 |
| Alberto Lettieri |
El 24 de febrero se cumplió un
nuevo aniversario de la primera victoria electoral del peronismo, en 1946,
cuando la fórmula encabezada por Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano derrotó
a los radicales José Tamborini y Enrique Mosca, candidatos de la Unión
Democrática articulada por iniciativa del Embajador Norteamericano Spruille
Braden. A partir de entonces, la Argentina profundizaría un proceso de cambios
iniciados con el acceso del entonces Coronel Juan Domingo Perón al Departamento
Nacional del Trabajo, en 1943.
Mucho se ha escrito sobre la Argentina y sobre el peronismo
desde entonces. Sin embargo, al cabo de más de 70 años de existencia, el
movimiento nacional justicialista se encuentra fracturado, enfrentado
internamente y urgido de una actualización doctrinaria que le permita dar
respuesta a las urgencias y expectativas de una sociedad desgastada. Un
sociedad que ha experimentado un proceso inédito de empobrecimiento,
concentración de la riqueza y endeudamiento en poco más de un año, con niveles
de inflación desconocidos para un gobierno pretendidamente basado en la
ortodoxia liberal, en el marco de una preocupante politización y exposición del
Poder Judicial.
Una semana atrás, concluía esta columna reflexionando sobre la
preocupación respecto del horizonte del proceso de unidad del peronismo, en
vistas de las ambiciosas pretensiones sobre la composición de las listas que
había exigido el cristinismo, y en su deseo de convertir a la movilización de
la CGT del próximo 7 de marzo en una especie de plebiscito sobre Cristina
Fernández de Kirchner, instando a marchar sobre los tribunales de Comodoro Py
ante la citación de Bonadío, para luego comparar el respaldo que la ex
Presidenta y el sindicalismo alcanzaban por separado y convertirlo en capital
de negociación interna. Por ese motivo exigían un pronunciamiento institucional
del PJ asociándose a la marcha sobre la sede judicial. La escasa sensatez de
las demandas de las agrupaciones cristinistas motivó el fracaso del Congreso de
Santa Teresita, mientras oscuros nubarrones poblaban el horizonte del
movimiento nacional.
Sin embargo, debido a esa maravillosa capacidad que tiene la
política de transformar drásticamente los contextos y las opciones a partir de
la modificación de situaciones aparentemente inmodificables, en menos de una
semana la brisa marina permitió limpiar un tanto ese oscuro panorama. Tal vez
debido a la gravedad de la situación social, y del creciente malestar existente
en el segundo y tercer cinturón de la Provincia de Buenos Aires. Tal vez los aumentos
descontrolados en peajes, servicios, salud, luz, gas, celulares, etc., que han
generado duras críticas dentro de los sectores medios que votaron a Cambiemos
en el ballotage. Quizá la suma de informaciones y decisiones que beneficiaron
desde los inicios de este Gobierno a los grupos económicos más concentrados ,
con presencia efectiva en las primeras y segundas líneas de este gobierno,
desde las empresas Off Shore denunciadas en los Panamá Papers, los manejos
financiero de la Fundación Sumar, la cuestión Qatar, el tema Malvinas, la
condonación de la deuda del Grupo Macri, la eliminación de retenciones al agro
y la minería, la habilitación para un acceso prácticamente ilimitado a los
recursos nacionales para terratenientes y grupos económicos extranjeros, o las
sospechas sobre el futuro de YPF y Aerolíneas Argentinas tras el actual periplo
español de la comitiva presidencial, sin olvidar la oscura negociación sobre la
deuda de los fondos buitres, o el inédito endeudamiento llevado adelante por
diversos Estados, tanto Nacional como Provinciales, hayan terminado por
derramar el vaso. Tal vez haya sido la inadmisible situación de encarcelamiento
de Milagro Sala, o la ofensiva sobre los camaristas que decidieron validar el
convenio paritario de bancarios, o quizá la descalificación de los docentes de
la Patria por reclamar un salario que los posicione dentro de la canasta
familiar, y la utilización de un ex agente de inteligencia para llevar adelante
una ofensiva rompehuelgas sobre la paritaria educativa. Quizá sea la sensación
de injusticia, del trato tan brutalmente diferenciado que reciben las
corporaciones del poder y los trabajadores y las clases medias y subalternas.
Quizá sea el aumento del transporte público, quizá el pésimo servicio prestado
por compañías a las que se les realizan condonaciones de deudas y se les
habilitan aumentos abusivos. Quizá sea la el temor ante la pérdida del empleo,
del derrumbe de las jubilaciones y de los planes y políticas sociales, frente a
la experiencia concreta de las decenas de miles que ya han sufrido esos daños.
