LA CRECIENTE INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO DURANTE EL PERONISMO (1946 – 1951)

Los cambios en materia energética    

 

Luego del triunfo electoral del 24 de Febrero de 1946, Perón y sus colaboradores elaboraron, sobre la base de los estudios realizados por el Consejo Nacional de Posguerra, convertido desde 1946 en Secretaria Técnica de la Presidencia (34) y bajo la dirección de Jose Figuerola, el I Plan Quinquenal, que debía establecer la orientación económica del país en el periodo 1947 - 1951.   

 

Dentro de este Plan Quinquenal se consideraba la nacionalización de diversos servicios públicos tales como el gas, los teléfonos y los ferrocarriles.

 

Estas acciones fueron los ejes vertebradores de la proclamada independencia económica y un aspecto sustantivo de la

lucha antiimperialista(35).   

 

También estas nacionalizaciones generaron un importante impacto, en primer lugar porque la ampliación y mejora de los servicios públicos pasaba a depender por completo de las decisiones del gobierno, en segundo lugar por el efecto inductor o disuasor de la inversión pública sobre la inversión privada y finalmente por la influencia directa que cobraba el Estado en la evolución de los agregados macroeconómicos, en la distribución del ingreso y en la generación de empleo (36).   

 

El rubro eléctrico no sería ajeno a estos cambios, pero allí se plantearía una diferencia significativa, la empresa privada mantendría su hegemonía en el sector.   

 

Sin embargo se comenzaba a definir una nueva política y el Presidente Perón enunciaba medidas a desarrollar tales como la ejecución de obras necesarias para la completa satisfacción de las necesidades de energía, adoptar medidas convenientes, incluso expropiación de bienes, establecer un régimen de préstamos y subsidios a cooperativas y colonias agrícolas, con miras a propulsar la electrificación rural y prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones para la prestación de servicios públicos de energía y gas, los que quedarán a cargo del Estado, salvo razones excepcionales que aconsejen otorgarlos (37).   

 

El objetivo del gobierno era obtener el aumento de producción de energía eléctrica y esto se reflejó en el Plan Nacional de Energía confeccionado en 1946, que apuntaba a que no debe haber en todo el país sino un solo suministrador de gas y electricidad: el Estado.

Asimismo para el suministro de energía eléctrica se establecía el siguiente orden de prioridades:

1) Organismo nacionales, provinciales y municipales,

2) Cooperativas y

3) Sociedades de economía mixta. 

Este Plan Nacional de Energía contemplaba el mantenimiento de la Dirección Nacional de Energía (en adelante DNE) creada en 1943 y la creación de un Consejo Nacional de la Energía.

El primer organismo estaba integrado por cuatro profesionales y un presidente y tenía por objetivo principal regular y fiscalizar las actividades públicas y privadas vinculadas al aprovechamiento de los recursos energéticos del país.

El segundo organismo estaba integrado por el directorio de la DNE y representantes de todos los Ministerios y de los Bancos Central y de Crédito Industrial con el fin de planificar el racional aprovechamiento de los recursos hídricos y energéticos del país.

Perón mantuvo en el cargo al coronel Bartolomé Descalzo al frente de la DNE (y ocuparía ese puesto hasta 1950) y confirmó en sus puestos a los ingenieros Julio Canessa (Gas del Estado) y Juan Eugenio Maggi (Centrales Eléctricas).

Durante el primer gobierno peronista, Maggi fue asesor del Ministro de Transportes, Coronel Juan Castro y posteriormente ocupó ese cargo.

Mientras Canessa libraba su batalla para construir el gasoducto Comodoro Rivadavia - Buenos Aires, Maggi emprendía el estudio de un vasto plan de realizaciones.

Todas estas nuevas medidas se relacionaban con que el nuevo gobierno estaba tomando conciencia del incremento de población que se estaba dando en los ámbitos urbanos y la creciente demanda de energía eléctrica que se generaba.

En este periodo se produce una enorme migración de población hacia los centros urbanos, en especial a Buenos Aires y su periferia (38). Su número empezó a aumentar vertiginosamente a mediados de los años 30 y mucho más a partir de los 40.

Los 8.000 provincianos que recibía anualmente hasta 1936 pasaron a un promedio de 70.000 entre 1937 y 1943 y ascendieron hasta 117.000 entre 1944 y 1947.

En total sumaron un millón de nuevos residentes a Buenos Aires y su cinturón urbano, que creció de los 3.457.000 de habitantes de 1936 a los 4.618.000 registrados en 1947.

Asimismo la acentuó la urbanización ya que en 1947 la población urbana llegó a ser el 62,7 % de los 15.893.827 habitantes registrados por el censo.

El rasgo a resaltar es que la localización del mayor crecimiento de población urbana se produjo en las aglomeraciones de mayor tamaño.

En 1914 se contaban, además de Buenos Aires, dos ciudades con más de 100.000 habitantes, Córdoba y Rosario.

 

Hacia 1947 en esta categoría figuraban cinco más, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, La Plata y Tucumán que, sumadas, albergaban el 66,2 % de la población urbana (39).

Este aumento de población generó que la demanda del consumo ascendiera vertiginosamente y la posibilidad de abastecimiento fue superada.

