Horacio Ghilini |
Por Horacio Ghilini
En Trabajo y Economía hemos señalado, en varias oportunidades, la violencia con la cual la alianza entre el poder económico neoliberal y el movimiento devaluacionista están disputando la hegemonía al proyecto nacional legitimado en 2011.
En esta línea remarcamos también que, en términos políticos, estos golpes de mercado debilitan al gobierno y fortifican a los grupos concentrados que, por un lado, se capitalizan financieramente a través de sus cuentas en dólares en el exterior y, por otro, promueven alternativas políticas conservadoras que salvaguarden sus intereses.
En medio del golpe de mercado "a dos bandas" de la semana pasada –corrida cambiaria y venta masiva de las acciones de empresas públicas–, el gobierno tomó la determinación de cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal con la doble estrategia de, por un lado, dejar depreciar el tipo de cambio oficial y, por otro, permitir que las demandas de atesoramiento de divisas de personas físicas, que antes se cursaban por el mercado ilegal y promovían su alza, hoy pasen a canalizarse en el mercado oficial.
Esta flexibilización es positiva porque desconecta el micro-atesoramiento de las clases medias del andamiaje especulativo que está detrás del dólar ilegal. Recordemos que en estos meses la sociedad fue víctima, al igual que los pequeños chacareros con la 125, de los grandes grupos concentrados.
Los riesgos de esta medida son los de toda devaluación, que los grandes monopolios la trasladen a precios y que los costos los termine pagando el sector trabajador con su perdida de poder adquisitivo.
En este sentido, es importante destacar que en los momentos en los cuales se firmaron los acuerdos de precios para alimentos el dólar cotizaba alrededor de $ 6,5 y que, por lo tanto, el nuevo precio del dólar implica una devaluación de casi un 25% en menos de un mes.
Esta medida era reclamada como bandera por un grupo importante de capitales concentrados. La incógnita a partir de ahora es saber si van a hacer lo que vienen pregonando mediáticamente, invertir en mejorar la competitividad, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, o si, por el contrario, vuelven al viejo comportamiento de aumentar los precios en el mercado interno, quitarle poder adquisitivo al trabajador, concentrar el ingreso en sus manos y fogonear el proceso inflacionario hasta la desestabilización.
En el caso de que opten por este segundo camino, a diferencia de otros momentos históricos, hoy los trabajadores contamos con las herramientas institucionales y legales necesarias para defender nuestra participación (control de precios; paritarias; etc.). En este sentido, es importante recordar que la recuperación del poder adquisitivo del trabajador no es sólo una cuestión de derecho y justicia social, sino que es el motor del crecimiento económico de este modelo.
Las devaluaciones no se trasladan a precio de forma automática sino que depende de la relación de fuerzas de cada momento.
La lucha por la distribución del ingreso es permanente y se juega en los mercados todos los días. Si bien es cierto que en esta puja el movimiento obrero corre con la desventaja de que tiene que negociar sus salarios, mientras que el capital concentrado fija los precios unilateralmente; una correcta regulación estatal de los mercados de bienes de consumo masivo, conjuntamente con el control nacional de la producción de insumos básicos, es una combinación que puede ser exitosa en contener la ambición alcista de muchos y encaminar las expectativas hacia un escenario de estabilidad política.
En definitiva, el goteo de dólares se aceleró en el último período y el Banco Central decidió utilizar una medida de shock para cortar esta tendencia y mejorar la capacidad competitiva de las economías regionales y de las pymes exportadoras. Sin embargo, la pulseada final es política y nuestro éxito va a depender de fortalecer la densidad de un proyecto nacional que nos contenga a todos.
Fuente: Edición 15 de Trabajo y Economía
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