lunes, 29 de abril de 2013

27 de abril de 1956: Aramburu anula la Constitución de 1949

El presidente Pedro Eugenio Aramburu, quien había asumido el gobierno tras el golpe de estado autodenominado “Revolución Libertadora”, que derrocó a Perón en 1955, anula la constitución de 1949 y reestablece la sancionada en 1853. 
De esta forma se dejan sin efecto, entre otros, los derechos del trabajador promulgados por Juan Perón. 
Dicha constitución fue elogiada por buena parte de los estudiosos del derecho constitucional, ya que con un criterio moderno, consagraba desde su preámbulo “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. 

¿Cómo fue posible que un gobierno de facto derogara una constitución aprobada por la soberana voluntad de la mayoría del pueblo argentino? 
La Constitución Nacional de 1949 había realizado importantes reformas en materia política, económica, social y cultural que el gobierno militar impuesto por el golpe de Estado de 1955 no estaba dispuesto a respetar. 
Un día antes de abrogar esa Constitución, el general Aramburu había aprobado por decreto-ley 7.756 las recomendaciones contenidas en los documentos “Moneda sana o inflación incontenible” y “Plan de restablecimiento económico”, que propiciaban la vuelta al liberalismo económico y el abandono de los principios de la Constitución de 1949. La Nación quedaba rendida ante los intereses financieros orquestados por el Fondo Monetario Internacional, cuya carta de creación el gobierno militar no tardó en ratificar por decreto-ley 15.070/56. No le debíamos un solo dólar, pero el FMI nos quebraba el brazo propugnando un retroceso centenario para el derecho constitucional argentino que nos entregó a manos de la usura internacional. 
La Constitución argentina reformada en 1994 califica en su artículo 36 el magnicidio constitucional como traición a la Patria (delito imprescriptible) y fulmina con nulidad insanable los actos que en consecuencia se realicen. 
Lastima grande que los constituyentes no hayan hecho un análisis retrospectivo del tema para sancionar la nulidad del bando militar del 27 de abril de 1956, o si lo hicieron no tuvieron la energía para poner las cosas en su lugar. 
Esta tarea es que reclamamos a nuestros gobernantes y gobernados poner en la mesa, y discutir el contenido jurídico del cambio que produjo la revolución de Perón en nuestro país. 
Si lográramos reflexionar, sobre la pieza jurídica de la Constitución del 49 derogada, que armonizaba capital trabajo, más que nunca hoy, que ambos capitalismos el de estado y el individualista han dejado al hombre sin repuestas económicas, sociales y políticas, tendríamos soluciones para nuestra sociedad, ya que la misma plantea la tercera posición, con una visión humanista y no economicista de la política.

Exceso de discreción

Por Mario Wainfeld
Los presidentes de las Cámaras nacionales y federales del país estaban cómodamente sentados en un salón señorial, como suelen serlo los que ocupan parte del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Su doble puerta es de material noble: bastó entornar una de sus hojas para que entraran sus señorías de a dos o tres. De pronto, se abrieron las dos puertas de par en par e ingresó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, flanqueado de modo solemne por integrantes de Ceremonial. Los magistrados se pusieron de pie, casi en actitud marcial. Coreografía extraña en un estamento del Estado republicano, no tan exótica en un poder que gusta mostrarse aristocrático, en la jerga y en los ritos.
Los jueces integran la Junta Nacional de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales. “La Junta”, que así la llamaremos en lo sucesivo, no es un organismo previsto en la Constitución ni en ninguna ley. No posee, por ende, facultades judiciales específicas. La creó Lorenzetti y sus prácticas versan sobre cuestiones de ordenamiento interno (Superintendencia, en jerga), también sobre la relación con las Obras Sociales. Suele reunirse una vez al mes, la Corte se hace cargo de los pasajes de los jueces asentados en el interior. Su presidente es Gustavo Hornos, que también lo es de la Cámara Federal de Casación Penal.
Hornos le entregó a Lorenzetti una carta firmada por amplia mayoría de los miembros de la Junta, no por todos. La misiva es conocida por el lector asiduo de los diarios, por lo que diremos lo mínimo. Presentaba una serie de reclamos y críticas respecto de los proyectos para “Democratizar la Justicia” enviados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. Lorenzetti la recibió, prometió estudiarla, luego le habló a la concurrencia.
Elogió al conjunto (incluyendo a la Corte) y se encargó de que colaboradores suyos les comunicaran la holgada situación presupuestaria del Máximo Tribunal y de su Obra Social. Sobre ésta, se comentó que su solvencia es tan grande que podría cubrir todos sus gastos por un año, aun sin recibir un peso en ese lapso.
Luego, la carta siguió un periplo y sufrió recortes, también divulgados en estos días. Lo interesante, el centro de esta nota, es que Lorenzetti mismo había redactado la carta que recibió, con pompa y circunstancia.
El Supremo se la envió a Hornos, quien la circuló entre sus pares como si fuera de su personal autoría. Luego se vio obligado a reconocer la fuente y a pedir reserva a los demás camaristas.
No es la primera vez que Lorenzetti, un político hábil y hasta florentino, apela a esa carambola. En su momento, Página/12 informó que junto a su colega Juan Carlos Maqueda fue el real escriba de una carta indignada suscripta (esa vez) por organismos representativos del Poder Judicial y un puñado de sellos de goma. Su texto indignado y desafiante se arrogaba la representación de todo el Poder Judicial. Eso motivó el nacimiento de “Justicia legítima”, un colectivo de jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales que no se vieron representados en la diatriba. Y entraron en escena con una solicitada en la que (a diferencia de la precocinada por Lorenzetti) firmaron con nombre y apellido.
Este tramo de la historia continúa y se permite alguna repetición, que es el episodio al que volvemos.
Las fuentes personales de esta columna son participantes en los hechos que ya reseñamos y que pidieron reserva de identidad. También permitieron acceso al material escrito: varios e-mails intercambiados entre los jueces. Por cierto, no de todos, lo que deja pendientes algunas circunstancias sobre las que no se trazan hipótesis ni reconstrucciones opinables. Entre el material ignoto están los intercambios entre los jueces Hornos y Lorenzetti.
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“Exceso de discreción”: Se sabe sin resquicio para dudas que Lorenzetti concibió el texto original. Lo revelan dos e-mails de Hornos, dirigidos a sus pares de la Junta.
Lo primero que hizo Hornos fue enviar un esbozo de carta sugerido para el debate de sus colegas. La forma de redacción sugería, inequívocamente, que el texto obedecía a su inspiración. Propuso un debate entre todos sobre su alcance y escritura definitiva. Como es de manual entre personas versadas, afectas a la escritura y de perfil alto, abundaron las propuestas de agregados y cambios. Las diferencias, explican dos de los concernidos, no eran tan amplias pero sí muy abundantes y exigentes. El tono general que primaba, según esos protagonistas, era de reclamar en términos más severos. Graciela Medina, presidenta de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, fue una de las más enardecidas. Cuasi unánimemente se exigía un encuentro colectivo con Lorenzetti el lunes 15 de abril.
Ante el acaloramiento imperante y creciente de los corresponsales, Hornos cursó otro correo electrónico general, fechado el sábado 13, dos días antes. Confesó que la carta era de Lorenzetti, que la idea era no retocarla. Que la reunión clamorosamente reclamada por las bases estaba fijada de antemano, para ese lunes, a las 19.30. O sea, sinceraba la conducción plena del presidente de la Corte, que antes había omitido consignar.
La información sustraída dista de ser una minucia. “G. H.”, que así firmó el e-mail, la explicó con mínimos circunloquios. Textualmente expresó, sin temor a la prosa rimada: “En la seguridad de que todos comprenden la trascendencia de la situación, quiero manifestarles que he cometido, tal vez, un exceso de discreción”. El púdicamente apodado “exceso de discreción” era falsear la autoría del proyecto de carta. Hornos encareció, unas líneas abajo: “Entiendan que aquella nota que califiqué como ‘sugerida’, me fue enviada con pedido expreso de ser circulada sin cambios, lo que así hice”.
Nadie en sus cabales podría dejar de percibir quién había sido el remitente. Por si hiciera falta, el correo agrega detalles de paliques previos con Lorenzetti. Hablando del cónclave con éste, por el que clamaban otras Señorías, confiesa que estaba pactado. “La reunión a la que ahora se viene haciendo referencia ya había sido convenida para el día lunes alrededor de las 19.30. Por otra parte, le expresé al Presidente CSJN el esfuerzo personal y funcional que muchos de ustedes hacen para estar aquí el lunes.”
Acaso esforzado por matizar las novedades, G. H. añadió: “Sin embargo, como somos nosotros los que vamos a firmar, coincido en mejorarla y corregirla”. Corregirla... ma non troppo, porque cerraba el párrafo convocando a la unanimidad “pero en lo posible respetando los puntos temáticos que en ese original se proponían. Por otra parte, tratándose de un texto con pluralidad de firmantes, debemos todos una concesión en procura del mejor acuerdo”.
Unas horas después, Hornos clausuró el debate que supuestamente había abierto, o mejor dicho entornado. Fue parco: “Comenzado ya el domingo y próximo el lunes (sic, la redundancia) parece estéril seguir criticando el documento que he circulado por pedido expreso de hacerlo sin cambio”.
El documento (ya se contó) llegó el lunes a manos de Lorenzetti, quien lo acogió como si fuera una novedad y prometió leerlo, lo que no le era necesario.
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Libaciones y cambio de barajas: El lunes 22, una semana después de la sobreactuada entrega de la carta consabida, todos los jueces mencionados se congregaron otra vez en la Ciudad Autónoma. Los pasajes, en esta ocasión, los sufragó la Asociación de Magistrados, a cuyo comedor fueron invitados a cenar. Lorenzetti participó de la tenida, donde se departió amablemente, en general. Hubo algunos amagos aislados de rezongo superados por la buena onda. La degustación de un buen menú, notables vinos y excelente champagne seguramente estimularon el consenso.
En el ínterin, Lorenzetti había barajado y dado de nuevo: cambió las cartas. Con fecha 18 de abril envió una suya y otra firmada sólo por Hornos al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Se suprimían reclamos centrales de los camaristas referidos a la elección popular de sus integrantes, a su composición y al régimen de mayorías.
El lunes 22, mientras los magistrados cenaban, Domínguez y el diputado Agustín Rossi se encontraron en la Casa Rosada con Cristina Kirchner y el secretario legal y técnico, Carlos Zaninni. Se decidió tener en cuenta los reclamos de la Corte y de las Cámaras y retocar el proyecto de reformas al Consejo de la Magistratura. Se dejó sin efecto la transferencia del manejo del personal y el presupuesto respectivo que venía detentando la Corte.
Y se admitió, respecto de la iniciativa para democratizar el ingreso al Poder Judicial, que los jueces pueden designar algunos de sus colaboradores directos. Todavía no se conoce cómo se traducirá esta modificación en el proyecto aprobado por Diputados, que está en órbita del Senado.
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Ya tengo el poder: La Corte mantuvo la caja, que es un recurso imprescindible para gobernar, tanto como una herramienta de poder. En el camino, lanzó el rumor de un amague de renuncia en bloque, algo bien extraño en un cuerpo que aúna siete individualidades muy poco proclives a la acción colectiva.
Con o sin renuncia virtual, el episodio fue un avance sobre el proyecto del Ejecutivo. Una demostración de poder, a la que el kirchnerismo decidió conceder.
Lejos estuvo del haber sido contubernio entre Lorenzetti y la presidenta Cristina, denunciado por la diputada Elisa Carrió.
El acuerdo, el aval de los demás supremos manifestado en otra carta, la lectura de los medios dominantes fortalecen a Lorenzetti como protagonista.
La jugada también tiene costos para él. El documento colegiado se sustituyó por uno firmado sólo por Hornos, con menos ítem. La tala del pliego de peticiones y el modo en que se cambió el sabó suscitaron la cólera de muchos integrantes de la Junta. Se sintieron usados, por decirlo con un eufemismo. Por ejemplo, el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Héctor Guisado, se enfadó de lo lindo: desbrozó lo escrito por Hornos, lo que sumó otro mail a las cadenas. Escribió: “pude advertir que, en el primer párrafo el Dr. Hornos invocaba su calidad de presidente de la Cámara de Casación Penal y de presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras y utilizaba el modo singular. Pero en los demás párrafos empleaba el modo plural (‘le agradecemos’, ‘vemos’, ‘queremos’ –tres veces–, ‘consideramos’ –dos veces–, y ‘no podemos’), con lo que se sugería que estaría hablando en representación de todos nosotros. Pero yo, al menos, no fui consultado ni informado acerca de esta nueva nota”. Hubo varias adhesiones. El juez Mariano Lozano, presidente de la Cámara Federal de General Roca, aconsejó desensillar hasta que aclarara: reconoció la falta de congruencia, se esperanzó “espero que haya alguna explicación a lo acontecido”. Y encareció a Sus Señorías que guardaran secreto.
Los magistrados no lo han hecho del todo. La bronca es extendida y hace más blanco en Lorenzetti, el numen de la maniobra, que en Hornos, a quien tampoco le ahorran denuestos. Con los elementos de que dispone este cronista no es posible explicar por qué Lorenzetti acortó el documento que él mismo propuso desde el vamos. Pueden urdirse especulaciones lógicas, que se evitan en esta nota.
La deriva de los hechos continuará, como otras tantas. Vamos a por una conclusión transitoria, sobre el eje de este artículo.
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Republicanos intermitentes: El cambio en las reformas mantuvo a la Corte en el control de la caja judicial. Es un dato relevante porque, en la mirada del cronista, es el único aspecto clavadamente inconstitucional del proyecto en cuestión.
El artículo 114, inciso 3, de la Carta Magna establece, sin dejar margen a dudas, que corresponde al Consejo: “Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de Justicia”.
Cierto es que la Corte ejerce esa facultad desde hace años, sin que haya tronado el escarmiento ni hayan protestado jueces, legisladores, académicos o ONG inflamados de republicanismo. La costumbre aceptada, empero, no deroga la norma.
El argumento utilizado por la Corte (unánimemente) es la gobernabilidad. Aducen que el Consejo es un organismo colegiado (sotto voce añaden, con igual razón, que su “funcionamiento” es fatal), lo que conspira contra la ejecutividad de la labor. Llegaron a hablar de paralización de “la Justicia”.
Contraponer gobernabilidad versus legalidad es un razonamiento pragmático, acaso más parental al peronismo que al remilgado Poder Judicial. También viene al caso recordar que el Congreso, que es colegiado y conflictivo, administra sus recursos.
Lo ostensible es que hay un doble standard en la cultura política doméstica, respecto de las inconstitucionalidades. Las que aluden al campo propio se resignan en nombre de la eficiencia o de la costumbre. Las otras suscitan oleadas de indignación y clamores apocalípticos.
Algo similar acontece con los reclamos de transparencia, fair play y visibilidad con que tanto se interpela a otros poderes del Estado. Por lo visto, la “Justicia independiente”, empezando por su primera figura, juega entre bambalinas con cartas marcadas cuando viene a cuento.
mwainfeld@pagina12.com.ar