Es importante remarcar que en este primer periodo las compras de electrodomésticos crecieron rápidamente, tales como la heladera eléctrica que reemplazaba a la refrigeradora de hielo y las radios, que conocían su época de esplendor(40).

También el aumento en el uso de productos eléctricos se reflejó en el vertiginoso aumento de producción de acumuladores, lámparas eléctricas, motores eléctricos, pilas, baterías y discos fonográficos. (ver tabla 1). 

 

Los protagonistas: Estado, empresas privadas y cooperativas    

 

Al asumir el nuevo gobierno el papel de las grandes empresas privadas en la producción de energía eléctrica era predominante. Entre 1946 y 1949 estas empresas privadas controlaban casi la totalidad de la producción con un porcentaje promedio de 94 %. (ver tabla 2).

Los principales grupos eran EBASCO (ANSEC), SOFINA (CADE), Motor Colombus (CIADE) y la Intercontinents Power Company (SUDAM) (41) que atendían el servicio eléctrico en los principales centros urbanos y numerosas ciudades de nuestro país.

Sin embargo el servicio que prestaban era criticado por numerosas deficiencias y por la poca inversión en el sector.

Con respecto a las cooperativas eléctricas su desarrollo era notorio y extendían su accionar en todo el país, principalmente en zonas de baja densidad de población.

Sin embargo su producción de energía eléctrica era mínima y representaba en 1946 un 0,7 % del total de la producción, y apenas se incrementa en 1951 con un 1,2 %.

A pesar de su escaso porcentaje en la producción de energía eléctrica el gobierno alentó su desarrollo y expansión fuera de los grandes centros urbanos y esto se reflejó en el Plan Nacional de Energía que especificaba que para el suministro de energía eléctrica aparte de los organismos estatales eran reconocidas las cooperativas.

Dentro del movimiento cooperativo, su número era destacado en relación a otras cooperativas.

A falta de datos en la mayoría de los años, tomamos como ejemplo la clasificación de cooperativas de 1945, en la cual las cooperativas eléctricas representan un 11 % y figuran en tercer lugar luego de las tamberas y cerealistas.

 

Ante este escenario, de mínima participación del Estado, que en 1946 representaba tan solo un 2 % de la producción total de energía eléctrica producida, el gobierno peronista decidió crear un nuevo organismo, Agua y Energía Eléctrica (en adelante AyEE) con el fin aumentar su presencia en este sector a través de nuevas obras en el ámbito nacional. (ver tabla 2).

A diferencia de otros servicios públicos, la política de ampliar el papel del Estado no paso por nacionalizar o absorber a las grandes empresas. 

Esta unificación de agua y electricidad estaba relacionada con el objeto de explotar mejor diversas fuentes naturales de energía (entre ellas las caídas de agua), que hasta ese momento permanecían desaprovechadas.

Como se explicará más adelante, esta decisión estaba motivaba por el aprovechamiento de un espacio prioritario para la hidroelectricidad a bajo costo.

AyEE debería realizar en todo el país estudios generales de energía hidroeléctrica y térmica, estudios de redes, construcción de 11 centrales térmicas y 45 hidroeléctricas.

También para las aguas se consideraba la construcción de 29 embalses, 59 diques, desagües y obras varias (42). 

El nuevo organismo, AyEE se creó oficialmente en 1947, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (43), y surgía de la fusión de Centrales Eléctricas del Estado con la Dirección General de Irrigación.

Maggi ocupó el cargo de Director General y se dispuso a comenzar la implementación de estos programas aprobados en el Primer Plan Quinquenal.

 

Sin embargo su implementación fue lenta, por lo difícil de traducir los proyectos en propuestas concretas y hubo que empezar rápidamente a recopilar datos e informes.

Además de las obras, cuyos comienzos experimentaron las demoras explicadas, AyEE fue aumentando su producción por la incorporación paulatina de centrales por expropiación y por vencimiento de las concesiones del grupo EBASCO (ANSEC) (44).

Diversas provincias habían expropiado entre 1944 y 1945, las usinas térmicas del grupo EBASCO y una central hidroeléctrica en Tucumán. Esa provincia, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy hicieron convenios con la Nación, traspasándole luego los servicios expropiados a AyEE, que los tomó a su cargo y los amplió.

También se expropiaron diversos servicios eléctricos del grupo SUDAM en Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero (45).

Numerosas y pequeñas usinas fueron expropiadas a SUDAM y EBASCO que pasaron al patrimonio de AyEE tales como la de Aguilares, Monteros, San Pedro Colalao, Quebrada Lules, Concepción, Villa Alberti, Sarmiento, Avellan y Acheral en Tucumán, General Roca, Villa Regina, Cipolletti y Allen en Río Negro, Colón, Victoria, Paraná y Seguí en Entre Ríos, Calcines, Rosario Tala y Municipal de Rosario en Santa Fe, Corrientes y Jujuy (46).

Estas incorporaciones se reflejaron en el crecimiento de producción de energía eléctrica de AyEE, que de una pequeña base inicial del 2 % llegó en 1951 al 5,7 % (ver tabla 2). 

 

¿Energia termoeléctrica o hidroeléctrica?    