Quizá sea el irracional aumento del precio del
pan, que amenaza convertirlo a un insumo básico de la dieta
popular en un artículo de lujo. Cuando son tantos los tal vez o los quizá,
queda en claro que no es un sector exclusivamente el que esta erizando su
paciencia. Y las políticas de Cambiemos, en lugar de acercar el fósforo a la
hornalla, parece estar empecinado en enfocarse en la garrafa. Sería bueno que
el Gobierno Nacional tomara nota, y evitara la reproducción de procesos de
triste memoria en la historia nacional.
Cuando al Revolución Francesa estaba por estallar y había una
terrible tensión social producida por el hambre, el pueblo más necesitado se
congregó alrededor del Palacio de Versalles para manifestar su desagrado y la
gravedad de sus necesidades, ya que no podían acceder ni a la harina ni al
trigo para poder hacer pan, debido al fenomenal aumento de los precios de los
productos de consumo masivo. Cuenta la leyenda que la reina María Antonieta preguntó
de qué se trataba el clamor que provenía del exterior, y le contestaron:
“Señora, el pueblo no tiene pan.” A lo que la reina habría contestado: “Si no
tienen pan que coman pasteles.” En realidad, la frase habría sido pronunciada
por una reina anterior, pero el rumor corrió como reguero de pólvora, lo cual
incrementó el malhumor social y la ojeriza que el pueblo sentía por la reina de
origen austríaco. Poco después, estalló la Gran Revolución y la monarquía fue
derrocada.
No puede decirse que el Gobierno Nacional no haya sido
reiteradamente advertido sobre los riesgos que entrañan sus políticas
unidireccionales en perjuicio de las grandes mayorías populares. Tampoco puede
negarse que, sin mucho esfuerzo, con algunas decisiones puntuales ha conseguido
en muchos casos postergar las reacciones sociales, sobre todo debido a la
limitada capacidad de negociación de las agrupaciones que representan a los
sectores menos favorecidos de la sociedad, debido a la situación de
fragmentación que experimentó el campo popular a partir de 2013.
Sin embargo, se advierte un cambio en los tiempos históricos que
parece que el Gobierno no alcanza a percibir, aunque sí ha podido hacerlo, con
su desarrollado olfato, el peronismo. El 11 de febrero, en coincidencia con el
71no aniversario de la primera victoria electoral de Perón, se reunieron los
radicales en Villa Giardino, y los peronistas en San Vicente. En la primera de
esas reuniones, el ex Franja Morada y hoy ambicioso militante caracterizado de
Cambiemos, y columnista de Jorge Lanata, Martin Tetaz, advirtió que “Nos vamos
a comer una paliza histórica” si no cambian urgentemente algunas políticas
económicas y se producen reemplazos significativos en el Gobierno, comenzando
por el desplazamiento de Marcos Peña Braun, quien debería dejar su lugar a
Antonio Sáenz. Si bien resulta claro que se trataba de un ámbito partidario
donde se lanzaban globos de ensayo sobre futuras candidaturas y
pre-candidaturas, entre ellas la de Alfonso Pratt Gay a la Presidencia Nacional
para 2019, queda claro que el piso de la alianza Cambiemos continúa crujiendo,
y que el inminente desafío electoral será una dura prueba para su estabilidad.
Del lado del peronismo, tal vez en virtud a la aceptación del
cristinismo de que la relación interna de fuerzas no es todo lo favorable que
permanentemente han tratado de presentar, o bien que el pretendido plebiscito
del 7 de marzo no sería precisamente favorable para CFK, debido a que la
convocatoria de la CGT tendría una mayoría abrumadora respecto de la convocatoria
a Comodoro Py, quizá a la falta de voluntad para asumir el costo político de
ser identificados socialmente como los responsables del fracaso del proceso de
unidad, o a un simple cálculo político basado en el agotamiento de la paciencia
social y la eventual reproducción, más temprano que tarde, de un nuevo “que se
vayan todos”, los diversos sectores que componen la diáspora peronista
aceptaron la paciente convocatoria de Fernando Espinosa y participaron de un
nuevo cónclave del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. El
documento final, pese a sus necesarias generalizaciones -propias, por otra
parte, del nivel incipiente del proceso de unificación-, es, de todos modos,
una brillante carta de intención, no sólo en lo referido a la identificación
del adversario, sino también en su crítica contundente a las políticas
implementadas por Cambiemos, tanto en Nación como en provincia, a su explícita
inclusión de los Gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de
Kirchner dentro de la saga partidaria y la condena a la injustificada detención
de Milagro Sala, así como a la persecución judicial de CFK. También formula una
clara reivindicación de la doctrinas y de las banderas históricas del
peronismo, su apuesta por el trabajo, la producción y la igualdad, para
concluir expresando la determinación común de postergar las diferencias
internas en beneficio de la unidad reclamada por la mayor parte de la sociedad
argentina.