La imagen positiva del Gobierno es de 53,1%, según una encuesta

La consultora Equis dio a conocer los resultados de una encuesta de opinión en la que se destaca que el 53,1% de los entrevistados evalúa como "positiva" a la gestión del gobierno nacional y que la Presidenta es la figura política con mayor imagen favorable.

El estudio fue realizado entre el 20 y el 24 de abril de 2013 sobre una muestra de 1.204 casos recolectados en la Ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Salta, San Miguel de Tucumán y Santa Fe, entre otros lugares.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue liderando las estimaciones con una imagen positiva del 62,2 por ciento, un 17,9 de imagen regular y 17,4 de negativa.
En ese rubro, la siguen el gobernador bonaerense, Daniel Scioli (43 por ciento de imagen favorable) y el ex candidato a presidente del Frente Amplio, Hermes Binner (38,5 por ciento).

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, es el primero de los políticos que posee una mayor imagen negativa que positiva (37,4 y 31,1 respectivamente) y la diputada Elisa Carrió es la que tiene, según la encuesta, los peores guarismos, con un 64 por ciento de imagen negativa.

Además, si las elecciones presidenciales se realizaran hoy, Cristina Fernández superaría el 51 por ciento de los sufragios, aventajando al segundo (Hermes Binner) por casi 40 puntos.

 Al ser consultados sobre la situación económica del país, la encuesta señala que el 46,4 por ciento la evalúa positivamente y el 24 por ciento de forma negativa.

sábado, 27 de abril de 2013

Mariotto cerró el 7mo Congreso del Pensamiento Nacional en Tandil

El vicegobernador cerró las jornadas de reflexión política que se desarrollaron en Tandil con un enérgico discurso en el que destacó los principales desafíos en la provincia de Buenos Aires y pidió un total respaldo para Cristina Fernández de Kirchner. Habló de la policía, de la justicia y de las sospechas en torno a la muerte del ex testigo del Caso Candela, Aníbal Roberto.

Luego de tres jornadas de intensos debates, el VII Congreso del Pensamiento Nacional de la ciudad de Tandil, que este año se presentó bajo el lema “La Década Ganada”, cerró con la intervención del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.

En su discurso, llamó a dirigentes y militantes peronistas a defender a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque “ella es la conductora de este proyecto nacional y la depositaria del amor de su pueblo”.

El vicegobernador también planteó la necesidad de que la ciudadanía se meta “de lleno en todos los temas para dar opinión, testimonio y discutir de cara a la sociedad” porque “si decimos que la provincia de Buenos Aires es Disneylandia, nos estamos mintiendo entre nosotros”.