 

Las principales opciones que tenía el Estado para producir energía eléctrica era continuar con las centrales térmicas o pasar al nuevo sistema hidroeléctrico.

Recordemos que las centrales térmicas o termoeléctricas producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fuel-oil o gas en una caldera diseñada al efecto. Esta combustión permite la transformación de la energía térmica del combustible en energía eléctrica.

En cambio las centrales hidroeléctricas se caracterizan por un sistema de captación de agua que provoca un desnivel que origina una cierta energía potencial acumulada.

 

El paso del agua por la turbina desarrolla en la misma un movimiento giratorio que acciona un alternador y produce la corriente eléctrica.

Las ventajas de las centrales hidroeléctricas eran numerosas: no requieren de combustible, sino que usan una forma renovable de energía, constantemente repuesta por la naturaleza de manera gratuita, dicha forma es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua y a menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, protección contra las inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún ornamentación del terreno y turismo, sus costos de mantenimiento y explotación son bajos, las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una duración considerable y finalmente la turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que puede ponerse en marcha y detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de mantenimiento, por lo general, reducidos.

Sin embargo la opción hidroeléctrica tenía también sus desventajas: su emplazamiento, determinado por características naturales, podía estar lejos del centro o centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de transmisión de electricidad, lo que significa su aumento de la inversión y en los costos de mantenimiento y pérdida de energía, la construcción llevaba largo tiempo en comparación con la de las centrales termoeléctricas y finalmente la disponibilidad de energía puede fluctuar de estación en estación y de año en año (47).

Entre 1946 y 1951 la producción de energía eléctrica dependió casi exclusivamente de las centrales termoeléctricas, que representaban más de un 80 % en el periodo, y fue mínima la participación de las centrales hidroeléctricas, las cuales sufrieron una importante reducción entre 1948 y 1951, por diversas sequías, llegando a un 2,8 %.

Es necesario destacar la importancia de la energía generada por autoproducción, que equivalía a más de un 15 % del total en el periodo y que era mayor incluso que la producción de energía hidroeléctrica.

Debido a la insuficiente producción y distribución de la energía y al enorme crecimiento industrial en algunas zonas del país, algunas grandes industrias, que requerían grandes cantidades de energía en el proceso industrial de los productos que elaboraban, tales como las del papel, azúcar, celulosa y refinación de petróleo, produjeron su propia energía eléctrica.

La autoproducción de electricidad les convenía para no pagar una tarifa excesiva y no depender de líneas de transmisión y distribución que no cubrían adecuadamente ciertas regiones (48).

Entre 1946 y 1951 la autoproducción se mantiene estable, representada en una 15 % de la producción eléctrica

 

La opción entre producir energía a partir de centrales termoeléctricas o de la hidroelectricidad fue dirimida tempranamente por Perón.

El presidente argumentaba que para poder industrializar en la región tengo que darle energía barata, porque con energía a 45 o 55 centavos el kilovatio, no se puede hacer mucha industria a buen precio.

Mientras no tengamos la energía hidroeléctrica, por la que estamos trabajando sin descanso, para suplir con ella a la energía termoeléctrica, no hay solución económica posible (49).

AyEE, consecuente con las ideas de Perón, orientó considerablemente su inversión hacia la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en zonas específicas del país.

La decisión estatal de no nacionalizar raudamente ni absorber a las grandes empresas privadas de servicios públicos, determinó que AyEE tuviese que operar en zonas principalmente aisladas debido a la hegemonía que tenían estos grupos privados en los grandes centros urbanos y en numerosas áreas del país.

Esta división de empresas privadas y públicas generó numerosos inconvenientes en el servicio eléctrico.

Las empresas privadas no querían invertir y las públicas no podían entrar en ese mercado protegido (50).

Apostar a la energía hidroeléctrica implicaba tiempo, ya que estas centrales demoraban años en construirse y mientras tanto el servicio eléctrico continuaba deteriorado y no alcanzaba a satisfacer la demanda mínima que estaba en permanente aumento. 

En este periodo se destacan la puesta en funcionamiento de diques y centrales hidroeléctricas tales como Los Quiroga en Santiago del Estero, el Escaba de Tucumán y El Nihuil en Mendoza y los proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas en todo el país.

 

La ubicación de las obras más importantes fue la siguiente; 6 diques con usina en Córdoba, otros 6 en Catamarca, 4 en Río Negro y 3 en Mendoza. 

Este nuevo aprovechamiento de fuentes naturales lo expresaba Perón argumentando que el agua puede separarse de la energía en el diccionario, pero en los hechos, agua y energía son los componentes de un conjunto armónico (51).

El peronismo respaldó todas las obras realizadas en materia energética y esto se reflejó en la nueva constitución nacional de 1949 que incluía un artículo que especificaba que los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación.

Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine (52). 

 

Un problema: el Gran Buenos Aires    

 

En materia energética, el Gran Buenos Aires generaban más del 70 % de producción de energía eléctrica.

 

Esto estaba en relación con la gran concentración industrial en permanente desarrollo y con el enorme aumento de población en el periodo explicado anteriormente.

En 1950 y 1951 el Gran Buenos Aires poseía más del 73% de la producción de energía eléctrica. (ver tabla 6).    

