflación de febrero, aunque alta, debería ser menos que la de enero. Y la de marzo podría bajar sustancialmente. Con un trimestre definido habría una perspectiva más adecuada para proyectar la inflación anual y pactar acuerdos salariales más razonables.
Para que el secretario general de la CGT, el metalúrgico Antonio Caló, y el líder de los mecánicos, Ricardo Pignanelli (los dos gremios industriales más importantes) puedan imponer el concepto de paciencia ante sus pares, será clave la decisión del Gobierno de destrabar parte de la deuda que el Estado tiene con las obras sociales sindicales. En la última reunión que Cristina tuvo con estos sindicalistas se habló del tema y la Presidenta instruyó a la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, para que avance en la negociación de ese reintegro.
La paciencia pedida a los sindicalistas va de la mano del esfuerzo del Gobierno por frenar la suba de precios y en eso anda Kicillof y su equipo. El mecanismo es el mismo que está implementando desde que es ministro: acordar precios por sector y con todos los actores de la cadena que forman el precio al consumidor. La semana que pasó estuvo concentrado, principalmente, en negociar con la difícil industria farmacéutica, que en diciembre y enero pegó dos duros aumentos, y que como bien dijo Cristina con marcada intencionalidad, tiene en el Estado a su principal cliente. Kicillof quiere que retrotraigan los precios de los medicamentos de mayor consumo a los valores que regían en diciembre. Las farmacéuticas se resisten y proponen bajar un poco los precios actuales, pero que sean un 7% superiores a los de diciembre. El Gobierno sigue presionando para que se acepte su postura. Así de difícil es todo por estos días.
Mientras transcurre esta pelea, el peronismo bonaerense se reunió ayer en Santa Teresita para darle un fuerte respaldo a Cristina. Allí estuvieron varios de los potenciales candidatos presidenciales del oficialismo para 2015, entre ellos, el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y Capitanich, además de muchos ministros, funcionarios nacionales y provinciales y la totalidad de los intendentes del espacio. Todos ellos hicieron referencia a las movidas desestabilizadoras que sufrió el Gobierno en los últimos tiempo (Scioli calificó a sus protagonistas de “miserables”) y destacaron la capacidad de la Presidenta para afrontar esta situación. El respaldo llega una semana antes del esperado discurso de Cristina en la tradicional apertura de sesiones del Congreso.
Daniel Míguez
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