“Éste es el tiempo de la discusión política y nadie más que nuestro pueblo sabe por dónde tenemos que ir caminando. Por eso, como parte activa de la militancia, propusimos y llevamos a cabo los Plenarios de Políticas Públicas, con una amplia participación ciudadana, y con el objetivo de aportar ejes de gestión para la Provincia”, recordó Mariotto.

En este sentido, el titular del Senado bonaerense aclaró que las propuestas que se hacen desde el cuerpo legislativo no son “una pulseada de orden político clásico, como ven los medios de comunicación”.

“Cuando nosotros planteábamos la Policía Judicial, la autonomía de la Defensa, la reforma del jury de enjuiciamiento o un mecanismo de prevención de la tortura, no estábamos diciendo que queríamos IOMA, el IPS o Astilleros Río Santiago; estábamos proponiendo ejes institucionales de acción para colaborar con el gobernador (Daniel Scioli), porque el Ejecutivo tiene ciertas urgencia, producto de la vorágine de una provincia tan convulsionada que muchas veces le impide ponerse a pensar a mediano plazo. Pero eso sí lo puede hacer el Legislativo. Nosotros sacamos todas las leyes que el Ejecutivo pidió, pero a su vez le propusimos ejes de gestión”, explicó.

Mariotto también habló de la investigación que iniciará el próximo martes la Comisión Candela para tratar de esclarecer el caso del testigo protegido Roberto Aníbal, cuyos testimonios permitieron el armado de la causa por el crimen de Candela Sol Rodrígez. Aníbal murió el miércoles pasado, luego de sufrir graves quemaduras cuando explotó su vivienda de Moreno, en dudosas circunstancias.

En este marco, el vicegobernador pidió que se reglamente la creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales para poder contar con una herramienta que dé garantías a la sociedad sobre su actuación en este tipo de casos.

“Si tuviésemos reglamentada la ley de la Policía Judicial,
que se sancionó el año pasado, la investigación de esta explosión no la hubiese hecho la policía o un bombero que antes fue policía y que puede estar sospechado, sino un cuerpo especializado de investigaciones que no manipulará las pericias”, sostuvo.

Mariotto dijo, sin embargo, que “es un avance” que exista esta norma, así como también “es un avance la nueva ley en la secretaría de jury de enjuiciamiento para que el fiscal general de Morón (Federico Nieva Woodgate), el fiscal que llevó adelante los primeros pasos de la causa Candela (Marcelo Tavolaro), o el juez (Alfredo Meade), puedan tener un juicio político en tiempo y forma, y dejen de causarle tantos trastornos a la sociedad con sus impericias”.

Además, planteó la necesidad de terminar con el autogobierno de la Policía Bonaerense y la connivencia con el crimen organizado.

“La policía de la provincia de Buenos Aires no se puede autogobernar, la tiene que conducir el poder político, porque el autogobierno lleva a la corrupción, a un montón de cosas que no podemos permitir”, dijo y agregó que “la connivencia entre política y justicia es trágica, pero la connivencia entre política, justicia, policía y delito es terminal”.

“La política tiene que marcar un camino en donde la justicia independiente no tenga la posibilidad de proteger el mal accionar de la policía que se vincula al delito”, afirmó Mariotto.

En el último tramo de la charla, el vicegobernador habló del trágico temporal que azotó a la ciudad de La Plata el pasado 2 de abril y exhortó a pensar en políticas a mediano y largo plazo que ayuden a evitar nuevas inundaciones.

“Todos sabemos cómo podemos detener la vorágine de las improntas edilicias que afectan a las ciudades y que después terminan en las trágicas inundaciones como las que tuvimos lamentablemente en La Plata y Capital Federal. Se sabe que se tienen que establecer patrones claros para que no se violen los códigos de construcción. Muchas de estas cosas se discutieron en los Plenarios de Políticas Públicas. Ya no se puede gestionar en el día a día. Esto era así cuando la Argentina estaba en el infierno y Néstor (Kirchner) la sacó. En honor a Néstor y Cristina, somos nosotros quienes tenemos que aportar esas políticas a mediano y largo plazo para garantizar el desarrollo de este paradigma con inclusión”, subrayó.

El Congreso del Pensamiento Nacional, que se desarrolló desde el miércoles en el Centro de Estudios "Néstor Kirchner" de Tandil, fue coordinado por el dirigente local José Rubén Sentís y contó con la participación de destacados referentes políticos nacionales y provinciales.

Entre ellos, se destacaron el titular de la ANSES, Diego Bossio; el diputado nacional Carlos Kunkel; la senadora bonaerense Cristina Di Rado; los intendentes Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Enrique Slezack (Berisso); y el presidente de la Federación Tierra y Vivienda, Luis Delía.

Fuente: agepeba

QUE ESTABLECEN LAS INICIATIVAS APROBADAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

Del paquete de proyectos del Poder Ejecutivo para reformar y “democratizar” el sistema judicial ya son ley el que establece un nuevo régimen de medidas cautelares –que limita aquellas que tramitan contra el Estado– y el que crea tres nuevas Cámaras de Casación. La propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura sufrió retoques y vuelve al Senado para ser tratada el 8 de mayo.

Consejo de la Magistratura

El proyecto para reformar el Consejo, organismo que elige y sanciona a los jueces, quedó así:
Ampliación. El cuerpo, que ahora tiene 13 miembros, pasará a tener 19. El mayor cambio en la composición será en el estamento de los académicos y científicos, que hoy cuenta con un solo representante y pasará a tener seis. Ese único consejero hasta ahora era elegido en el ámbito del Derecho, pero en adelante podrá ser reclutado entre otras disciplinas. También se agrega un representante de los abogados a los dos actuales.
Integración. El Consejo tendrá seis legisladores como ahora (cuatro por la mayoría, dos por la minoría); un representante del Poder Ejecutivo; tres jueces (dos por la mayoría, uno por la minoría); tres abogados (dos por la mayoría, uno por la minoría) y seis académicos/científicos (cuatro por la mayoría, dos por la minoría).
Voto popular. Los consejeros jueces, abogados y científicos/académicos serán elegidos por voto popular. Primero tendrán que presentarse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y luego en las elecciones generales, presidenciales. Pero la primera votación será este año, excepcionalmente, con la elección de diputados. Se elegirán 12 consejeros. Como se respetará el mandato de los actuales, que duran hasta fin de 2014, por un tiempo habrá 25 consejeros.
Partidos. Los candidatos a consejeros van con listas de partidos, confederaciones o alianzas de orden nacional, pero hay un requisito: tienen que ser agrupaciones que tengan exactamente el mismo nombre en al menos 18 de los 24 distritos para poder sumar los votos. El objetivo es evitar una suerte de partido judicial. No podrán ser consejeros quienes tuvieron cargos o funciones jerárquicas durante la última dictadura. Se requieren iguales condiciones que para ser diputado.
Mayorías. Para designar a los jueces o suspenderlos e iniciarles juicio político se reemplaza la mayoría actual de dos tercios de los consejeros por mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros). Esto le facilitará el manejo de las decisiones a la fuerza mayoritaria. El jurado de enjuiciamiento, en cambio, necesitará dos tercios para destituir a un juez.
Concurso previo. Para evitar el problema de los juzgados acéfalos habrá una lista de postulantes disponible para cuando surjan vacantes.
Administración. Las facultades administrativas, presupuestarias y salariales seguirán en manos de la Corte Suprema, pese a que la propuesta original era que pasaran al Consejo. Esto quedó así tras un planteo del alto tribunal y de los presidentes de Cámaras de Apelaciones.

Medidas cautelares

La nueva regulación de medidas cautelares busca limitar aquellas donde el Estado es parte, especialmente cuando las motorizan grupos poderosos. A la vez, a raíz de propuestas del CELS y varias ONG, estas medidas urgentes serán más accesibles cuando las requieran grupos vulnerables o colectivos que reclamen derechos fundamentales. Para dictar una medida cautelar contra el Estado, el juez deberá antes declararse competente. Sólo puede concederla un juez incompetente ante ciertas “excepciones”: cuando la solicitan sectores vulnerables o esté comprometida la “vida digna”, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o ambiental.
El Estado o ente descentralizado demandado tendrá cinco días para elaborar un informe previo que explique el “interés público comprometido” que permita evaluar riesgos de la cautelar. El juez debe fijar un “límite razonable” de duración de la cautelar, no mayor a seis meses prorrogable por seis más. La restricción temporal no se aplica en los casos que conforman “excepciones” (personas en situación de vulnerabilidad o colectivos que reclaman derechos básicos).
No se puede dictar ninguna medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”. Sólo podrá un juez suspender los efectos de una ley, un reglamento u otro acto estatal, si se acredita que su aplicación causará perjuicios irreparables; debe haber “verosimilitud del derecho”, es decir, el que demanda tiene que mostrar que es muy probable que tenga la razón; no debe afectarse el interés público ni la cautelar generar efectos irreversibles. Ante hechos que amenacen o interrumpan los servicios públicos o actividades de interés público o la integridad de los bienes afectados, el Estado podrá pedir medidas cautelares excepto en los casos donde se trate de “conflictos laborales”.