 

En el Gran Buenos Aires la mayor parte de la producción y distribución de energía eléctrica estaba en poder de las empresas privadas mencionadas anteriormente para el ámbito nacional: CADE, CIAE y la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (CEP).

 

En el resto de la provincia se sumaban a las anteriores, otras empresas privadas junto con ANSEC y SUDAM. 

En el Gran Buenos Aires, la CADE y CEP forman un único sistema alimentado principalmente por las centrales "Puerto Nuevo" (Capital Federal) y "Dock Sud" (Avellaneda).

 

Estas centrales abastecían los centros primarios de transformación desde donde se enviaba la energía a las redes de distribución.

Por su parte la CIAE poseía dos grandes centrales en la Capital Federal denominadas Puerto Nuevo y Pedro de Mendoza, que funcionaban interconectadas.

 

Desde esta última partían los cables que alimentan a las redes de distribución. 

Las anteriores empresas privadas hegemonizaban el sector eléctrico en la provincia frente a algunas escasas cooperativas, usinas municipales y sociedades anónimas (53). 

Frente a esta complicada situación, el gobierno de Mercante, en absoluta consonancia con la política energética nacional, decidió la creación un nuevo organismo relacionado con la energía eléctrica, la Dirección de Electricidad y Mecánica (en adelante DEMBA) con el fin de a proponer al Poder Ejecutivo la primera etapa de un plan general de electrificación (54). 

Esta iniciativa formaba parte de un plan más amplio, y para el cual

 

DEMBA dividió a la Provincia en cuatro zonas (Noreste, Sureste, Sur y Noroeste de la Provincia) de acuerdo con las necesidades de los partidos que la integran. Sobre esta base se procedió a situar las centrales eléctricas y líneas de transporte (55).

DEMBA en el ámbito provincial al igual que AyEE en el nacional, estaba autorizada a expropiar bienes afectados a la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica destinada a servicio público (56). 

Esto fue de suma importancia, ya que se efectuaron diversas expropiaciones, pasando numerosas usinas, sobre todo en el interior bonaerense, a ser propiedad de DEMBA; tales los casos de 25 de Mayo, Lobos, Bragado, Chivilcoy, Mercedes, Bahía Blanca, Miramar, Dolores, Chascomús y Coronel Suárez (57).

Asimismo debido a los graves inconvenientes en la distribución y comercialización de la energía eléctrica en la provincia, y a los constantes cortes de energía eléctrica, el Poder Legislativo sancionó una ley que especificaba que ni la Provincia de Buenos Aires ni ninguna Municipalidad otorgaría nuevas concesiones a empresas privadas para la prestación del servicio público.

 

Solo se exceptuaba a las cooperativas eléctricas del anterior enunciado (58). 

 

La apuesta final: el ENDE, 1950 - 1951    

 

En 1950, el Gobierno dio una nueva vuelta de tuerca en su política energética.

 

Hasta ese año AyEE mostraba muchas limitaciones, dado que no lograba satisfacer las expectativas que el Gobierno había proyectado.

Es importante destacar que faltaban finalizar muchas de las obras iniciadas y para ese año más del 90 % la energía eléctrica consumida en el país era generada por empresas privadas de capitales extranjeros. (ver tabla 2).   

 

Los resultados del Primer Plan Quinquenal habían sido la iniciación de obras de 41 centrales hidroeléctricas en todo el país (las obras más importantes por los Kwh. de potencia a desarrollar eran las de Condarco y Nihuil I y II en Mendoza, Escaba en Tucumán, Ameghino en Chubut y Cassaffouth, Molinos I y San Roque en Córdoba).

En lo concerniente a las líneas de transmisión se habían finalizado algunos importantes tramos tales como Río Tercero - Córdoba (100 kilómetros), Tucumán- Escaba (100 kilómetros) y Concepción del Uruguay- Rosario (92 kilómetros) y existían diversas líneas en construcción en diversos puntos de la Argentina.

Como resultado final, el Primer Plan Quinquenal propuso muchos obras y concretó varias.

Esto se evidenció en la finalización de solo tres centrales hidroeléctricas de las 41 planeadas y con respecto a la las líneas de transmisión se proyectaron 1.650 kilómetros y solo se habilitaron 458 (59).

La presencia de AyEE en la producción total de energía eléctrica continuaba siendo mínima ya que representaba en 1951 un 5,7 %.

Los nuevos cambios tenían que ver con que se habían cumplido muchos de los objetivos propuestos en el Primer Plan Quinquenal.

Con el fin de lograr una mayor centralización y control, el Gobierno creó en Agosto de 1950 un ente estatal que agrupaba a las cinco empresas energéticas.

Se lo denominó Empresas Nacionales de Energía (en adelante ENDE) y agrupaba a Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, YPF, Combustibles Sólidos Minerales y Combustibles Vegetales y Derivados. 

El ente funcionaba bajo la dirección de Perón, quien concentraba un enorme poder y disponía de amplias facultades en materia energética en este nuevo organismo.