Tal vez el momento más emotivo del cónclave tuvo lugar durante
la breve exposición del Diputado Oscar Romero, Presidente del Bloque
Justicialista e histórico referente de Smata -uno de los sindicatos más
golpeados por la política de ajuste de Cambiemos-, quien, en
lenguaje llano y directo, llamó la atención sobre la gravedad de la situación
de miles de trabajadores argentinos, y la necesidad de preservar las fuentes de
trabajo, ya que ante la necesidad, más allá de las diferencias, “primero deben
estar nuestros compañeros”. “Una cosa es hacer una movilización para ir a reclamar
una mejora salarial. Pero muy diferente es hacer una movilización o tomar una
medida de fuerza para defender una fuente de laburo. Yo no sé cuantos de aquí
le han visto la cara a un compañero cuando recibe un telegrama de despido o un
telegrama de suspensión.”
No es casual que, en un contexto de estas características, sea
un dirigente de origen sindical -desprovisto de una retórica florida pero
extremadamente contundente en sus apreciaciones-, uno de los principales
sostenes del proceso de unidad frente al proyecto gobernante. No lo es,
tampoco, que los intendentes peronistas, que nada conservan de aquellos
antiguos barones del conurbano, y con elevadísimos índices de respaldo popular
a su gestión, se constituyan en garantes e impulsores de ese mismo proceso.
“Como los intendentes, los dirigentes sindicales siempre hemos estado al lado
de los compañeros.”-señalaría Romero en otro momento de su alocución. Unos y
otros son los que cotidianamente le “ven la cara a los trabajadores”, situación
que les provee de un inmejorable termómetro social cuya temperatura, desde hace
más de un año, está en permanente alza. Son aquellos para quienes la tesis de
que “cuanto peor, mejor”, no tiene cabida ni consideración posible, ya que cada
empeoramiento implica más hambre, menos educación, más exclusión social.
Indicadores que pueden valorarse desde la teoría del internacionalismo
revolucionario, pero no desde la sensibilidad y la doctrina peronista.
Romero realizó un emotivo llamado a realizar un esfuerzo supremo
a favor de la unidad. “Nuestro enemigo es el Gobierno y se llama Mauricio
Macri.” Y reafirmando sus palabras con el ejemplo, agregó inmediatamente que:
“Debemos dejarnos de agredirnos entre nosotros. Al movimiento obrero también se
lo debe respetar. Como lo hizo Perón, como lo hizo Evita Como lo hizo Néstor y
como también lo hizo Cristina. El movimiento obrero es la columna vertebral del
peronismo.”-afirmó, en medio de una verdadera ovación de los asistentes.
En concordancia con la reunión del Congreso del PJ en San
Vicente, se sumaron otros elementos que sumaron vigor al proceso de unidad
partidario. Por un lado, las declaraciones de un Julián Domínguez decidido a
jugar en la interna partidaria, en lo posible en compañía de un Florencio
Randazzo cada vez más activo, y de quien se espera un mayor protagonismo a su
retorno de Roma. Por el otro lado de lo que se dibuja como una eventual
interna, llamó la atención la predisposición de Cristina Fernández de Kirchner
a asumir un rol más histórico en el amplio espectro del movimiento nacional,
tal como lo impone la hora, por encima de las consideraciones sectorial es de
las agrupaciones militantes k. Así parece evidenciarlo sus declaraciones
instándolas a que no caigan “en la trampa” y no se manifiesten el martes 7 de
marzo en los tribunales de Comodoro Py, y en su recomendación de que se sumen a
la marcha de la CGT porque “la gente no llega a fin de mes”. “El 7 -concluyó
CFK- , yo lo veo a Bonadio, pero por favor… Ustedes hagan que el Gobierno vea
al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras.”
Tal como aseguraba Juan Domingo Perón, sobre la marcha se van
acomodando los melones, y en esta última semana la carreta del peronismo parece
haber comenzado a andar. Todavía es muy temprano para predecir la suerte que le
aguardará en su marcha. Sin embargo, algo resulta muy evidente, y es la
convicción de la dirigencia partidaria de que el mes de octubre es un horizonte
todavía muy lejano, no para los tiempos de las negociaciones políticas, sino
para la contención de los humores sociales en creciente proceso de ebullición.