Cámaras de Casación

Habrá Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, del Trabajo y la Seguridad Social, y Casación Civil y Comercial.
Cada una tendrá siete miembros, repartidos en dos salas de tres, más un juez que presidirá las dos. Hasta que sean nombrados sus integrantes, está prevista la posibilidad de que funcionen con jueces subrogantes o conjueces.
Se supone que descomprimirán trabajo a la Corte Suprema, al absorber, por ejemplo, los expedientes donde se discute si hubo “arbitrariedad”. Las casaciones apuntarían a unificar doctrina. Tratarán sentencias definitivas de segunda instancia o equivalentes.

martes, 23 de abril de 2013

Propuestas y cambios en la reforma judicial

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, formalizó los cambios luego de la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez, quien había adelantado su acuerdo a que la Corte Suprema continúe administrando los recursos del Poder Judicial y el personal, aunque con determinados lineamientos. De este modo, la reforma del Consejo de la Magistratura deberá ser girada en revisión al Senado cuando mañana se apruebe en Diputados, que buscará convertir en ley los proyectos de creación de Cámaras de Casación y de regulación de medidas cautelares.
"Nos parecen aceptables algunas de las propuestas, diría yo la mayoría de las propuestas que realiza la Corte Suprema. Esto es la cuestión presupuestaria, la cuestión de superintendencia, la cuestión de personal", especificó Álvarez. Detalló que "nuestra propuesta es que se incorpore la posibilidad de que se administren los presupuestos del Poder Judicial conforme la ley de autarquía de Poder Judicial, sancionada en 1990". El oficialismo también aceptó mantener la potestad de los jueces de designar a sus secretarios judiciales y funcionarios de alto rango, mientras que se aplicará el concurso para el resto de los empleados. Este último cambio provocó que se demore el dictamen en el Senado del proyecto de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial.
Más temprano, el titular de la bancada FpV en la Cámara baja, Agustín Rossi, afirmó que el oficialismo está "en condiciones de producir algunas modificaciones" al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que sugirieron los integrantes de las cámaras federales, a través de una carta, y remarcó que "esto tira por la borda el preconcepto de que el oficialismo no iba a escuchar" las propuestas de otros sectores.
"Así como en el Senado se tomó en cuenta una serie de observaciones del CELS y otras ONGs sobre el proyecto de ley de cautelares, Diputados atenderá la mirada de la Corte Suprema de Justicia, que nos parece pertinente y, en ese sentido, estamos en condiciones de producir algunas modificaciones en el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura", sostuvo Rossi.
El diputado confirmó que tras la reunión de anoche con la presidenta Cristina Kirchner "se analizó el contenido" de la nota acercada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con "consideraciones" de un grupo de camaristas del fuero federal acerca del proyecto de ley que modifica el Consejo de la Magistratura, a las que calificó de "pertinentes".
"Si usted me pregunta si puede haber modificaciones al proyecto, le respondo que sí, que puede haber y con esto se derriba otra de las mentiras construidas (por la oposición) en cuanto a que no puede haber modificaciones previo al debate parlamentario", ratificó Rossi.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, aseguró que los proyectos de ley "garantizan una mejor administración de justicia, más celeridad y mayor participación de los magistrados en los hechos procesales", y destacó que "estamos expresando lo que el conjunto de la sociedad reclama". En cuanto al debate mismo, sostuvo que "necesitamos la opinión de todos porque nos enriquece". "¿Cómo no vamos a escuchar la expresión del poder judicial?", concluyó

lunes, 22 de abril de 2013

Provincia De la Sota pidió a Massa y Scioli que “dejen atrás el kirchnerismo”


Por Redacción Noticias Urbanas / 21 de abril 2013

El gobernador cordobés hizo ese pedido al intendente de Tigre y al gobernador bonaerense y los animó a que “den un paso más”.

El gobernador cordobés José Manuel de la Sota pidió este domingo al intendente de Tigre, Sergio Massa, y al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que den “un paso más” en su construcción política con miras electorales y se “animen a dejar atrás al pasado que es el kirchnerismo”.
“Ya no alcanza con la gestualidad, con los gestos, la situación del país es demasiado grave”, sostuvo en declaraciones periodísticas.
El gobernador de Córdoba, además, advirtió que la presidenta Cristina Fernández “dejó de ser parte de la solución, ahora es parte del problema” en el país.
Asimismo señaló que hay en la población “una enorme preocupación ante los desatinos que cometen los que están gobernando el país hoy”.