 

Entre otras cuestiones el Poder Ejecutivo decidía en cuestiones de urgencia por encima de la opinión del Directorio, disponía los regímenes tarifarios, los precios y los cánones y todas las obras de combustibles o energía proyectadas tenían que ser autorizadas por el Ejecutivo (60).   

 

Fueron suprimidos los directorios de las cinco empresas y se los sustituyó por un gerente general. Esto implicaba la salida de los antiguos funcionarios que presidían las mismas.

 

En AyEE Maggi fue reemplazado por el Ingeniero Carlos Rodríguez.   

 

Las empresas mantuvieron su autarquía para explotar los servicios a su cargo, pero la construcción de nuevas obras quedó reservada a la decisión del ENDE.

 

Este nuevo organismo se había constituido con un directorio con representación obrera, y el modelo de organización se calcó de la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE).   

 

El gobierno nacional y el ENDE, apremiados por el rápido incremento de población, por los crecientes cortes de energía eléctrica, por las pocas obras hidroeléctricas finalizadas y el deficiente servicio que se estaba dando, principalmente en el Gran Buenos Aires, tuvo que tomar tres medidas que fueron fundamentales en el sector.   

 

La primera estaba relacionada con las grandes distancias que separaban a los centros urbano - industriales de las fuentes primarias de energía hidroeléctrica y por eso el ENDE autorizó a AyEE la importante construcción de la central termoeléctrica 24 de Febrero, ubicada en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) para abastecer al Gran Buenos Aires.

 

Esta central estaría unida a las líneas de distribución de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, aparte de la atención de las necesidades de la llamada costa industrial argentina (61).

 

Sin embargo esta usina recién estaría habilitada en 1957 y los problemas de energía se hicieron más graves por los constantes cortes de luz.   

 

La segunda medida fue profundizar el apoyo a las cooperativas mediante facilidades en los créditos oficiales de bajo costo que les brinda especialmente el Banco Industrial para la construcción de usinas (62).

 

A pesar de esto, el crecimiento de las cooperativas en la producción de energía eléctrica todavía no tenía relación con el de AyEE y con el de las empresas privadas, ya que aumentó de 0,7 % en 1946 a un 1,2 % en 1951.

 

Sin embargo el gobierno sabía de la importancia que tenían estas cooperativas en los ámbitos rurales y por eso decidió profundizar su apoyo (ver tabla 2).   

 

La tercera medida estuvo relacionada con algunas grandes empresas privadas de servicios públicos. Mas allá del discurso oficial, de algunos enunciados del Segundo Plan Quinquenal que planteaban tomar a cargo del ENDE la progresiva y total electrificación del país y la implementación del régimen tarifario justicialista para que las tarifas fueran proporcionales al beneficio que presten al usuario (63) y de las expropiaciones de usinas que se estaban llevando a cabo en todo el ámbito nacional con el fin de aumentar la presencia de AyEE y del ENDE en el sector eléctrico, el gobierno tuvo que apoyar más decididamente, y desde 1950, a diversas empresas privadas, como por ejemplo la CADE, mediante el otorgamiento de créditos oficiales a mediano plazo para encarar programas de ampliación y extensión del servicio público y para el pago retroactivo de sueldos, aumentos de salarios y pago de aguinaldos.

 

El Banco Industrial otorgó numerosos créditos a la CADE, alcanzando los 160 millones en 1950 y 157 millones al año siguiente (64).   

 

Este cambio se relaciona con un nuevo enfoque del gobierno en el sentido de que más allá de las diversas centrales hidroeléctricas y térmicas en funcionamiento no se alcanzaba a satisfacer la creciente demanda derivada de la expansión industrial (65).   

 

Antes de adoptar este cambio, el Estado no apoyaba a las grandes empresas ni les obstaculizaba su accionar en la mayor parte del país.

 

Luego el Estado decide apoyarlas con créditos oficiales, con el fin de que no se afectase más el deteriorado servicio eléctrico, ya que controlaban en 1950 más del 93 % de la producción de energía eléctrica.   

 

Esto no implicó que AyEE y el ENDE no continuasen teniendo el apoyo oficial, pero era necesario por la crisis que existía en el sector eléctrico, acordar y apoyar económicamente a estas empresas privadas de servicios públicos.   

 

Este cambio hacia los grupos privados extranjeros estaba en relación con los enunciados de del Segundo Plan Quinquenal que atribuía una destacada importancia a los capitales extranjeros, y les abría la posibilidad de que participarán en los servicios públicos (66) (lo que era contrario al artículo 40 de la Constitución) y posteriormente con la ley de inversiones extranjeras de 1953 y finalmente el contrato de explotación petrolera con la Standard Oil de California en 1955. 

 

Consolidación de la CELF, 1946 -1951 

 

Los nuevos desafíos de la CELF    

 

La población del partido de Las Flores se incrementó de manera considerable hasta 1947 y en años posteriores la población permaneció estable hasta 1960.

 

Sin embargo el aumento de personas que se concentraban en los centros urbanos era enorme representados en un 44 % en 1947 y elevándose a un 70 % en 1960. (ver tabla 7).    

 

Esto provocó un notable incremento en la demanda de energía eléctrica que la CELF debía resolver.

 

Frente a esto se consideró la imperiosa necesidad de adquirir nueva maquinaria para mejorar y ampliar el servicio eléctrico.   

