Los unitarios no podían dejar con vida a Dorrego sin correr grave peligro de que este los pusiera al desnudo ante la opinión pública de la época y ante la Historia.
Necesitaban acallarlo para siempre.
En estos días, se han publicado varios artículos referidos al fusilamiento de Dorrego.
En general, se ofrecen algunas explicaciones, en este momento tan importante en que estamos revisando nuestra historia: que Lavalle y otros militares lo consideraban traidor por haber pactado con el Brasil el reconocimiento de la Banda Oriental como país independiente (no tuvo otra solución pues el Banco Nacional, con mayoría de accionistas ingleses, cumplió con el mandato del cónsul inglés, Lord Ponsomby, de negarle fondos para proseguir la guerra), o que sostenía una concepción latinoamericana y de ahí su entrevista con Bolívar, o que se apoyaba en el suburbio de Buenos Aires (siendo, en esto, antecesor de otros caudillos populares como Alsina, Yrigoyen y Perón), o sus tratativas con Bustos para sancionar una constitución federal con el apoyo del resto de los caudillos.
Hay verdad en estas aseveraciones, pero no en todas, y creo que se omite la más importante.
Creo que la causa fundamental obedece a otra razón: los unitarios no podían dejar con vida a Dorrego sin correr grave peligro de que este los pusiera al desnudo ante la opinión pública de la época y ante la Historia. Aquí reside el motivo principal de que Salvador María del Carril y Juan Cruz Varela presionaran a Lavalle para el asesinato: ellos no podían permitir que Dorrego hablase. No podían ponerlo preso y hacerle luego un juicio, ni siquiera solamente desterrarlo como ya lo había hecho Pueyrredón en 1819. Necesitaban acallarlo para siempre.
Veamos la sucesión de aconteceres. En diciembre de 1824 se constituye la Minning Association en Londres para explotar minas en la Argentina, según autorización otorgada por el gobernador Martín Rodríguez y su ministro Rivadavia. En esa sociedad, su principal accionista es la banca inglesa Hullet y el presidente del directorio es Don Bernardino.
En 1825, la empresa envía al capitán Head al Río de la Plata con un equipo de técnicos para iniciar la explotación, pero este se encuentra con que en las provincias -salvo San Juan- le aducen que la riqueza minera es propiedad provincial ya que no existe, desde 1820 –al caer el directorio– un gobierno nacional. La banca Hullet le protesta a Rivadavia y este contesta: “El negocio que más me ha ocupado, que me ha afectado y sobre el cual la prudencia no ha permitido llegar a una solución es el de la sociedad de minas. Con respecto a las de La Rioja (el Famatina), cuya importancia es superior a las de las otras provincias, en el corto plazo, con el establecimiento de un gobierno nacional, todo cuanto debe desearse se obtendrá... Me veo obligado a emplear la mayor circunspección para no comprometer inútilmente mi influencia y no debo decir más por el momento (enero 1826)”.
Curiosamente, un mes después, Rivadavia es elegido presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 15 de febrero sanciona la ley que declara propiedades nacionales a las minas de todas las provincias. El 14 de marzo, Rivadavia le escribe a Hullet: “Las minas son ya por ley de propiedad nacional y están exclusivamente bajo la administración del presidente de la República”. Sin embargo, en La Rioja, Facundo Quiroga se niega a que la Minning explote el Famatina.
La compañía quiebra. Entonces, Head publica en Londres un folleto donde incorpora las cartas transcriptas, titulado: “Informe sobre la quiebra de la Río de la Plata Association constituida bajo la autorización otorgada por su excelencia don Bernardino Rivadavia”. Y aquí entra a jugar Dorrego. Porque desde su periódico El Tribuno,
Dorrego publica ese informe, con las comprometedoras cartas de Rivadavia a la Banca Hullet y le agrega estos versos definitorios: “Dicen que el móvil más grande / de establecer la Unidad/ es que repare su quiebra / de Minas, la Sociedad” (23/6/1827, El Tribuno).
Tres días después, Rivadavia renuncia a su cargo de presidente. Se quiebra nuevamente la unidad nacional y pocos meses después, asume Dorrego como gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
El 14 de septiembre de 1827, Dorrego envía a la legislatura la demanda de la Minning por 52.520 libras por los gastos ocasionados, con este comentario: “El gobierno se encuentra con un recurso de la expresada compañía (Minning), donde se reclama a la provincia los gastos de aquella empresa. El engaño de aquellos extranjeros y la conducta escandalosa de un hombre público del país (Rivadavia) que prepara la especulación, se enrola en ella y es tildado de dividir su precio, nos causa un amargo pesar, más pérdidas que reparar nuestro crédito.”
Los unitarios intentan justificar a don Bernardino sosteniendo que si bien actuaba al mismo tiempo como presidente de las Provincias Unidas y como presidente del directorio de la Minning Association que negociaba con ese gobierno, y que aunque figura con un sueldo de 1200 libras como presidente de la empresa inglesa, “nunca tuvo intenciones de cobrarlo”. Manuel Moreno y Manuel Dorrego contestan con “Impugnación a la respuesta” donde afirman que no sólo quedan en pie las acusaciones (preparar la especulación, dividir el precio) sino que nada se contesta acerca de “30 mil libras, precio de esa especulación”, “por los buenos oficios a favor de la especulación que según afirmaba el señor Rivadavia en su autorización, estaba fundada en una concesión especial”.
De aquí resulta que aprovechando el regreso de las tropas de la Banda Oriental, se produce el golpe del 1ro de diciembre de 1828, por el cual Dorrego es desplazado del gobierno.
El general San Martín lo caracteriza así, en carta a O’Higgins: “...Los autores del movimiento del día primero son Rivadavia y sus satélites y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no sólo a este país, sino al resto de América con su infernal conducta; si mi alma fuera tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para
vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay de un hombre de bien a un malvado” (carta del 13/4/1829).
Derrotado y detenido Dorrego, los unitarios cavilan: ¿qué hacer entonces con ese hombre que ha revelado el escandaloso negociado?
Imposible llevarlo a juicio, pues volverá sobre el tema manchando la honra de quien luego sería denominado “el más grande hombre civil de los argentinos.”
¿Dejarlo preso, para que algún día vuelva al escenario político con esa documentación infamante?
¿Desterrarlo acaso para que tiempo después regrese a la patria y ponga esos documentos sobre la mesa?
Probablemente, Lavalle no conoce estos entretelones de la negociación pues es solamente “una espada sin cabeza”, pero los rivadavianos se encargan de persuadirlo.
Dorrego debe ser acallado lomás rápido que se pueda y con su fusilamiento quedarían silenciadas las denuncias y salvada la honra unitaria.
Y así se hace el 13 de diciembre de 1828.
Años después, el historiador Ricardo Piccirilli, un admirador de Rivadavia pero honesto investigador, admite que de la testamentaría de don Bernardino surge que “Rivadavia giró en noviembre de 1825 una letra contra Hullet por 3000 libras solicitando se imputara a la cuenta de las 1200 libras por gastos de mi singular comisión... y el remanente lo agregarán ustedes a mi cuenta corriente.”
Resumiendo: para acallar la verdad, en relación a un negociado de un “prócer” del liberalismo conservador con sus amigos los ingleses, se procede a fusilar a un caudillo popular y se inicia un período de tremenda violencia en nuestro país.
La tradición popular recoge ese hecho terrible de este modo: “Cielito y cielo nublado / por la muerte de Dorrego / Enlútense las provincias / Lloren cantando este cielo”.
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