Fetichismo constitucional

El jueves pasado miles de personas desfilaron por la Ciudad de Buenos Aires para demostrar su descontento y su rencor con el gobierno nacional. Entre las decenas de consignas difusas, rencorosas, contradictorias, había una que lideraba los reclamos relativamente serios y consistía en un latiguillo como mantra: "La Constitución no se toca". Se trata, claro, de una letanía, de frase arrojada desde el sentido común más engañoso de todos. Pero ¿qué significa que una Constitución no se toca? ¿Qué óleo sagrado impide a un pueblo reformar cuantas veces quiera el pacto político y social de interrelación? ¿Quién redactó el texto constitucional? ¿Jesús, Mahoma? ¿De dónde proviene esa sacralidad conservadora y reaccionaria que asegura que no se pueden reformar los pactos de convivencia? 
Lo curioso es que ese mismo día estaba dando una charla en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y para cerrar mis palabras pregunté a los presentes: ¿Quién cree que "la Constitución no se toca"? Para mi sorpresa, la mayoría del auditorio levantó la mano para sostener esa consigna. Y mi extrañeza consistió en que tanto oficialistas como opositores comparten ese sentido común de que la Constitución es un texto sagrado. Eso es, exactamente, hegemonía cultural: lograr que toda una sociedad crea que los intereses de una clase o un sector –de una facción, como les gusta llamar a algunos políticos pseudo progresistas que retoman palabras utilizadas contra Manuel Dorrego, Hipólito Yrigoyen, entre otros– son sagrados y deben ser respetados por la totalidad de la sociedad. 
Pero en qué se basa ese "sentido común", esa "verdad sagrada", esa intocabilidad de la Constitución Nacional. Sencillo: en el mayor de los engaños, en una operación política magistral por parte del Liberalismo Conservador que nos hace creer a todos los argentinos que la Carta Magna es el producto del consenso, el acuerdo, la puesta en común de la mayoría de los ciudadanos. Y es una absoluta mentira. La Constitución Nacional es el resultado de una imposición militar que un determinado sector impuso a las mayorías. Y a través de la educación –gran aparato ideológico del Estado– y de la prédica de políticos, juristas, intelectuales y publicistas del liberalismo más rancio se ha impuesto como verdad absoluta que "la Constitución es un acto de autodeterminación, un acuerdo de convivencia, un pacto entre iguales, el cúlmine de la reconciliación entre los argentinos". La historia demuestra que no hay nada más alejado de eso.
¿Es la Carta Magna argentina el resultado de un proceso de consenso entre los representantes de la Nación y las provincias o se trata en realidad de una imposición surgida de la batalla de Caseros? Los procesos históricos nunca son lineales, impolutos y perfectos; la mayoría de las veces se ven enturbiados por contradicciones, bajezas, errores y miserias. En la historia de nuestra Constitución Nacional, esos elementos no podían estar ausentes. Sin duda, la Carta Magna de 1853 está escrita con la tinta de los legisladores del Congreso, con la pasión de las ideas de Juan Bautista Alberdi y con la sangre de los rosistas derrotados en la batalla de Caseros. Pero también con el texto de la Constitución estadounidense –en la versión de Manuel García de la Sena, acusada de pésima traducción por el historiador José María Rosa– que sirvió de modelo para nuestro país. La Constitución de la Nación no fue el resultado de un consenso democrático pleno y plural. Sin embargo, fue un hito fundamental en la profundización de la calidad institucional del país. 
Es hija del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852, en esa ciudad. En esa oportunidad se reunieron Justo José de Urquiza –el vencedor de la batalla de Caseros– y los gobernadores de 13 provincias, y determinaron que: se convocaría a un Congreso General Constituyente para el mes de agosto de ese año para sancionar una Constitución, que la elección de diputados se realizaría de la misma forma en que se elegían las legislaturas provinciales, que todas las provincias acercaban el mismo número de diputados –se desechaba la forma de representación proporcional a la población–, que el Congreso se realizaría en la ciudad de Santa Fe, y por último que Urquiza sería el Director Provisorio de la Confederación Argentina. Es decir, los constituyentes no fueron elegidos por el sufragio libre de los ciudadanos, cosa que no ocurría muy a menudo para ser justos.
Posteriormente, la provincia de Buenos rechazó el Acuerdo y protagonizó la revolución del 11 de septiembre de 1852 por la cual se separó de la Confederación Argentina. Las principales críticas al Tratado fueron la elección de Urquiza como virtual presidente, la elección de Santa Fe como sede y no Buenos Aires y la cuestión de la representatividad, ya que con el sistema proporcional, la ciudad puerto habría tenido casi el mismo número de diputados que la totalidad de las provincias.
Parte del acuerdo comenzó a cumplirse en agosto de ese año, cuando los legisladores iniciaron los arreglos en la ciudad de Santa Fe. Presididas por Domingo Crespo, gobernador de la provincia anfitriona, en ausencia de Urquiza, inauguró las sesiones oficiales el 20 de noviembre con estas palabras: "Augustos diputados de la Nación. Saludo en vosotros a la Nación Argentina con toda la emoción con que es capaz mi alma. El deseo de muchos años se cumple en este día: los gobiernos del litoral descansan hoy del peso de sus compromisos contraídos desde 1831." Lo escuchaban atentamente todos los representantes, excepto los dos de Buenos Aires, que se habían retirado por el conflicto de secesión. Había entre ellos, federales doctrinarios, liberales y unitarios. Pero no había federales rosistas. Es más, habían sido claramente marginados de la convención constituyente.
El libro Las Bases, como se lo conoce, está formado por 36 capítulos y un proyecto de Constitución al final de la obra. Como explica el propio Alberdi, lo escribió en abril de 1852 para que sea tomado como ejemplo por los constituyentes: "Es una obra de acción que, aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera... Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso; es la obra de las cosas. Pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley."
En su texto, Alberdi compara el derecho constitucional sudamericano con las constituciones de la época, como la californiana, a la que pone como ejemplo de su punto de vista constitucional. Plantea, además, una solución para la cultura política del continente. Ni monarquía ni parlamentarismo con líderes débiles: las naciones latinoamericanas necesitan un presidente fuerte. 
La idea de Alberdi consistía en construir una nación de 50 millones de personas, producto de la inmigración europea atraída por las garantías que ofrecía la nueva Constitución a la propiedad privada, la libertad de movimiento, la tolerancia religiosa y cultural, y un reparto generoso de tierras. 
Y también zanja la cuestión federal: "Una provincia en sí es la impotencia misma, y nada hará jamás que no sea provincial, es decir, pequeño, obscuro, miserable, provincial, en fin, aunque la provincia se apellide Estado. Sólo es grande lo que es nacional o federal." Por esa razón, propone lo que él llama un "federalismo atenuado”.
La Convención encargó a una comisión integrada por Leiva, Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré la redacción del proyecto de la Constitución Nacional. El debate fue arduo y áspero y los puntos más difíciles: la relación entre Buenos Aires y las provincias, y la separación de la Iglesia del Estado. Finalmente, el 20 de abril de 1853 el Proyecto fue girado al Congreso Constituyente para que, en lo que se conoce como las Diez Noches Históricas, se debatiera, se aprobara y se sancionara la Constitución de la República Argentina. Como usted podrá darse cuenta, estimado lector, en los próximos días, usted podrá ir viviendo día a día de qué manera se gestó hace exactamente 160 años nuestra Carta Magna.
¿Fue un proceso perfecto y luminoso? ¿Sin "vencedores ni vencidos"? Evidentemente no. La exclusión de los viejos federales rosistas y el enfrentamiento armado que se desencadenó con Buenos Aires demuestran que las constituciones son más el resultado de procesos políticos y militares que de Grandes Acuerdos Nacionales. Así lo demuestran, también, las reformas de 1860, 1866 y 1880, que son hijas de las victorias militares de Cepeda, Pavón –obtenida por el mitrismo porteño contra las provincias– y del aplastamiento de la sublevación de Carlos Tejedor que concluyó con la federalización por la fuerza de la ciudad de Buenos Aires.
La historia constitucional del siglo XX fue más triste aun, ya que estuvo plagada de autoritarismos, de imposiciones militares, de desmanejos de la Carta Magna por parte de las dictaduras de turno. El inicio de la desventura fue la sanción de la Constitución Nacional del 1949, cuando en pleno proceso del primer gobierno peronista una mayoría abrumadora del pueblo votó a una asamblea constituyente para que incluyera los derechos sociales de la niñez, la ancianidad y los trabajadores entre otros tópicos que incluían, claro, la reelección presidencial. 
Desde los aspectos formales e incluso estructurales, esa Constitución, creada por Arturo Sampay, fue un hito democrático aun cuando el radicalismo intentó quitarle legitimidad no participando de las sesiones de la Constituyente. Como se sabe, la Carta Magna sancionada en 1949 fue abolida con decreto facto por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y, en 1957, una Constituyente que excluyó al peronismo, y que fue deslegitimada por la ausencia de la UCR Intransigente repuso con las reformas del artículo 14 bis, la Constitución de 1853. Una vergüenza desde todo punto de vista jurídico y político. Para que quede claro: la del '49, votada democráticamente por las mayorías, fue suprimida por un golpe de Estado criminal como el de la autodenominada "Revolución Libertadora".
Con las dictaduras de 1966 y de 1976 no le fue demasiado bien a la Constitución Nacional. Juan Carlos Onganía sancionó por decreto un Estatuto de la Revolución Argentina, y Alejandro Lanusse en 1972 reformó a su antojo el sistema electoral previsto por la Constitución Nacional para impedir que el peronismo regresara al poder por la vía democrática. La dictadura de Jorge Rafael Videla y los suyos dejó sin efecto, incluso, la constitución sancionada por la dictadura aramburista. 
En los albores de la democracia, el presidente democrático Raúl Alfonsín decidió, finalmente, poner en funcionamiento la Constitución Nacional reformada por la dictadura de Aramburu y Rojas e intentó reformarla en 1987 –también quiso buscar su reelección– pero no se lo permitió el apoyo popular que comenzó a serle esquivo desde la crisis del Plan Primavera. Finalmente, en 1994, se produjo –después de las de 1949– la única reforma democrática de la CN de 1853. Se la realizó tras un contubernio radical-peronista en el que los referentes fueron el propio Alfonsín y el por entonces presidente Carlos Menem.
La historia de nuestra Constitución demuestra que una Carta Magna es más producto de una imposición de una facción por otra que del consenso. Esto seguramente lo saben Jorge Yoma, Elisa Carrió, Mauricio Macri, y se hacen los distraídos. Porque es preferible que sean hipócritas antes que ignorantes. Es el resultado de la voluntad de un sector de la sociedad argentina –el Liberalismo Conservador– de someter a los vencidos a las propias reglas de juego del vencedor. Uno puede celebrar muchas virtudes que tiene nuestra Carta Magna –que de hecho tiene muchas–, pero no puede desconocer que es el resultado de la violencia y la sangre de millones de argentinos que fueron sometidos en los golpes de Estado de 1852-1955, las batallas de 1860-80 y las dictaduras militares de 1966 y 1976. 
Seguramente, el kirchnerismo no reformará la CN en los próximos dos años. Pero a pesar de ello hay que ser conscientes de dos cosas: 1) que quienes agitan la infalibilidad sacra y la perennidad de la Carta Magna están defendiendo –por complicidad o ignorancia– los pilares del Liberalismo Conservador en la Argentina; 2) Que las mayorías nos merecemos alguna vez en la historia de nuestro país una Constitución verdaderamente democrática por su contenido y por su forma. No comprender el contenido histórico e ideológico de nuestra Carta Magna es puro fetichismo constitucional. O mala intención, claro.
Hernán Brienza