 

El otro gran problema que tuvo que hacer frente la CELF fue las demandas salariales y sociales de sus empleados.   

 

Con la finalización de la Segunda Guerra la situación de los combustibles se alivió, y como consecuencia se produjo una leve rebaja en los precios.

 

El diesel oil, que en 1945 se valoraba por tonelada a $ 183,66, en 1946 pasó a $ 159,09.

 

Esto permitió un considerable aumento en la producción de Kwh., que pasó de 708.092 Kwh. en 1945 a la considerable cantidad de 1.005.111 Kwh. al año siguiente.

 

Sin embargo a partir de 1948 se vuelve a producir un encarecimiento en el precio de los combustibles, y en las sumas gastadas en los mismos.  

 

A pesar de esto, el precio del Kwh. se mantuvo estable ya que en 1946 estaba en un promedio de venta de $ 0,22 y en 1951 alcanzó los $ 0, 27.   

 

A partir de 1947 volvió a aumentar la producción de Kwh. que llegó en 1951 a 1.916.906, unos 874.437 más que en 1947 (67).

 

Esto reflejó la adquisición, en 1947, de un nuevo grupo electrógeno y construcción de una torre, proyectos que habían sido sugeridos por el Ingeniero Civelli en 1946.   

 

Frente a la creciente demanda de energía y las limitaciones de los grupos electrógenos, la CELF decidió por un lado sobre exigir el funcionamiento de la maquinaria existente mediante su mantenimiento con la compra de numerosos repuestos y por otro lado solicitó ayuda financiaria para la compra urgente de un nuevo grupo electrógeno a diversos organismos oficiales nacionales y provinciales tales como al Banco de Crédito Industrial, Banco Central, DNE, DEMBA y ante la FACE.

 

Sin embargo el nuevo equipo solicitado recién se obtendría en 1958.   

 

En 1950 se realizaron otras inversiones, debido al crecimiento constante de accionistas y usuarios, con el objetivo de atender satisfactoriamente el crecimiento continuo de la demanda.

 

Se compró un terreno destinado a la sede de la administración de la Cooperativa, se realizó una reparación general de la única camioneta y se adquirió otra nueva en un valor de $ 3.300.

 

Las deudas a terceros, que estaban saldadas en 1946, se elevaron en 1948 a $ 296.402,46 por las variadas adquisiciones (68).   

 

Las costosas adquisiciones del grupo electrógeno y la torre de refrigeración llevaron a la Comisión Directiva a solicitar un crédito en la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por $ 150.000.

 

En Enero de 1949 se elevó el mencionado crédito a $ 300.000, lo que permitió cancelar deudas con diversas empresas instaladoras (69).   

 

En esta última etapa, las inversiones de 1947 provocaron que los activos físicos aumentaran notablemente.

 

Los mismos que en 1947 eran de $ 645.045,23 pasaron en 1948 a la considerable cifra de $ 934.969,82 (70).   

 

En esta etapa se mantienen las existencias de utilidades líquidas en los balances y se distribuyen entre los accionistas, usuarios y repartos a diferentes fondos.

 

También es importante mencionar que los intereses que recibieron los accionistas descendieron a un 4 y 3% promedio en comparación con la anterior etapa que estaban en un 5% (71).   

 

El número de accionistas y usuarios aumentó considerablemente y se produjo un mayor aporte del capital suscripto en este periodo debido a las nuevas adquisiciones realizadas por la CELF, que implicaban mejoras en el servicio eléctrico. 

 

Los problemas sindicales con la irrupción del peronismo    

 

La llegada de Perón a la Secretaria de Trabajo y Previsión, en 1943, impulsó a los empleados de la CELF a presentar demandas de aumentos salariales dado que observaban que estas eran satisfechas rápidamente en otros sectores.   

 

Los empleados consideraban que los montos pagados por la cooperativa no eran los adecuados para las tareas desarrolladas y empezaron a enviar notas a la Comisión Directiva para que resolviera el problema.

 

La mencionada decidió formar una comisión pro aumento de salarios liderada por el contador Cesar Elgue y propuso al Directorio aumentos que fueron aceptados.

 

Sin embargo estos eran mínimos y no lograron estar en consonancia con la situación económica de los empleados (72).   

 

El contador Elgue les aclaró a todos los empleados que para nuevos aumentos, tendrían que reunir una serie de requisitos afines al cargo que desempeñaban. Como consecuencia de esto, Mappes enviaría trimestralmente al Directorio informes sobre la capacidad y conducta de los empleados de la CELF (73).   

 

El tema no conformó a los empleados, quienes insistieron sobre más aumentos de sueldos, pero la Comisión Directiva posponía el tema para futuras asambleas.

 

Debido a la escasez de combustibles por la cual transcurría el país y que afectaba a la cooperativa, se decidió negar provisoriamente cualquier aumento de sueldo (74).

 

Los empleados consideraban que sus reclamos eran justos y empezaron a consultar sus dudas en la Secretaría de Trabajo y Previsión.

 

Ante esta situación, en la asamblea del 8 de Agosto de 1944 se presentó un inspector del Departamento de Trabajo para analizar la situación.   