De este modo, los más experimentados consideran que mientras un peronismo unido
es garantía de contención y conducción hacia una meta de reivindicaciones de
los intereses populares, el fracaso de esa unidad posiblemente nos pondría de caras
a graves situaciones sociales, cuya magnitud y consecuencias resultan difíciles
de prever.
También queda claro que el Gobierno debe realizar sus propias
jugadas, y decidir internamente si continúa en una línea de beneficio
unilateral de los intereses económicos más concentrados, exponiéndose así a una
dramática derrota electoral, que anticiparía un complejo trayecto durante la
segunda mitad de su mandato, o bien acepta recalcular, modificar su composición
y sus políticas, asignando más espacio a su ala política en detrimento de las
imposiciones de CEO’S y brokers corporativos, para de este modo aguardar con
mejores expectativas al futuro y a su eventual continuidad institucional.
Por último, es llamativo el silencio de radio que experimenta
orgánicamente el Frente Renovador, acotado en las últimas semanas a iniciativas
aisladas a favor de la paridad de género, la igualdad en la representación
política y algunas críticas a las políticas oficiales. Queda claro que el
escenario de polarización que auspician tanto el Gobierno Nacional como el
cristinismo parece resultarle tan desfavorable como en 2015, y que distintas
cuestiones que implican definiciones de principios han calado hondo al interior
de ese espacio político. No es precisamente un secreto que los posicionamientos
en torno de la detención de Milagro Sala han significado un verdadero
parteaguas, del mismo modo que la definición de una matriz opositora
diferenciada del peronismo frente a la gestión de Cambiemos. Adicionalmente,
muchos de sus referentes caracterizados no han ocultado su deseo de retornar al
PJ y participar de la interna partidaria. El caso de Felipe Solá, por ejemplo,
quien es visto como un excelente candidato para encabezar un Frente político
articulado en torno al peronismo en la CABA, con al apoyo del FR y de un amplio
segmento del justicialismo local, distanciado de las agrupaciones militantes,
merece ser analizado con detenimiento, en el marco del proceso de reunificación
peronistas.
Estos y otros desafíos no menos urgentes deberán ser resueltos
con inmediatez por Sergio Massa, a quien algunos quieren jugando en la interna
del Peronismo y otros expulsarlo a la de Cambiemos. En lo que la mayoría parece
estar de acuerdo, naturalmente a excepción de sus propios partidarios, es en pronosticar
que el Frente Renovador no tendría posibilidades de un crecimiento real, al
margen de establecer alguna de estas alianzas. Pero, como sabemos, la política
nos da sorpresas cotidianamente, que a menudo los pronósticos de los aprendices
de brujo están teñidos con intereses espurios y que en nada está dicha la
última palabra.
Alberto Lettieri exclusivo para Cadena BA. 25/02/2017
(Historiador) @albertolettieri
Doctor en Historia, Ex Director Académico del disuelto Instituto
de Revisionismo historico Manuel Dorrego, Prof. Tit. UBA, Investigador Conicet,
Escritor.
Apenas uno de cada cuatro
argentinos, una minoría, cree que la reforma previsional va a ser beneficiosa
para los jubilados. Y siete de cada diez personas sostienen que la nueva
fórmula de cálculo del aumento de haberes va a ser perjudicial, negativa, para
los jubilados. Ambos datos son una demostración de que gran parte de los
ciudadanos ya sabe, algunos un poco más y otros un poco menos, que la reforma
reduce los aumentos a los jubilados y que el gobierno quiere “ahorrar” más de
100.000 millones de pesos en 2018 a costa de los ingresos de la clase pasiva.
Esa mirada negativa sobre el ajuste que implica la reforma se percibe también
en otras opiniones. Prácticamente la mitad de la población dice que los
jubilados están peor que hace dos años, es decir durante el gobierno
kirchnerista, mientras que apenas uno de cada cinco argentinos piensa que los
jubilados mejoraron la situación desde 2015. En sintonía con ese análisis, la
casi totalidad de los ciudadanos evalúan que una persona que percibe la
jubilación mínima no puede vivir dignamente. 
En la encuesta del CEOP se
perciben dos fenómenos. El primero es que es que los ciudadanos están
preocupados. Los jubilados, porque deteriora su situación inmediata: en marzo
iban a percibir un aumento del 13 o 14 por ciento, de acuerdo a la actual
fórmula, y si el gobierno suplanta el cálculo, se prevé que el aumento sólo sea
del 5,7 por ciento. Pero también hay una preocupación por el largo plazo, es
decir porque el deterioro en la movilidad jubilatoria va a afectar a los
futuros jubilados, que percibirán un haber inicial significativamente menor.
También sigue instalada en la conciencia la idea de que puede venir una
privatización, con planes aún más perjudiciales. 