viernes, 19 de abril de 2013

Conducción y organización

Por Sandra Russo
Hubo mucho énfasis ayer, desde los canales de noticias, en subrayar que este tercer cacelorazo se diferenció de los dos anteriores por la nutrida presencia de los políticos opositores, que no fueron en representación de sus partidos sino a título personal. Dieron a los dos anteriores por “espontáneos” y concedieron en caracterizar a éste como “organizado” desde las redes sociales, pero “convocado” por la oposición, aunque otra de las consignas era “sin banderías políticas”. Mientras los intríngulis de cómo y por qué fue que salió tanta gente a la calle eran desgranados por los conductores de los noticieros, de fondo de veían carteles que básicamente decían “Basta de corrupción K”, “Basta de diktadura”, o “Juicio político ya”. El más visto fue “Justicia independiente”, y uno desde su casa asiente. Justo el miércoles la Cámara Civil y Comercial dio una perfecta muestra de un Poder Judicial impudorosamente dependiente de un grupo económico.
A esta altura todos somos conscientes de que hay sectores medios y altos, básicamente –estaba Raúl Castells, bueno, y algunos grupos de izquierda, que en el 2008 empatizaron con la Sociedad Rural– que están hartos de los K, de los kakas, de las kukas, del estilo, de las formas, del ritmo, de la obstinación de la identidad K. No les gusta por diferentes motivos, aunque uno diría que muchos de ellos encuadran su rechazo en las miles de mentiras que desde hace años y en sus cientos de medios, difunde el Grupo Clarín, más sus afines. Ahí hay un nervio sensible: para dar un ejemplo concreto, debe haber miles de personas que creen que realmente CFK le negó catorce audiencias al ex cardenal Bergoglio. Es mentira, pero no creen la desmentida. O porque no la leen en ninguno de las medios del grupo –la disfrazaron de “presión del Gobierno sobre el Episcopado”–, o porque necesitan no creerla.
Esa gente está sedienta de representación. Son opositores, que quizá elegirían otro modelo, pero por el arco de dirigentes que fue ayer –desde el rabino Bergman hasta Victoria Donda, o Hermes Binner y el Momo Venegas, para no abundar–, uno no se imagina un modelo alternativo al kirchnerista, sino varios. Y desapasionándose, uno también diría que ahí empieza el problema.
Los únicos sectores que desde el 2001 encontraron un lugar de pertenencia política con organización creciente fueron los que confluyen hoy en el kirchnerismo. La falta de chances electorales opositoras es en parte producto de que en la oposición todavía nadie dio el paso de volver a poner en valor la política, desde una acepción reivindicativa de valores o concepción ideológica. Es el precio que siguen pagando por haberse cobijado en el guión de las corporaciones. Las corporaciones no se ocupan de reivindicar la política, es tarea de militantes y dirigentes que la oposición no tiene, ni tendrá hasta que alguno de ellos no logre sintetizar el espíritu de todos.
No hay otro camino si la protesta es democrática. Y si lo fuera, los opositores deberían desandar, como lo han hecho ya otros amplios sectores, el relato de la antipolítica que quedó como resabio de 2001 y hoy vuelven a levantar muchos comunicadores de derecha y algunos dirigentes políticos como Mauricio Macri. Que haya jugado al fútbol con el barrio de Saavedra y el barrio Mitre bajo el agua fue una balada a la antipolítica.
Si ese fuera el camino que le abriera a la oposición alguna perspectiva con chances para disputar la alternancia, también debería arribar, después, a la instancia de la organización, a los consensos internos y a muchas resignaciones personales en función de un proyecto político. Ahí lo escucho decir a Pino Solanas que hizo “una transversal” con Carrió, “por la ética y la república”. Bueno, habrá que ver cómo se siguen entendiendo. Hablan de “construcción”, por fin.
Son los sectores opositores los que no han podido salir de la ilusión del asambleísmo de 2001, los que no han vuelto a enamorarse de una idea política, los que no pueden traspasar, para unirse, la barrera del rechazo a lo K. Y es responsabilidad de esa dirigencia, compuesta por gran parte de los que no se fueron cuando se gritaba “que se vayan todos”, articularse para exponer ante la sociedad las propuestas para un modelo de país alternativo. Les será más difícil si siguen embarcados en reforzar la idea de que la política sólo sirve para robar.
Eso, si hablamos de la oposición en democracia. Si esa dirigencia capitula también ahí –hay muchos de los que estuvieron ayer que ya capitularon hace rato–, entonces estamos hablando de otra cosa.

Fallo a medida del Grupo Clarín

El tribunal dijo que la ley genera “inseguridad económica” y que “restringe la libertad de expresión”. Confirma la constitucionalidad del plazo de desinversión, que la misma Cámara había cuestionado.

Por Irina Hauser


En un fallo a medida del Grupo Clarín, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad de los puntos de la ley de medios que ponen límites a la concentración de licencias de televisión por cable, que restringen el número de abonados a los que se les puede prestar el servicio, que impiden tener un servicio de cable y un canal de aire en la misma zona, que acotan los registros de señales y que consideran que la propiedad de licencias no es un derecho adquirido. El tribunal objetó aspectos de dos artículos de la norma sancionada en 2009 (el 45 y el 48), con el argumento de que generan “inseguridad económica” para el multimedios, además de amenazar su rentabilidad y su “capacidad competitiva”, lo que –según su razonamiento– afecta el “derecho de propiedad”, pero además “restringe la libertad de expresión”. El fallo, en esencia, cuestiona el carácter antimonopólico de la ley. A su vez, confirma la constitucionalidad de los artículos 161, que fija el plazo de desinversión de un año, y del 41, que impide la transferencia de licencias. El Estado ya se prepara para apelar ante la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.

De acuerdo con esta sentencia, el Grupo Clarín seguirá reteniendo lo que más le importa: 237 licencias de servicios de cable (aunque están activas 158), también conserva Canal 13 simultáneamente con Cablevisión, más cuatro canales de aire que tiene en el interior del país y puede tener una clientela ilimitada de usuarios de cable. Esto es así porque el fallo declara la inconstitucionalidad del límite de 24 licencias de cable, del impedimento de superponer un canal de aire y servicio de cable, del máximo de titularidad de señales y del tope que restringe la cantidad posible de abonados al 35 por ciento del mercado. Son tres puntos fundamentales del artículo 45 que se caracterizan por afectar específicamente a este multimedios.

El fallo, a la vez, acepta como constitucional que se limite el uso del espectro radioeléctrico, que considera “un recurso escaso” que se debe administrar con “racionalidad”. En este caso, Clarín –que tiene 25 licencias de radio y televisión por aire, entre radios de amplitud modulada, frecuencia modulada canales y televisión de alta frecuencia (UHF)– tendría que adecuarse al máximo de diez que estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) según los términos de este fallo.

El titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la ley (Afsca) Martín Sabbatella, dijo que el fallo es “tramposo” y que busca “confundir”, “no es un fallo salomónico ni equilibrado” (ver aparte).

El fallo, que firmaron en forma unánime los camaristas María Susana Najurieta, Ricardo Guarinoni y Francisco de las Carreras –una sala que con anterioridad dictó una medida cautelar a favor de Clarín, que renovó dos veces más– revierte los pilares de la sentencia de primera instancia del juez Horacio Alfonso, que decía que las restricciones a la concentración de licencias que impone la LSCA, no implican una “afectación a la libertad de expresión”. Esa sentencia seguía la línea que había trazado la Corte en mayo del año pasado en una de sus intervenciones en este caso, en las que afirmó que Clarín no había logrado demostrar una violación de ese derecho, sino que lo que estaba en juego era una pretensión exclusivamente patrimonial. Pero los camaristas de la Sala I desafían aquel argumento de la Corte, dicen que fue vertido en el trámite de una medida cautelar y afirman que al hacer una evaluación más amplia, incluso teniendo en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos, que citan así: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedirla comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Así, del voto “madre” del fallo, que redactó la jueza Najurieta y al que adhirieron sus dos colegas en lo sustancial, surgen conceptos centrales a contramano de lo que falló Alfonso y lo que dictaminaron los fiscales de primera y segunda instancia:

- Dice que la ley de medios, al poner coto a la concentración y disponer que el régimen de multiplicidad de licencias no es un derecho adquirido, afecta “el derecho de propiedad, pero también la libertad de expresión e información”. Una de las definiciones de la resolución es que una “licencia de radiodifusión no es una prerrogativa temporal y provisoria”, sino que “constituye una situación jurídicamente protegida, que genera derechos que gozan de protección constitucional”. La explicación va acompañada, casi como provocación o advertencia, por citas de la Corte, y en especial de votos de su titular, Ricardo Lorenzetti.

- El espíritu antimonopólico y antioligopólico de la ley implica una “restricción innecesaria e irrazonable”, según el fallo. El control de la concentración de medios, dice, se debe compatibilizar con la libertad de expresión.

- ¿En qué ve el tribunal afectada esa libertad? Por empezar, asocia el ejercicio de ese derecho con el rendimiento económico de las empresas de medios. Usa como base estudios periciales que hablan de que el multimedios Clarín, al que define como “independiente”, quedaría en situación desventajosa en el mercado, “disminuyendo su capacidad competitiva” al tener que adecuarse a la ley y se “destruiría” su “sustentabilidad financiera”. “Es una forma de restringir por vía indirecta la libertad de expresión y de información”, dice Najurieta.

- Según este razonamiento, la ley tiene un “desequilibrio” y “el vicio es el exceso en la regulación restrictiva que cambia las reglas de juego retroactivamente provocando un perjuicio que no puede compensarse con resarcimiento porque daña la libertad de expresión”.

El voto de Guarinoni, que cita fallos de la Corte estadounidense, añade que las “restricciones a los cableoperadores” establecidas por la LSCA son “arbitrarias”, ya que no tienen sustento “empírico, económico ni técnico”. En el medio de su texto dice que falló “conforme a derecho” a “pesar de los intentos de presión y amedrentamiento”, en alusión a las denuncias y recusaciones que tuvieron él y De las Carreras, el otro camarista que firmó, quienes viajaron a una conferencia en Miami de Certal, entidad ligada a Clarín.

Aunque parece paradójico (y hasta irónico), los mismos camaristas que en 2010 cuestionaron el plazo de desinversión de un año previsto en el artículo 161, esta vez lo respaldaron como constitucional. Hoy, “por las circunstancias actuales y el tiempo transcurrido”, no les resulta irrazonable ni arbitrario, dicen. Según su criterio, para el caso de Clarín se aplicaría para unas pocas licencias, en especial de radio. En el fallo también consideran válido el artículo 41, que dice que las licencias son intransferibles sin previa autorización.