 

El presidente Alfredo Almada mencionó que los sueldos abonados no eran "mezquinos" como los calificaban los empleados, en comparación con otros sueldos de los sectores comerciales e industriales.

 

Los empleados (75) manifestaron que al dirigirse a la Secretaría de Trabajo lo hicieron consultando distintos pormenores y no en carácter de denuncia como lo tomó dicho organismo.   

 

Finalmente los empleados retiraron la denuncia que fue presentada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión, y pidieron al Directorio que en la medida de lo posible se resolvieran las peticiones referentes a los aumentos de sueldos.   

 

Sin embargo el tema de los sueldos provocaría constantes diferencias entre la Comisión Directiva y los empleados, principalmente los del sector de la usina y redes que eran los que percibían los sueldos más bajos.   

 

La llegada de Perón a la presidencia en 1946, que generó importantes cambios en el ámbito social, afectó también a la CELF.   

 

Desde 1945 se dieron algunas mejoras salariales tales como un aumento de sueldo del 10% sobre los salarios de los empleados con remuneración inferior a $ 200 y se aprobaron otras mejoras que tuvieron que ver con el nuevo decreto-ley 33.302 que estableció el sueldo anual complementario.   

 

Debido a la presión de los empleados, se logró que la CELF les asignará el salario familiar, que correspondía a seis pesos mensuales por cada hijo menor de catorce años.   

 

Los empleados estaban agremiados en la Sociedad de Empleados y Obreros de Electricidad (en adelante SEODE), se dirigieron al Directorio, solicitando que se dispusiera la aplicación de un proyecto de escalafón, estabilidad y sueldos que se elevó juntamente con un petitorio (76).   

 

La Comisión Directiva decidió elevar el asunto a la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, junto con una contrapropuesta.

 

Al poco tiempo los representantes de las partes comparecieron ante la Delegación Regional, en La Plata, y se resolvió el diferendo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: se establecerían aumentos de sueldos para el personal de la Cooperativa, en un 35% de mejora, lo que será liquidado con retroactividad al 12 de Abril de 1947, sobre los salarios actuales, a partir del 1 de Enero de 1948, y hasta el 31 de Diciembre del mismo año, el personal gozará de un aumento real en sus respectivos sueldos del 5 % sobre lo percibido anteriormente, o sea hasta el 31 de Diciembre de 1947.   

 

Asimismo y debido a las quejas de algunos empleados de la CELF, tuvo que intervenir DEMBA enviando una Comisión Investigadora, liderada por el Ingeniero Luis Brennan para realizar una investigación detallada de las cuestiones mecánicas, eléctricas, administrativas y contables de la CELF.

 

Recién al otro año se expidió el organismo provincial desestimando la intervención y rechazando la denuncias (77).   

 

Pero lejos de quedar solucionados los inconvenientes con el personal en lo referente a los sueldos, se dieron numerosas quejas con respecto al valor de los mismos.

 

Los motivos estaban dados por el aumento de los precios al consumidor, ya que en 1940 la tasa era de 2,0 % y llegó en 1950 a la cifra de 26,0 % (78).   

 

En Enero de 1949 se volvió a dar un nuevo aumento de salarios, junto con varias mejoras tales como un sueldo mínimo inicial de $ 340, aumento de $ 120 sobre los sueldos al personal mayor de 18 años y proporcional a menores de esa edad, bonificaciones en concepto de salario por cónyuge $ 30, provisión de ropa de trabajo semestralmente y rebajas varias de luz.   

 

Más tarde la Cooperativa se adhirió a un Convenio Colectivo de Trabajo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión (79) y en el mismo se especificaba que la jornada normal de trabajo se reducía a seis horas diarias (36 semanales) para el personal rotativo y de 44 horas para el resto del personal.

 

Esto provocó que se tuvieran que realizar modificaciones en los horarios en las secciones de redes y usina con el fin de lograr el desenvolvimiento regular de las tareas respectivas.   

 

Se debe aclarar que para la realización de tales reformas que implicaban considerables mejoras para el personal de la Cooperativa, eran los Organismos Estatales, los encargados de facilitar los fondos suficientes para llevarlas a cabo; correspondiendo el pago retroactivo desde el 1 de Febrero al 30 de Septiembre de 1949 al Banco de Crédito Industrial Argentino y del 1 de Octubre de ese año en adelante a la Dirección Nacional de la Energía.

 

En lo referente al primer periodo de tiempo que transcurre desde el 1 de Febrero al 30 de Septiembre de 1949, a fines de este año se habían entregado $ 44.746,98 y quedaba por cumplir el pago de $ 16.395,98.

 

En lo concerniente al segundo periodo de tiempo, o sea desde el 1 de Octubre de 1949 en adelante, era responsabilidad de Dirección Nacional de la Energía, y dicha repartición demoró el pago mencionado, y fue la Cooperativa la que abonó los aumentos especificados en el Convenio Colectivo de Trabajo, y esperaba el reintegro por parte del organismo oficial de $ 19.178,17.   

 

En mayo de 1951 quedó sancionado un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo de carácter nacional, cuya aplicación se hizo con retroactividad al 1 de Septiembre de 1950.   