Según los camaristas, los legisladores “se excedieron en su poder” y “un objetivo de gobierno por más loable que sea no justifica la violación de garantías y derechos”. Así parecen buscar justificar que la ley de medios lleve tres años sin poder ser aplicada, y contrarrestar uno de los argumentos que ha usado el Poder Ejecutivo para impulsar el proyecto de limitación de medidas cautelares: que se abusa de ellas para obstruir leyes o políticas de Gobierno que estorban a los grupos poderosos.

18/04/13 Página|12

miércoles, 17 de abril de 2013

17 de abril de 1951: Se crea el Instituto Antártico Argentino

Por decreto de poder ejecutivo y a instancias del coronel Hernán Pujato, quien sería su primer director, se crea el Instituto Antártico Argentino, cuya finalidad es orientar, controlar y ejecutar las investigaciones y estudios de carácter técnico-científicos vinculados a la región antártica

Emilio Persico en La Plata – Jornadas “La patria es el otro”


martes, 16 de abril de 2013

Además de Scioli, la “disidencia peronista”: otra apuesta mediática

La prensa corporativa refleja diferentes movimientos con la intención de crear alternativas políticas que unan a “oficialistas” y opositores contra el gobierno nacional. Scioli sigue siendo la mayor esperanza, pero hay otras apuestas a mediano plazo. Si no fuese porque realmente sucede podría creerse que es el mal guión de una mala película.
Por Germán Celesia
La posibilidad de contar con un “Capriles” argentino es una apuesta lejana para la prensa opositora al gobierno nacional. Más cerca en el tiempo, y con las elecciones legislativas como objetivo de mediano plazo, los diarios y agencias comienzan a dar espacio a diferentes tentativas de armados opositores cuyo punto en común es su vinculación con la cultura política peronista.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, es por su parte la mayor apuesta a largo plazo. Los medios del grupo Clarín, de manera rotativa, son escenario de entrevistas en las cuales el mandatario provincial da pocas precisiones sobre su futuro político pero ratifica su filiación “peronista”, evitando hablar de sí mismo como “kirchnerista”. Además, con su sola presencia en esos ámbitos de confrontación con el gobierno nacional, da una pista sobre su opinión sobre la relación con los medios hegemónicos.
El otro escenario es el de las reuniones con figuras de la oposición,  aunque en este caso el único mensaje en limpio es generalmente la legitimización y revalorización de actividades de grupos económicos – como su participación Expoagro – o de entidades influidas de alguna manera por la ideología dominante en el poder establecido; por ejemplo, su participación en un una actividad del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) junto con Mauricio Macri y Antonio Bonfatti, reflejada hoy en fotografías aparecidas hoy en Clarín, La Nación, El Día, Infobae y otros medios.
El otro punto de contacto con la oposición es su relación con Francisco de Narváez, que cuenta en sus filas con José Scioli, hermano del gobernador, y que algunos medios, como La Política on line, señalan como una suerte de testaferro político del mandatario provincial. “Scioli ya rompió y su candidato es De Narváez”, dice Ignacio Fidanza. “Entre Daniel Scioli y Cristina Kirchner (…) la ruptura ya se produjo, sólo que la utilización prudente de silenciadores, provoca la ilusión de una ausencia de disparos. Pero las bajas se producen y la guerra existe”. Para Fidanza, “el elegido es Francisco de Narváez, un hombre que ya tiene experiencia en ganarle al kirchnerismo”.
Según el columnista, “De Narvaez aún en su peor elección, que fue la del 2011 cuando tuvo que competir con el lastre de la desastrosa alianza que hizo con los radicales, sacó 16 puntos (…) De ese piso parte el empresario, a quien distintos sondeos hoy ubican rondando los 20 puntos, pero con gran chance de polarizar la elección si Massa no juega. Scioli se garantiza así un piso alto para meter los diputados y senadores provinciales que necesita para evitar que el kirchnerismo le inicie un juicio político el año que viene y lo destituya”.
“Cierto es que esta lectura – repetida por columnista de La Nación y Clarín - suena por el momento extrema, pero coincide en algunos aspectos con la realizada hoy por el diario de las familias Mitre-Saguier.  “El PJ disidente busca una lista bonaerense unificada”, titula. “De la Sota visitó a De Narváez y luego se reunió con Lavagna y Moyano para definir la estrategia electoral opositora”, dice Jaime Rosemberg. Para el periodista, “sin esperar a que decante la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, el trío político que ya componen el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota; el ex ministro Roberto Lavagna, y el sindicalista Hugo Moyano continuó ayer en la búsqueda de afianzar un ambicioso armado peronista opositor como alternativa al kirchnerismo”.
Según el periodista de La Nación, el objetivo es “lograr que las distintas corrientes del peronismo anti-K confluyan en una sola lista opositora en octubre”, y “nadie descarta un acuerdo a mediano plazo con el macrismo, con el que varios dirigentes del peronismo disidente tienen conversaciones permanentes”. Para el periodista, “en el PJ disidente coinciden: De Narváez es, hoy por hoy, el candidato más ‛jugado′ para enfrentar al Gobierno”. Para Rosemberg, “el encuentro entre ambos dirigentes sirvió, además, para limar algunas asperezas. Es que algunos peronistas disidentes aún sueñan con que el intendente de Tigre, Sergio Massa, encabece la lista del PJ opositor en octubre”.
Clarín habla por su parte de “nueva cumbre del peronismo anti K” a partir de la reunión de De la Sota, Moyano y Lavagna. Pero además, afirma: “En la reunión de anoche con dirigentes bonaerenses se conversó la posibilidad de sumar al armado a Francisco de Narváez, quien apunta a amargar otra vez al kirchnerismo en la batalla electoral clave de la Provincia, como ocurrió en 2009”.
Las “peleas” del oficialismo
Paralelamente a este clima de aparente concordia, la prensa hegemónica se refiere al encuentro oficialista que iba a realizarse en La Matanza, suspendido por el temporal de principios de mes. “Por la pelea interna, suspenden los K un encuentro de intendentes”, dice Clarín, aunque la “pelea interna” no es mostrada con claridad. “Toda la expectativa que había puesto el kirchnerismo bonaerense en el encuentro de La Matanza se terminó diluyendo. La primera suspensión fue por la muerte de Hugo Chávez. La segunda, por la inundación en La Plata. En el medio, dos hechos agitaron los resquemores entre los intendentes y los funcionarios de la Casa Rosada: la solicitada de apoyo a Daniel Scioli en medio del conflicto docente y un reclamo desde la Jefatura de Gabinete y La Cámpora a los jefes comunales para que colaboren a su cargo con el envío de camiones de basura para ayudar en La Plata. Finalmente, el encuentro en La Matanza de intendentes, legisladores e integrantes del gabinete nacional, en el que también estaba prevista la participación de más de dos mil militantes, fue cancelado”, afirma.
Luego señala que “la Casa Rosada no consensuará con intendentes el armado de listas y la jefa de Estado dará prioridad a los jóvenes de la agrupación Unidos y Organizados”, con lo cual “cada uno (de los intendentes) dará la pelea en su propio territorio”. No obstante,  “intendentes aliados a la agrupación sciolista La Juan Domingo por un lado, y al intendente de Tigre, Sergio Massa, por otro, evaluaron presentar listas propias en las primarias del FPV del 11 de agosto, para defender su estructura frente al avance de La Cámpora en sus propios distritos”.
Según Clarín. “cierto resquemor habría generado entre varios intendentes los trascendidos que mencionan a los jefes comunales de La Matanza, Fernando Espinoza; Jorge Ferraresi de Avellaneda y Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, como los preferidos de la Casa Rosada para integrar la lista de diputados nacionales. Y en los municipios cuyos intendentes no sean considerados ‛leales′, la Presidenta avalaría listas con dirigentes camporistas o cristinistas para enfrentar a los caciques locales”.
El Día interpreta por su parte que “suspenden la cumbre K de La Matanza para no agitar internas (…) en una fecha tan cercana a la definición de listas”. No obstante, mucho mayor despliegue da al desarrollo del artículo titulado: “El kirchnerismo impulsa intendentes para integrar listas de candidatos”, donde menciona también a Insaurralde, Espinoza y Ferraresi y coincide con Clarín en que “Las tensiones están instaladas básicamente en los distritos, la única instancia en la que el kirchnerismo prevé habilitar diferentes listas para que se enfrenten en las primarias”. A su vez, “mientras Massa reabrió este fin de semana la posibilidad de una candidatura a diputado nacional distanciado de la Casa Rosada y anticipó que se definirá el mismo 13 de abril (…) desde el kirchnerismo apostaron a que el intendente Tigre no se presentará en las próximas elecciones”. No obstante,  tanto desde el massismo como del kirchnerismo coincidieron en que los 11 jefes comunales alineados al intendente de Tigre más allá de que se presente o no, darían pelea interna por los concejales cada uno en su territorio”.

lunes, 15 de abril de 2013

Hipocresías golpistas


Por Hernán Brienza

Las falsas acusaciones y maniobras destituyentes de la oposición, los ruralistas y los medios hegemónicos.