 

En Julio de 1951 los empleados de la CELF que estaban agremiados en SEODE pasan a estar afiliados al Sindicato Luz y Fuerza de Las Flores (en adelante SLYFLF).

 

Ese año los empleados de la CELF alcanzaron la cantidad de treinta divididos en los sectores de usina, redes y administración.   

 

En 1943 surge el gremio Luz y Fuerza y tenía distintos sindicatos de base o asociaciones de primer grado en todo el país que atendían las necesidades de la jurisdicción regional (80).

 

Cada sindicato de base era autónomo política y económicamente y reclamaba por convenios colectivos dentro de su área de injerencia.   

 

En este sentido la importancia de Luz y Fuerza de Capital Federal era destacada ya que contaba con el mayor número de afiliados y enfrenta a una patronal representada por tres empresas: CADE, CIADE y SUDAM (81).   

 

Sin embargo con el paso del tiempo y frente a la necesidad de Convenios Colectivos de Trabajo a nivel nacional y la urgencia de que las discusiones con empresarios se consideren ante autoridades administrativas de trabajo o judiciales se conformó el 13 de Julio de 1948 una entidad representativa a nivel nacional, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (en adelante FATLYF) (82).   

 

La FATLYF estaba dominada mayoritariamente por la asociación de primer grado de Capital Federal que agrupaba el mayor número de afiliados.

 

El poder de Capital Federal estuvo representado por el dirigente Luis Natalini, quien primero fue Secretario General entre 1948 y 1950 y al año siguiente asumió el mismo cargo en la FATLYF (83).   

 

Esta hegemonía de Capital Federal por sobre el resto de los sindicatos se mantendría a través del tiempo lo cual les permitía a sus dirigentes acceder a todos los Ministerios sin hacerse anunciar (84).   

 

Cada asociación de primer grado era soberano en su área y el Ministerio de Trabajo otorgaba la jurisdicción sobre el espacio que el sindicato reclamaba como propio.   

 

Esta situación les dejaba un gran margen de autonomía para determinados asuntos, por ejemplo en el manejo de las cuotas de sus socios, ya que la FATLYF imponía una cuota fija que el sindicato debía pagar, pero no intervenía en la administración de sus fondos.   

 

También en lo que se refería a medidas de fuerza, aunque debían ser comunicadas a la FATLYF, podían ejecutarlas aún sin la aprobación de ésta (85).   

 

Esta relación entre la FATLYF y sus asociaciones de primer grado era una excepción.

 

En la mayoría de los casos el dominio de la Federación era absoluto dado que controlaban el manejo de fondos y el poder de intervención.

 

Las cuotas de los afiliados eran percibidas por la Federación, la cual le asigna una cantidad de dinero que generalmente es porcentual de acuerdo a la cantidad de afiliados que se posea.

 

Con respecto a la intervención, la Federación podía destituir a dirigentes que se apartasen de los lineamientos estipulados por la conducción central (86).   

 

Las ventajas de estar dentro de la FATLYF eran varias tales como los planes de vivienda, los accesos a recreos de vacaciones en diferentes partes del país, campañas gratuitas de vacunación, colonia de vacaciones, bolsa de trabajo, cursos de capacitación gremial, etc (87).   

 

Debido a esto, numerosos sindicatos de Luz y Fuerza de todo el país se van adhiriendo como lo refleja su incremento en los Congresos que se realizaban periódicamente (88).

 

En Las Flores el personal de la CELF, agremiado a SEODE, y considerando las ventajas que concedía Luz y Fuerza optó por cambiarse a este sindicato en 1951.   

 

Para ese entonces la FATLYF abarcaba a más de 35 asociaciones de primer grado en todo el país y en la Provincia de Buenos Aires contaba con 11 ubicadas en Las Flores, Baradero, San Nicolás, Mercedes, Lincoln, Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Azul y Punta Alta.   

 

Es necesario remarcar que la Comisión Directiva del SLYFLF estaba representaba por los empleados que se desempeñaban en la CELF.

 

El presidente del SLYFLF Abel Álvarez (Oficial de oficio especializado en general), el Vicepresidente Rafael Amicone (oficial de oficio en primera en general) y el Tesorero Beltrán Sallette (maquinista de primera) (89).   

 

El que la Comisión Directiva del SLYFLF estuviera conformada por empleados de la CELF, demostraba, por un lado la importancia que tenía la cooperativa eléctrica en el distrito como fuente de empleo y por otro permitía al SLYFLF realizar reclamos coherentes conociendo exactamente las características y condiciones del lugar de trabajo que en muchos casos la Comisión Directiva ignoraba (90).  

 

A partir de 1951 los reclamos del SLYFLF hacia el Directorio de la CELF aumentaron notablemente. Ese año, el SLYFLF exigió a la Comisión Directiva de la CELF la rápida aplicación del Convenio Colectivo.

 

El Directorio había nombrado una Comisión especial con el fin de estudiar las reformas a realizarse en base al convenio ya que no estaba muy familiarizado con este tema.

 

En la siguiente asamblea se consideraron aplicables los nuevos cambios que mayoritariamente especificaban nuevas clasificaciones de personal según su clase, puesto, asignación y antigüedad con el correspondiente aumento de salario (91).