Siempre me fascinó desentramar la "hipocresía", ya que siempre me parece uno de los eslabones más altos de la falta de honestidad en una persona o en un sector político o social. Mientras la mayoría de los "bien pensantes", los políticamente correctos, "civilizados", por decirlo de una manera que tiene una larga tradición en la historia argentina, embisten contra el "cinismo", yo creo en cambio que es la "hipocresía" y no el "cinismo" uno de los peores males de la acción política.

Generalmente, los "civilizados" acusan a los peronistas de ser "cínicos y desvergonzados", "obscenos y groseros" –en una mala utilización del concepto "cínico", el cual me merece el mayor de los respetos–. Sin embargo, los "bien pensantes", los "humanitarios", los "demócratas de siempre" nunca reflexionan sobre sus propias miserias, es decir sobre sus hipocresías. Hipócrita es aquel que finge creencias, cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente experimenta o siente. Es una pantalla, una máscara, un disfraz. No se trata simplemente de una persona inconsistente o incoherente entre sus dichos y sus actos –al fin y al cabo un pecado de debilidad–, se trata del deseo de esconder los motivos reales. Hipócrita es aquella persona que pretende mostrar grandeza y bondad, mostrándose como ejemplo para la gloria cuando en realidad está haciendo justamente lo contrario.

Los cínicos, aun en sus maneras deformadas, remiten, en cambio, a la noble escuela filosófica griega. Mostrar con naturaleza las miserias propias como forma de denunciar las miserias ajenas siempre me resultó más noble que la hipocresía. El cinismo no cree en las buenas intenciones de los hombres ni de las mujeres. No cree en quienes hacen demasiada alharaca con palabras altisonantes como "democracia", "libertad de expresión", "sagrados intereses de la patria". Sospecha que detrás de todas ellas se esconden intereses particulares o de clase. Algo así como entender que el periodismo no es un noble oficio libertario sino que en su mayor parte es la defensa de los intereses de grupos económicos elaborada por mercenarios de turno. O que la justicia no es otra cosa que un aparato administrativo entrelazado con los poderes reales –grupos económicos, bufetes de abogados costosos y jueces de doble y triple apellido–. O que el dios Mercado no es otra cosa que un coto de caza para lobos hambrientos.

El gobierno nacional no practica el "cinismo". Aun cuando muchos de sus diagnósticos sobre la realidad política tengan un matiz, una mirada, una sospecha cínica –en el sentido griego del término–, apela constantemente a ciertos ideales que no pueden entenderse como "cínicos": la nacionalidad, lo popular, lo colectivo, el Estado como virtud, son principios que ningún cínico de buena ley podría sostener. Incluso, la mayoría de las veces es transparente en sus iniciativas políticas –demasiado transparente, diría–. El gobierno no esconde nunca sus pretensiones hegemónicas, porque no considera que la hegemonía sea en sí misma negativa, ya que parte de su "diagnóstico cínico" es comprender y desnudar la hegemonía del liberalismo conservador, representantes de los grupos económicos poderosos de la Argentina, entre ellos, los medios de comunicación y sus intelectuales orgánicos que se disfrazan de progresistas vendiendo sus "pasados revolucionarios".

Sectores de la oposición, en cambio, abrazan sin el más mínimo pudor las prácticas más aberrantes de la hipocresía, es decir, esconden sus verdaderas pretensiones, sus cualidades más funestas bajo los oropeles de las grandes intenciones, como fariseos se rasgan las vestiduras por las supuestas violaciones de la ley mientras mandan a crucificar a "pobres cristos". Acusan a los demás de "golpistas" cuando son ellos los que preparan en la sombras el golpe de Estado, viven hablando de los "sagrados intereses de la República", cuando ellos desde las páginas de sus matutinos han apoyado todas las dictaduras militares desde 1955 a la fecha, hablan de "independencia del Poder Judicial", cuando ellos formaron parte del sistema judicial de la dictadura militar y no movieron un solo dedo para imponer, se disfrazan de progresistas y hacen elaboradas columnas con frases elegantes, cuando en realidad forman parte del estatus quo académico y se benefician haciendo negocios en nombre de la educación y el pensamiento.

Son hipócritas cuando, por ejemplo, el titular de la Mesa de Enlace, Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, supuesto defensor de los chacareros progresistas, se hace el democrático cuando apoyó con su silencio, en el marco de una asamblea de la SRA santafesina, las macabras frases de un productor que "acusó" al gobierno nacional de "chavista, marxista y progresista" y llamó a "destituir y hacer desaparecer" a los integrantes del gobierno nacional.Y fueron precisos a la hora de dar instrucciones: "Los productores están dispuestos a que este gobierno, o esta porquería que está gobernando, se vaya a patadas. ¿Nos vamos a ir nosotros del país? No, se van a tener que ir ellos. Si es por las buenas o por las malas no sé, eso van tener que programarlo las entidades, pero esto se tiene que terminar."

Son hipócritas cuando, como Elisa Carrió, denuncian la democratización del Poder Judicial como "un golpe de Estado" a conciencia de que está convocando públicamente al derrocamiento de un gobierno legal y legítimamente constituido. "Técnicamente, estamos en presencia de un golpe de Estado", mintió la desorbitada legisladora quien, además, alcanzando el delirium tremens acusó a la presidenta de "corrupción de menores" –injuria y calumnia– por convocar a la juventud a militar en política. (Interesante concepción de la política tiene la ex colaboradora de la dictadura militar quien sostiene que la participación popular es corrupción y que la única militancia válida es la de la dirigencia que apenas llega al dos por ciento del padrón electoral, ¿no?)

Carrió es consciente de que dio piedra libre al golpe de Estado porque expresó: "Esto (por la democratización de la justicia) es un golpe de Estado, llamo a los ciudadanos a defenderse." Y apeló, obviamente, al artículo 21 de la Constitución Nacional, que dice: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional." El texto hace una salvedad con respecto a quién puede convocar a la resistencia armada, pero todavía sobrevuela el viejo espíritu de la norma que era un llamamiento a la resistencia cívica frente a atropellos dictatoriales. Carrió la tiene clara, por eso acusa al gobierno de supuesto "autogolpe de Estado" para poder convocar a un "golpe de Estado verdadero". Y no lo dice una persona que sólo sacó el dos por ciento de los votos, lo dice alguien en el canal de noticias oficial del Grupo Clarín, es decir, la maniobra golpista cuenta con el apoyo absoluto de Héctor Magnetto y compañía.

El diccionario de la Real Academia Española define como "golpe de Estado" una "actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes." Técnicamente, Carrió desvaría.

Pero no por eso hay que dejar de tener cuidado con sus palabras. Si sumamos a los dirigentes de las entidades agropecuarias, más los principales columnistas de los diarios Clarín y La Nación que agitan el fantasma de la "dictadura" para crear un clima destituyente y justificar una ruptura institucional, si analizamos el comportamiento especulador de los exportadores –incluso los industriales–, si se escucha a empresarios y vaqueros mostrar en privado sus deseos de no invertir, a riesgo de perder dinero, con tal de socavar al gobierno nacional, uno no puede más que sospechar que más temprano que tarde el liberalismo conservador intentará dar un golpe de mercado similar al que dio contra Raúl Alfonsín o una asonada pseudo institucional como la que dieron contra Fernando Lugo en Paraguay.

Hipócritas son los que acusan a las juventudes políticas del kirchnerismo de violentas cuando hasta ahora los únicos violentados fueron esas mismas juventudes, ya sea a través de las calumnias o de las patoteadas de grupos de choque de la derecha sindical. Y deben ser conscientes, también, de que detrás de cada golpe que dieron los agresores el domingo pasado en La Plata están aquellos que los alentaron. Porque cuando uno dice "te vamos a matar" hay alguien que "va y mata", decía la publicidad contra la violencia deportiva de los barrabravas, ¿se acuerdan?

El liberalismo conservador aliado a la progresía de clase media siempre ha elegido la hipocresía antes que el cinismo. Y siempre ha invertido la carga de la prueba: como el peronismo era "una dictadura", realizaron un golpe de Estado y masacraron a miles de personas y cancelaron la democracia durante 18 años; como la izquierda peronista era "violenta", la sometieron a campos de concentración, a torturas, violaciones y fusilamientos; como el kirchnerismo es "populista", prontamente le van a hacer aprender el republicanismo a palos. Siempre mintieron y lo seguirán haciendo. Como aquel represor que alguna vez le dijo a mi viejo en la casaquinta que teníamos en Tortuguitas y que ya relaté en el final de mi libro Maldito tú eres. El caso von Wernich. Una tarde de verano, hacia finales de los años setenta, ese hombre le dijo a mi padre: "Si usted supiera lo hijos de puta que eran los Montoneros, uno les daba y les daba picana y no eran capaces de traicionar a sus compañeros."

Como ese torturador son muchos de los que hoy atacan al gobierno: acusan a la víctima en la camilla para preparar el camino de la tortura. Y por supuesto que jamás se van a hacer cargo de las brutalidades que están engendrando.


14/04/13 Tiempo Argentino